¿CUATRO AÑOS O REELECCIÓN?
Por Alfredo Bielma Villanueva
Por Alfredo Bielma Villanueva
No debiera extrañar la propuesta que hace el gobernador Herrera Beltrán al Congreso estatal para que los ayuntamientos veracruzanos permanezcan cuatro y no tres años en su responsabilidad. No sorprende no necesariamente porque sea una buena idea, sino porque la constitución lo faculta para iniciar leyes, y adicionalmente porque esa es una característica de su estilo personal de gobernar. No porque sea un buen estilo, sino porque simplemente esa ha sido su manera de conducirse al frente del gobierno estatal, respecto de esta actitud habrá muchos que la aprobarán, mientras otro tanto no estaremos de acuerdo, cosas de la democracia.Precisamente, a estas alturas de su mandato, cuando solo faltan tres meses para concluirlo en medio de una auténtica crisis financiera; cuando ya se debiera estar en los pormenores de la entrega - recepción (que ojala incluya la lista de pendientes financieros y sociales que hereda), al gobernador se le ocurre anunciar una iniciativa que agrega un año más al término constitucional de la gestión municipalista. Si son mejores cuatro años a los tres establecidos para el mandato municipal es un asunto de elevada trascendencia que necesariamente habría que ponerlo en el tapete de la discusión ciudadana, antes de convertirlo en iniciativa de ley, porque es inminente el riesgo de que se apruebe debido a la tradicional obsecuencia del Congreso local, sin importar los alcances de su implementación.
Aprovechando la nota, es propicia la oportunidad para otear la seria problemática en la que se debate la gestión municipal veracruzana, inmersa en una elevada deuda pública, fuertemente condimentada con ribetes multicolores de corrupción. Al margen de las suposiciones acerca de si la iniciativa es producto de un maduro análisis y no de una simple ocurrencia, la deuda pública municipal no guarda precedentes en nuestra historia. Nunca como ahora un gran número de ayuntamientos sobrevive sumido en la penuria financiera, con enorme deuda que refleja a la perfección lo que en el nivel estatal ocurre y que bien confirma el aserto de que la suerte de lo principal la corren las partes. Lo peor es que no se encuentra en el escenario estatal algo que se parezca a lo que el discurso oficial presume: “en este sexenio, con recursos estatales y municipales se ha hecho obra pública que en 50 años no se había llevado a cabo”.
Por el panorama financiero en los ayuntamientos veracruzanos bien pudiérase hablar de un antes y un después del ciclo 2004-2010. Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Cosamaloapan, Pánuco, etc., figuran entre las decenas de municipios fuertemente endeudados, esto sin considerar la “deuda indirecta” concertada por 199 ayuntamientos para bursatilizar su correspondiente 20% del impuesto a la tenencia de vehículos.
Xalapa, por ejemplo, es el más endeudado de todos y no podrá contratar préstamos con Banobras durante los próximos 15 años, debido a que figura como aval de la CMAS en un crédito por 470 millones de pesos para el Programa Integral de Saneamiento. Adicionalmente, junto con la alcaldesa de Minatitlán, el alcalde xalapeño ha incurrido en daño colectivo y al erario municipal por la liquidación económica ante la rescisión de contratos de concesión de servicios públicos, un asunto que la opacidad que priva en el servicio público estatal restringe de su conocimiento a la ciudadanía, que finalmente es la que cubrirá la ineficiencia de sus “servidores”. Curiosamente, el potencial sucesor en la alcaldía minatitleca conoció en su función de diputado local que el Tribunal de lo Contencioso ordenó a aquel ayuntamiento pagar a la empresa Cibernética 160 millones de pesos por concepto de indemnización.
El escenario municipal veracruzano es tétrico, pues casi todos los ayuntamientos dejarán deudas superiores al 30% de sus presupuestos anuales, independientemente de los recursos para la bursatilización que supuestamente estaban etiquetados exclusivamente para hacer obras; en este sentido, bueno sería que la ciudadanía de cada municipio investigue qué se hizo con los recursos adelantados de la operación bursátil que dejará a por lo menos cuatro administraciones subsiguientes sin ese ingreso. La falta de transparencia es un hecho comprobable; en Minatitlán, por ejemplo, nada se sabe acerca de los recursos (80 millones de pesos) que se destinarían para el Boulevard Ávila Camacho, por lo que supuestamente se había hecho una auditoría, de cuyo resultado no hay noticia alguna.
Según las cuentas, mediante la bursatilización se obtuvieron mil 207.9 millones de pesos (hay quien calcula mil 333 millones), distribuidos entre 199 municipios. No obstante, Ayuntamientos como el de Hueyapan de Ocampo, por caso, obtuvieron autorización para obtener adicionalmente un crédito por 15 millones de pesos a 15 años y no se ve obra pública que explique la aplicación de ese dinero, ni del de la bursatilización. El municipio de Veracruz obtuvo un crédito por 200 millones de pesos con Banobras pagadero a 10 años; el de Minatitlán solicitó dos crédito, uno por 10 millones pagadero en el término de esta administración y otro por 69 millones a 10 años, más un adelanto de participaciones por 10 millones de pesos. A Coatzacoalcos se le autorizó un crédito por 238 millones a 48 meses, lo que viola el Código Hacendario del Estado pues supera el 30% de su Ley de Ingresos anual.
Colateralmente, existe un daño patrimonial por casi 300 millones de pesos en 83 ayuntamientos, según se deduce del dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado sobre la cuenta pública de 2008. La deuda pública municipal pudiera ascender a los mil 500 millones de pesos. En el apartado de desvío de recursos por lo menos 100 alcaldes enfrentan problemas que resolver (Blanca Batalla, de Álamo, Juan Antonio Lavín, de Córdoba, Ricardo García Guzmán, de Pánuco, Nelson Votte de Ixtaczoquitlán, entre ellos). No fueron aprobadas las Cuentas Públicas del 2008 correspondientes a 83 alcaldes; hay 36 denuncias penales radicadas en la Fiscalía Especializada para Delitos cometidos por Servidores Públicos, son alcaldes acusados por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
Todo eso, más lo que indudablemente se acumulará, forma parte del desastre financiero municipal de Veracruz. Un tema que no será resuelto sino pagando y el pagador será el pueblo de Veracruz porque se duda que se haga efectiva la aplicación de la ley, en este Estado en el que se pregona: “el que la hace, la paga”.
Es viejo el cuento ese de que “En el primer año se están enterando de los problemas, en el segundo empiezan a planear qué hacer y en el tercero ya se acabó la administración, porque no se pudo realizar lo que otra vez vuelve a comenzar como algo interminable que no merece la sociedad” y trae aparejado otro que dice “si en tres años no los aguantan cómo será en cuatro”. Con lo aquí someramente expuesto, tres años para una administración municipal parecerían muchos. Si la gestión de un alcalde es honesta, eficiente y productiva, entonces ¿porqué no reelegirlo? No es asunto de adelantar vísperas, pero es conveniente que la ciudadanía esté alerta a lo que acontece en el ámbito político y de gobierno para actuar en consecuencia. No todo es culpa de la clase política cuando sus acciones no convienen a la población; corresponde al ciudadano opinar a favor o en contra cuando lo que se propone lesiona el interés público. ¿Podrá el autoritarismo de siempre contra la apática voluntad ciudadana? Sería preocupante y lamentable que en el Bicentenario del Grito de Dolores y en el Centenario de la Revolución Mexicana la ciudadanía siga sometida al voluntarismo gubernamental.
alfredobielmav@hotmail.com
Septiembre 2010
posted by Observador Ciudadano at 11:45 p.m.
Era septiembre del año 1969, un fuerte temporal que acarreó abundante lluvia elevó la corriente del río Papaloapan y de sus afluentes inundando las poblaciones situadas en las márgenes del caudaloso río. Aquello se asemejaba a un auténtico mar, no se veía tierra salvo techos de casas y árboles sumergidos. La presa Cerro de Oro aún no se construía, ya funcionaba la presa de Temascal, en Oaxaca. La única carretera que conectaba con el sur veracruzano y de la república era la Alvarado-Los Tuxtlas, todavía no se construía la carretera “federal” Tierra Blanca-Sayula, mucho menos la autopista La Tinaja- Acayucan. Apenas cinco años atrás había entrado en servicio el puente que cruza sobre el Papaloapan en Alvarado, dejando sin efecto a la vieja panga que trasladaba a pasajeros y vehículos de uno al otro lado del espectacular río.
La historia es madre, maestra y guía para quienes auscultan el acontecer sociopolítico; los refranes, como lo afirmara Cervantes, expresan la sabiduría de los pueblos.
Ya para nada deben sorprender las continuas y cada vez más frecuentes protestas que vecinos de diferentes comunidades de la entidad han venido manifestando en señal de inconformidad debidas a las innumerables promesas no cumplidas por el actual gobierno del Estado. Era bastante predecible que así sucediera, porque una característica sobresaliente de los gobiernos populistas y mediáticos es la excesiva expectación que despiertan entre los gobernados que, como es el caso veracruzano, viven ávidos de que al fin sus múltiples problemas les sean resueltos.
La actitud de las autoridades municipales de Tatahuicapan al cerrar las válvulas que permiten la salida del agua hacia las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque en apariencia choca con la tolerancia de las autoridades que ahora se encuentran negociando con ellos para que depongan su actitud. Es una realidad jurídica que en México las aguas pertenecen a la nación, la que se reserva el derecho de utilizarlas como mejor convenga al interés público. Pero el problema de Tatahuicapan no es un asunto de carácter jurídico que deba arreglarse en los tribunales; se trata de un problema en el que la relación gobernantes-gobernados está pervertida por el engaño, por promesas incumplidas y por la falta de respeto a una comunidad indígena, como si aún viviéramos en los tiempos de la colonia o el Porfiriato.
Desde un enfoque estrictamente jurídico, procesal electoral, el caso de la elección veracruzana en lo que a gobernador se refiere aún no está definido, si bien dos instancias han declarado una mayoría de votos a favor del candidato de la alianza PRI-Verde-PRV y el tribunal electoral de Estado ya ha dictaminado la validez de la elección, extendido constancia de mayoría y declarado gobernador electo a Javier Duarte de Ochoa.
