SEGURIDAD PÚBLICA, UNA FUNCIÓN DE ESTADO

Por Alfredo Bielma Villanueva

Aquel amargo temor que intranquilizaba a los mexicanos con una temporalidad cada vez más insistente se ha hecho realidad. “México corre el peligro de colombianizarse”, se repetía con la obstinación de las noticias que provenían de aquel país hermano en donde las muertes provocadas por la delincuencia organizada eran un lugar común. Ese pasado ya nos alcanzó y ocurre cuando México está en la encrucijada de una alternancia fallida y en la búsqueda de una transición que no acaba de llegar. Como consecuencia el problema nos sorprende con una clase política dividida, absolutamente partidizada y, lo que es peor, nada comprometida con los intereses que nos son comunes.

La lamentable muerte por asesinato del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas viene a agraviar aún más a la sociedad mexicana. El hecho aterroriza, no obstante que las innumerables muertes originadas en este conflicto de nuestra patología nacional son el pan de todos los días. No es esta la primera muerte de un político mexicano, alcaldes, legisladores, periodistas, muchos inocentes más han caído por la hegemonía que el delito pretende imponer en el país. A pesar de su mezquindad, quizás ahora sí la clase política logre ponerse de acuerdo para hacer frente común al crimen organizado y no prosigan el inicuo juego de evadir responsabilidades.

Está más que visto que el Estado mexicano está siendo derrotado en esta lucha, que los gobernadores le han dejado la responsabilidad al presidente de la república y que, lógicamente, este ha sufrido un considerable deterioro político. El ejército, sacado de los cuarteles para enfrentar esta lucha como última instancia porque las policías están infiltradas, ha hecho su tarea, cual corresponde a su heroica raigambre y añeja identificación con el pueblo de México. Pero ahora también está en el ojo del huracán por la crítica pública. La sociedad, enclaustrada en ese contexto, muy desinformada, seguirá siendo la desafortunada víctima si la lucha se pierde.

La indefensión se percibe aún mayor cuando escuchamos decir al gobernador de Tabasco que cinco gobernadores han sido amenazados de muerte “y hasta ahora no se ha hecho nada”. Si un individuo que ocupa un encumbrado cargo político, entre cuyas fundamentales obligaciones están la de proporcionar salud, seguridad y educación a sus gobernados se expresa de esa manera, ¿qué podemos esperar quienes no tenemos una elevada responsabilidad como lo es la de un gobernador?

El 30 de diciembre de 1994 se publicaron las reformas a los artículos constitucionales 73, Fracción XXII y 21. En este último se prescribe: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Con esta reforma constitucional se le dio a la Seguridad Pública el rango de una función de Estado por cuanto que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a la vez se establecieron las bases para un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para darle operatividad orgánica a estas reformas se creó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que medularmente dice: “El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.”

Esta Ley de Coordinación crea nuevos órganos de seguridad, según lo dispone su Artículo 18: “En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán Consejos locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de gobierno. En el caso de los Consejos Estatales, participarán los municipios atendiendo a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.”

En Veracruz, en base a las reformas, la Ley 95 de Seguridad Pública creó los Consejos Municipales de Seguridad Pública, que son mecanismos de coordinación municipal y regional en la materia vinculados con el órgano estatal denominado Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esta ley dispone que cada Consejo Municipal de Seguridad Pública debe convocar a la ciudadanía para que se integre un Comité de Participación Ciudadana.

En fin, por leyes no quedamos, dentro de su perfectibilidad establecen los pasos necesarios para una efectiva lucha contra el delito. Pero hace falta el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte de los gobernantes; menos simulación, fuera la retórica y más compromiso para con quienes dicen servir.

Que los gobernadores no dejen solo al presidente ni al ejército, que propongan cómo mejorar la estrategia a seguir, que juntos hagan su trabajo y cumplan con su obligación. Para eso fueron electos; se supone que buscaron la posición que ocupan para servir a la sociedad, no solo para servirse del cargo.

alfredobielmav@hotmail.com
Julio 2010