CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

Por Alfredo Bielma Villanueva

Cuando en este país las elecciones eran organizadas por la desaparecida Comisión Federal Electoral, encabezada por el Secretario de Gobernación, y en cada Estado su similar la Comisión Estatal Electoral respectiva, por los Secretarios de Gobierno, las protestas post electorales eran una rutina que se reflejaba en tomas de palacios municipales, bloqueos carreteros, quema de urnas, etc.

Fue a partir de la conflictiva elección presidencial de 1988, caracterizada por la muy cuestionada “caída del sistema”, cuando el gobierno diagnosticó que era hora de adecentar los procesos electorales subsiguientes creando el marco normativo con nuevos procedimientos, instituyendo órganos electorales diseñados para sustituir a los que operaban en medio de la desconfianza y el fraude. La enorme inequidad que subsistía al recaer en el gobierno la responsabilidad de organizar y calificar las elecciones lo convertía en juez y parte, pues para nadie era un secreto que el PRI, su partido, era una extensión más del oficialismo. Ese dispositivo propio del viejo régimen daba como lógico resultado que el PRI fuera el principal beneficiado de allí la razón de su larga hegemonía.

El aviso ciudadano de 1988 tuvo como consecuencia el nacimiento del Instituto Federal Electoral en 1991 que en un principio se integró con Consejeros Ciudadanos, pero seguía siendo presidido por el Secretario de Gobernación. La elección intermedia de 1991, mediados del gobierno salinista, demostró una importante recuperación del PRI en el Congreso que le permitió a Salinas de Gortari consolidar su proyecto de instaurar el Neoliberalismo Económico en el país y la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos.

La elección presidencial de 1994 estuvo fuertemente impactada por la muerte de Colosio, que como el Cid de la novela sirvió al PRI para obtener una elevada votación a favor de un candidato de repuesto. Con las reformas electorales de ese año se prosiguió no tanto la ciudadanización del IFE como su despartidización; surgió también la insaculación-y ya no sorteo- de los funcionarios de casillas; el control de las boletas electorales; la mampara en las casillas; el número de casillas especiales; los debates entre candidatos y su transmisión televisiva; se creó la FEDAPE, etc., fueron las elecciones del miedo esas de 1994: miedo a la violencia, miedo a las crisis económicas, miedo a la alternancia, lo que permitió a Zedillo alcanzar una votación histórica, única, de 17 millones de sufragios, el PRI ganó 300 diputaciones con el 48% de la votación, mientras que el PAN alcanzó el 25%. Esta de 1994 fue la última votación con estas características. Una de ellas, la inequidad, según lo reconoció el propio Zedillo.

Por ello prosiguió la movilización de importantes cuadros ciudadanos que exigieron y lograron obtener profundas reformas al marco electoral en 1996.

Con el IFE corren aparejados los principios de legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, certeza y equidad respecto a los procesos y resultados electorales. En busca de lo perfectible nació el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyo primer antecedente en Veracruz se encuentra en la elección municipal del 19 de octubre de 1997. Su implementación, que debe agregar mayor certeza al proceso, pero de fallar conlleva el riesgo de inducir peligrosas suspicacias que pudieran contaminar seriamente la percepción respecto a los resultados electorales.

Si bien lo económico no determina sino que interactúa con lo político, era interés del gobierno mexicano demostrar a los Estados Unidos nuestros avances democráticos, de allí la motivación para crear nuevos órganos y procedimientos electorales, contando entre sus primeros y más inmediatos efectos la sustancial reducción de las tomas de palacios municipales y los bloqueos carreteros. De entrada el número de observadores internacionales se redujo sustancialmente.

Pero las corporaciones morales se integran por individuos que conviven en el mismo contexto social, cultural y político, con diferentes preferencias en cuanto a afinidades políticas. Aunque su arribo al cargo de Consejeros electorales está bien definido en las leyes, no están exentos de contaminarse por las redes que pudieran tenderse desde el poder.

Gobierno e instituciones electorales son dos instancias diferentes, con campos de acción perfectamente separados, aunque necesariamente tienen que coexistir conforme al marco jurídico. Cuando el campo de acción de uno invade al otro surgen los problemas, en orden a las suspicacias que inmediatamente se suscitan, lo cual suele ocurrir a partir de la integración de los órganos electorales.

Es el caso específico de Veracruz, en donde desde que se integró la plantilla de Consejeros del Instituto Electoral Veracruzano se levantaron no pocos comentarios en torno al perfil de cada uno de ellos. La suspicacia se fue incrementando conforme avanzaba el proceso electoral. Por lo menos, de entrada, permeó la desconfianza.

Algo parecido sucedió en abril pasado cuando los representantes de los partidos de oposición cuestionaron la determinación del IEV de contratar a la empresa que realizaría el PREP, que es la misma que lo operó en la elección pasada cuando se le pagaron 7 (siete) millones de pesos y ahora se le pagarían casi 40 millones de pesos por la misma labor. Si adicionalmente, durante el desarrollo del PREP, por las razones que hayan sido, se hizo un mal trabajo esto lo ubicó en la suspicacia, de tal manera que los problemas se agudizan y se corre el riesgo de caer en las protestas de antaño y, aún más, de generar las condiciones que judicialicen los resultados de la elección.

No todo debe cargarse a los personeros de los órganos y procedimientos electorales. En la creación de desconfianza y resentimientos también ha tenido que ver- y no poco por cierto- la parte gubernamental, pues desde su cúpula, dejándose llevar por antagonismos personales se enderezaron, sin prudencia alguna, ataques contra el candidato del Partido Acción Nacional. La prensa escrita y la virtual están plenas de las referencias-abiertas unas, indirectas otras- que “ingeniosamente” se hicieron durante el proceso electoral.

Independientemente de estrategias políticas, acertadas o no, el que desde el más elevado sitial político del Estado se genere la apariencia o efectiva actuación de participar en el evento electoral como una de las partes contendientes, necesariamente le restará capacidad negociadora cuando- como ahora - se trate de convocar a la concordia, después de que previamente se actuó con fruición a favor de la discordia. En ese orden de ideas la intromisión afecta a su propio partido, que quizás no requería de tan desaseada intromisión.

En este último caso estamos frente a un serio conflicto, porque quien debería ser por su elevado encargo el árbitro político de toda confrontación entre ciudadanos; quien, con miramiento a su alta investidura, debiera permanecer vigilante del respeto a la ley; quien por la elevada responsabilidad de cuidar el orden, por patológico protagonismo o insaciable sed de poder no puede o no sabe abstenerse de ser juez y parte, carecerá de credibilidad y de confianza y a la vez pierde convocatoria para servir de mediador entre las partes de un conflicto de la naturaleza del que ahora nos preocupa.

alfredobielmav@hotmail.com
Julio 2010