El Veracruz
Inédito
Alfredo
Bielma Villanueva
Es
erróneo hacer la comparación que evoca al gobierno de Fernando Gutiérrez
Barrios como un antecedente de gobierno de dos años para referirlo al periodo
2016-2018, más de una circunstancia comprueba ese desliz. En primer término, en
aquellos tiempos un gobernador no tenía en su agenda la preocupación por dejar
sucesor, decidirlo le correspondía al presidente de la república; tal cual
sucedió un día de abril de 1986 cuando le comunicaron al gobernador Acosta
Lagunes el nombre del candidato del PRI a sucederlo, Fernando Gutiérrez
Barrios, y en consecuencia se limitó a seguir las reglas establecidas para el caso.
Por otro lado, no se olvide que la permanencia de Gutiérrez Barrios al frente
del gobierno estaba constitucionalmente establecida para seis años, no
obligatoriamente a dos, como es el caso del gobierno bianual que viene; si no
concluyó el mandato fue porque aceptó la invitación del presidente Salinas para
que lo acompañara en la Secretaría de Gobernación, es decir nunca tuvo la
presión por desempeñarse obligatoriamente durante dos años.
Adicionalmente,
Gutiérrez Barrios recibió de Agustín Acosta Lagunes un gobierno y finanzas
organizadas, al grado que durante el interregno que va de la elección a la toma
de posesión se permitió diseñar una reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública para crear Secretarías de despacho buscando hacer más
eficiente el servicio público. Los sitios del territorio veracruzano en los que
se percibía inseguridad pública estaban puntualmente señalados, de tal manera
que a su arribo al gobierno don Fernando sólo aplicó medidas “sugestivas” a quienes
ejercían un poder territorial: en el norte los hermanos Sagahon, en el centro
los Lagunes y Toribio Gargallo, y en el sur Cirilo Vázquez Lagunes. Además, el
de Acosta Lagunes no fue un cierre de gobierno traumatizado por deudas ni
reclamos populares; aquel relevo constitucional se enmarcó en la tradición del
no barrer para atrás, porque poco de sucio había; en cambio, el gobernador
bianual encontrará mucha tela de donde cortar.
Ciertamente,
no podemos asegurar lo mismo de las circunstancias actuales. El de Javier
Duarte es un gobierno con serios problemas financieros, devenidos desde su toma
de posesión, aunados a una deuda pública que como pesado lastre le impidió la
implementación de los programas de desarrollo, y en la placidez del no hacer la
dinámica social terminó por envolverlo en una maraña de asuntos sin resolver. Quizá
por razones de gratitud personal no le fue posible dar a conocer el
desbarajuste financiero que recibió, así como el monto de la deuda y del pasivo
circulante, y se le confiere el beneficio de la duda en cuanto al
desconocimiento de lo que recibía en finanzas, porque de lo contrario concluiríamos
que el ofrecimiento de desaparecer el impuesto a la tenencia de automóviles habría
sido solo una bandera de campaña que se formuló a sabiendas de las dificultades
para cumplirlo.
Ahora,
los veracruzanos atestiguamos dos dramas políticos: el de un gobernador que se
va sin poder concretar el proyecto continuista que le legó su antecesor y, peor
aún, que no pudo darle a los veracruzanos que en el confiaron la oportunidad de
mejorar la vida en común; por el contrario deja un Veracruz sumido en la
pobreza y un entorno nada promisorio porque no avanzamos en producción
agropecuaria, no se generaron los empleos necesarios para el crecimiento socio
económico, no disminuyó el número de pobres, la infraestructura carretera está
deteriorada en sumo grado y es de las peores en la república mexicana, la
infraestructura del sector salud está en condiciones deplorables y su
funcionamiento es deficiente por la falta de insumos para laboratorio y de
medicinas, el descuido en este sector insinúa matices de genocidio.
El
expediente más grueso, que no el único, lo configura la inseguridad pública que
ha carcomido los cimientos de una convivencia social en que sustancialmente se
ha perdido calidad de vida. A diez meses de concluir la gestión del actual
gobierno ya es posible advertir que vienen meses de pesadilla para el gobernador
y los veracruzanos, es una visión que pudiera parecer apocalíptica y no es
deseable, aunque de cualquier modo no es compatible con el Veracruz que
pregonaban los lisonjeros de la pluma.
Drama será
también para quien resulte vencedor en los comicios de junio próximo pues lo
aquí descrito es solo muestra del reto a enfrentar, y concluyentemente es
descomunal porque en dos años poco se podrá hacer. Sin embargo hay remedios para
atenuar los males, uno sería el de concertar acuerdos entre el gobierno
saliente y quien resulte electo para adelantar la entrega recepción ubicando en
los puestos claves, finanzas, por ejemplo, a quienes colaborarán en el nuevo
gobierno, de tal manera que al iniciar la gestión constitucional se implementen
de inmediato las estrategias a seguir.
No
olvidemos que el escenario se complica porque apenas concluya este proceso
electoral empezarán a agitarse las aguas para la renovación de 212
ayuntamientos, y a continuación vendrán los prolegómenos de la sucesión
presidencial, inequívoca señal que, al menos en Veracruz, fue un cuento de
hadas aquello de establecer un gobierno de dos años para homologar elecciones,
pues recuérdese que ya se había ensayado en 1998 eligiendo un Congreso para 2
años, que combinado con la elección, por única vez, de ayuntamientos para
cuatro años en el año 2000 se empatarían elecciones.
Es innecesario
inferir que no es fácil para un gobernador cargar con el trance depresivo
después de haber cabildeado abiertamente por un precandidato que no resultó designado
y a pesar de lo cual, por instinto de sobrevivencia, tiene que apoyar con todo
lo que sea posible a quien menos oportunidades le concedía. Una situación de la
que habrá de extraerse enseñanzas, y una de ellas señala hacia la historia,
guía y maestra que enseña que en política el que se enoja pierde.
24-enero-2016
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