DEUDA PÚBLICA

Por Alfredo Bielma Villanueva

La declaración del Secretario de Educación Pública en el Estado acerca del retraso de pagos en las aportaciones de la federación debiera empezar a preocuparnos, por cuanto a que hace justamente seis años por ese lado empezó a semblantearse el tema de un préstamo bancario que la administración saliente se vería en la necesidad de realizar. No que necesariamente eso vaya a ocurrir en esta ocasión, pero lo cierto es que el desbarajuste financiero en el que termina su gestión el actual gobierno no propicia buenos augurios ni al pueblo veracruzano ni a la administración que le sucederá.

La barroca discusión acerca de si es deuda o no lo es el elevado pasivo que heredará a su sucesor el gobierno de Herrera Beltrán peca de ser ociosa y encubierta en semántica, porque es incontrastable realidad que el gobierno entrante se enfrentará a un pasivo histórico nunca antes visto en nuestro Estado. Quizá lo peor del endeudamiento estatal no resida en su monto sino en que no existe una contraparte que lo justifique en obras, en infraestructura que hayamos ganado al tiempo, toda vez que lo que se ve apenas justificaría el recurso anualmente presupuestado. Según el gobernador “es impresionante el desarrollo de la infraestructura social del estado y los municipios”, ¡cuánta falta haría un análisis puntual que demuestre si hay correlación entre la obra pública con lo invertido en ella! Acerca de su calidad, pésima según se ve, se formaría todo un capítulo a parte.

Entre encontradas versiones no falta quien sostiene que el gobernador Herrera dejará una elevada deuda pública cercana a los de 35 mil millones de pesos. Esto sin considerar el adeudo con el IPE por concepto de las aportaciones del patrón del 13.24%, que retiene de las cuotas de sus trabajadores para entregarlas a la institución referida; a esto habrá que sumar el rezago en el pago a diversos proveedores, los contratistas entre ellos.

Como se recordará, el gobierno del Estado bursatilizó el 80% que le corresponde del impuesto a la tenencia por una cantidad de $ Seis mil 300 millones de pesos, que permitieron cubrir la deuda pública estatal heredada por tres mil 365 millones. En 2009, ya embalada en el prurito de obtener recursos frescos adicionales a lo presupuestado, la administración estatal pretendió bursatilizar 6 mil 800 millones de pesos de participaciones federales. Por buena fortuna, o todo lo contrario, la empresa Stándard & Poor´s anunció que bajó a Veracruz su calificación de riesgo crediticio en escala nacional, lo que refleja la “todavía estrecha estructura presupuestal de Veracruz”, como resultado del crecimiento de su gasto operativo que “limita su capacidad para cubrir su programa de inversión con recursos propios”. Luego entonces, el nuevo intento bursatilizador se vio frustrado. De mal augurio, porque si por un lado nos salvó de un nuevo endeudamiento, nos enteró que nuestra situación crediticia es tal que ya no podemos pedir prestado.

Aunque el gobernador tiene otra visión, pues en entrevista periodística a Vázquez Raña en diciembre pasado, éste le preguntó: ¿Por qué no se ha anunciado el resultado de la última bursatilización autorizada por el Congreso local? ¿Existe algún programa para la colocación de los bonos? Herrera Beltrán respondió: “Cualquier proceso de bursatilización conlleva un gran número de actividades para su implementación. Actualmente, el Gobierno del estado se encuentra realizando las gestiones de estructuración necesarias para alcanzar una calificación de AAA con las agencias calificadoras y obtener las mejores condiciones financieras para Veracruz. Adicionalmente, se requieren las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de y de la Bolsa Mexicana de Valores”--------------------------------------------------------------- Pero Fitch Ratings bajó la calificación crediticia del estado de Veracruz de A a BBB, esto debido al elevado nivel de gasto operacional y un creciente saldo de cuentas por pagar “sustancialmente mayores a los observados en ejercicios anteriores”. “Es lamentable que Veracruz aparezca entre los Estados de la federación que doblaron su presupuesto por servicios personales, según el documento de Finanzas Públicas para Crear Empleo Productivo, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Sin embargo, la visión del gobernador es muy otra, tal como lo declaró al Director General de OEM, Mario Vazquez Raña: “El Gobierno federal tiene un costo operativo del orden de 11 mil 800 millones para los programas sociales. Mi propuesta es transferir parte de los programas y responsabilidades a nivel local, donde tenemos claro el apoyo a la vivienda, al sector primario, la integración educativa y cultural de los pueblos indígenas afectados por la pobreza”. Sea por Dios y venga más, decía el clásico.

Otra interesante pregunta: Señor gobernador ¿a cuánto asciende actualmente la deuda pública de la entidad? ¿Es todavía manejable o significa un problema para las finanzas gubernamentales? Respuesta: “Mario, debemos poco y los compromisos financieros son manejables. A pesar de ser el tercer estado de la república a nivel poblacional, no ocupamos ese lugar en endeudamiento y Veracruz no tiene deuda pública directa. Hemos invertido en la gente y en infraestructura, y eso no es un gasto, nos ha preparado para la crisis, posibilitándonos seguir creciendo”.

Habría que esculcar con detenimiento la verdad, muy al canto de la declaración oficial porque ésta no concuerda y se contradice. Por ejemplo, a la pregunta de Vazquez Raña: “¿A cuanto asciende la inversión privada que ha llegado a la entidad durante su gobierno?”, el gobernador responde: “calculamos en números redondos que unos 25 mil millones de dólares y unos 300 mil millones de pesos han llegado a Veracruz durante mi administración…las sinergias y vitalidad de nuestra planta productiva está a la vista de todos”. Casi por oposición el Secretario estatal de Desarrollo Económico, este martes acaba de declarar en Orizaba que la inversión privada es mayor a los 80 mil millones de pesos (no 300 mil), mientras que la inversión extranjera rebasa los 4 mil millones de dólares (no 25 mil). ¿Cuál es la verdad? Porque como para un diagnóstico que sirva de base al nuevo Plan de Desarrollo Estatal el discurso oficial no parece confiable; por lo menos da esa impresión.

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Agosto 2010