SEGURIDAD PÚBLICA, UNA FUNCIÓN DE ESTADO

Por Alfredo Bielma Villanueva


Aquel amargo temor que intranquilizaba a los mexicanos con una temporalidad cada vez más insistente se ha hecho realidad. “México corre el peligro de colombianizarse”, se repetía con la obstinación de las noticias que provenían de aquel país hermano en donde las muertes provocadas por la delincuencia organizada eran un lugar común. Ese pasado ya nos alcanzó y ocurre cuando México está en la encrucijada de una alternancia fallida y en la búsqueda de una transición que no acaba de llegar. Como consecuencia el problema nos sorprende con una clase política dividida, absolutamente partidizada y, lo que es peor, nada comprometida con los intereses que nos son comunes.

La lamentable muerte por asesinato del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas viene a agraviar aún más a la sociedad mexicana. El hecho aterroriza, no obstante que las innumerables muertes originadas en este conflicto de nuestra patología nacional son el pan de todos los días. No es esta la primera muerte de un político mexicano, alcaldes, legisladores, periodistas, muchos inocentes más han caído por la hegemonía que el delito pretende imponer en el país. A pesar de su mezquindad, quizás ahora sí la clase política logre ponerse de acuerdo para hacer frente común al crimen organizado y no prosigan el inicuo juego de evadir responsabilidades.

Está más que visto que el Estado mexicano está siendo derrotado en esta lucha, que los gobernadores le han dejado la responsabilidad al presidente de la república y que, lógicamente, este ha sufrido un considerable deterioro político. El ejército, sacado de los cuarteles para enfrentar esta lucha como última instancia porque las policías están infiltradas, ha hecho su tarea, cual corresponde a su heroica raigambre y añeja identificación con el pueblo de México. Pero ahora también está en el ojo del huracán por la crítica pública. La sociedad, enclaustrada en ese contexto, muy desinformada, seguirá siendo la desafortunada víctima si la lucha se pierde.

La indefensión se percibe aún mayor cuando escuchamos decir al gobernador de Tabasco que cinco gobernadores han sido amenazados de muerte “y hasta ahora no se ha hecho nada”. Si un individuo que ocupa un encumbrado cargo político, entre cuyas fundamentales obligaciones están la de proporcionar salud, seguridad y educación a sus gobernados se expresa de esa manera, ¿qué podemos esperar quienes no tenemos una elevada responsabilidad como lo es la de un gobernador?

El 30 de diciembre de 1994 se publicaron las reformas a los artículos constitucionales 73, Fracción XXII y 21. En este último se prescribe: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Con esta reforma constitucional se le dio a la Seguridad Pública el rango de una función de Estado por cuanto que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a la vez se establecieron las bases para un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para darle operatividad orgánica a estas reformas se creó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que medularmente dice: “El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.”

Esta Ley de Coordinación crea nuevos órganos de seguridad, según lo dispone su Artículo 18: “En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán Consejos locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de gobierno. En el caso de los Consejos Estatales, participarán los municipios atendiendo a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.”

En Veracruz, en base a las reformas, la Ley 95 de Seguridad Pública creó los Consejos Municipales de Seguridad Pública, que son mecanismos de coordinación municipal y regional en la materia vinculados con el órgano estatal denominado Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esta ley dispone que cada Consejo Municipal de Seguridad Pública debe convocar a la ciudadanía para que se integre un Comité de Participación Ciudadana.

En fin, por leyes no quedamos, dentro de su perfectibilidad establecen los pasos necesarios para una efectiva lucha contra el delito. Pero hace falta el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte de los gobernantes; menos simulación, fuera la retórica y más compromiso para con quienes dicen servir.

Que los gobernadores no dejen solo al presidente ni al ejército, que propongan cómo mejorar la estrategia a seguir, que juntos hagan su trabajo y cumplan con su obligación. Para eso fueron electos; se supone que buscaron la posición que ocupan para servir a la sociedad, no solo para servirse del cargo.

alfredobielmav@hotmail.com
Julio 2010

LEÑA AL FUEGO

Por Alfredo Bielma Villanueva




¿Cuál de los cierres de campaña será el más numeroso? Una magna concentración de gentes, la mayoría acarreada, ¿significa un mayor número de votos a favor? ¿No riñe el extraordinario gasto que representa el transporte y manutención de miles de personas con los topes de campaña? ¿Cómo impacta en la conciencia cívica del ciudadano una concentración masiva? ¿Cambiará el sentido del voto una concentración multitudinaria?


Son preguntas que surgen por doquier ahora que está próxima la conclusión de las campañas de proselitismo político y se acerca el día de los comicios. Respuestas hay muchas, son variadas, las más están prejuiciadas por el interés partidista o la simpatía hacia un determinado candidato.

Sin embargo, lo que mueve a reflexión es el contexto en el que se ha venido desarrollando este proceso electoral, nada terso, muy conflictivo y neurálgico. Tan complicado que el Presidente del Tribunal Electoral en el Estado ha convocado a los actores políticos a actuar con cordura para evitar la “judialización” de los resultados electorales.

¿Qué de lo hasta ahora acontecido incurre en el vicio de “lo explícito” que la ley configura como causal de anulación o, mínimo, de la “judialización”? Como sea que discurra en adelante este proceso, la expectativa solo podrá superarse con un resultado en el que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea concluyente, lo suficiente como para hacer desistir cualquier intento de protesta. Se supone que a ello va orientada la idea de realizar seis cierres masivos de la campaña priísta. Generar la idea de una extraordinaria convocatoria para sembrar en la conciencia ciudadana el pensamiento de que ya todo está decidido. Nada criticable porque forma parte de la estrategia para ganar una competencia electoral.

Sin embargo, los ánimos están caldeados, y no solo entre los candidatos, porque la animosidad también se advierte en el abierto enfrentamiento que protagonizan el gobierno estatal y el gobierno federal. Se observa una tensa relación entre ambos órdenes de gobierno, en la que el más fuerte puede sugerir acciones a su oponente al grado de obligarlo a desmentir –en este caso, una vez más- a su secretario de gobierno, al precisar el gobernador que ni el Presidente ni el Secretario de Gobernación tuvieron que ver en las acciones de espionaje de las que fue objeto.

Como se recordará, todavía el sábado anterior Reinaldo Escobar, belicoso, discurseando ante abogados, después de aseverar que en Banderilla está instalado un costoso y avanzado sistema de espionaje, agregó: “El propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que no merece que le guardemos ningún respeto porque él no lo tiene para los mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa y su pandilla han pretendido querer espantarnos con el petate del muerto diciendo que van a proceder penalmente y al desafuero de Fidel Herrera Beltrán”.---- “a eso es a lo que se hacen merecedores, del presidente de la República, hasta José César Nava Vázquez, Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando Gómez Mont, Cambranis y todos los demás miembros de esa pandilla a quienes nosotros vamos a ajusticiar en el momento procesal oportuno”. Concluyente, dijo: “estoy seguro que la guerra al final la vamos a ganar”.

A eso se le llama echarle gasolina al fuego, una actitud nada prudente que poco coadyuva a la causa que debería defenderse. Y no propicia la concordia porque todavía esta semana utilizan al ex alcalde mendocino por el PRD durante el cuatrienio 2000-2004, Sergio Rodríguez Cortés, para proseguir con el golpeteo mandándolo a declarar que presentarán una demanda contra Cambranis y Alejandro Cuevas por un supuesto “enriquecimiento ilícito”. En esa desaseada estrategia manipulan a un individuo contra quien el síndico de su comuna interpuso una denuncia en la agencia especializada en delitos cometidos contra servidores públicos, por el presunto desvío de recursos y daño patrimonial por el ilícito cometido en la edificación del mercado Morelos, que no concluyó. Tal como consta en la averiguación 538/08 ratificada por el síndico Armando Godoy Reyes.

Registros de prensa recuerdan que en septiembre de 2005 Sergio Rodríguez Cortés en su carácter de alcalde cuestionó duramente al actual gobernador cuando este ofreció la reconstrucción del mercado Morelos, siniestrado por un incendio. Rodríguez Cortés pidió a los mendocinos a estar pendientes de que el gobernador cumpliera su palabra, y todavía el 5 de febrero de 2007 se lo recordó con mantas alusivas al compromiso en un encuentro de Beis Ball que el ejecutivo presenciaba. En aquel entonces dijo ser “muy amigo del licenciado Fidel Herrera Beltrán pero en el caso que no les cumpla, que lo perdone, pero va a poner una postura muy fuerte.”

Aún con esos antecedentes, sin ninguna consideración para el candidato Dante Delgado, ahora se manda a esta persona a declarar que una parte de la militancia del PRD se va con la Alianza “Veracruz para Adelante”. “La izquierda se está unificando en torno a Javier Duarte de Ochoa, ha habido muchas adhesiones”. No tiene la culpa el indio.

Se antoja paradójico, porque da la impresión que la idea es complicarle aún más la campaña al PRI, pues ha sido una constante la versatilidad de los acompañantes que le arriman caracterizando actos de traición supuestamente para favorecer a este partido. Ni duda cabe que bien puede aplicarse el refrán del “más vale solo que mal acompañado”, si juzgamos por la calidad moral y política de quienes personifican el ridículo y la traición sin temor a exhibirse como simples puesteros, uncidos a la posibilidad de figurar en la nómina del erario.

A pesar de estos truenos cuánto deseamos un panorama tranquilo y un final feliz para este atropellado proceso. Nos consuela el que, después de cumplidas las etapas subsiguientes, iniciaremos una más en la vida política de Veracruz que, ojala, ahora sí, sea por el bien de los veracruzanos.

alfredobielmav@hotmail.com
Junio 2010





PÍCAROS

Por Alfredo Bielma Villanueva



De una vez por todas acabaremos por convencernos que en este país en cuestiones de impunidad no pasa nada y que cuando ocurre, tampoco pasa nada. Para nadie es un secreto que la democracia en México está en pañales y que se corresponde con el grado de inmadurez ciudadana que prevalece en este país a pesar de los múltiples avatares que hemos vivido y de los que, desafortunadamente no hemos aprendido para superarnos, aún justo ahora cuando presumimos de celebrar el bicentenario del grito de independencia de 1810 y el centenario del movimiento armado iniciado por Francisco Madero en 1910. Se dice pronto, pero es mucho tiempo el transcurrido sin que hayamos alcanzado la madurez necesaria que nos capacite para poner un hasta aquí a los gobernantes y a la clase política en general por cuanto a lo que a su conducta desenfrenada se refiere.

Ya se ha escrito hasta la saciedad que el actual proceso político veracruzano se caracteriza por el cúmulo de irregularidades que se han venido presentando, por ser una elección de Estado y por la guerra de lodo que a través de la web presenciamos. Lamentablemente, el arbitro electoral veracruzano ve otro panorama, según lo expresa su presidenta: “Yo no sé porque insisten los medios en un riesgo, yo hasta ahorita no veo nada en que nos pueda arriesgar el proceso electoral, efectivamente las autoridades en todo han actuado, y han demostrado que las acciones han sido situaciones muy distintas que no están conectadas con el proceso electoral, si ha habido algún incidente todo se ha resuelto y el estado está tranquilo”. Una visión que en pocas líneas encierra severas inexactitudes porque ni el Estado está tranquilo ni el proceso electoral está exento del riesgo de ser afectado.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque está a la vista de la población veracruzana lo que ocurre en el Estado en materia de inseguridad, y en cuestión electoral todos los días somos testigos de las irregularidades cometidas por quienes participan en el proceso. Por caso, ¿Qué importancia le dará el IEV a las grabaciones publicadas en el Excélsior? Salvo que pida pruebas fehacientes acerca de si es la voz del gobernador y que a la vez exija una investigación para saber quién grabó el desparpajo gubernamental, no hay evidencia tan contundente como esa para demostrar que esta elección, al igual que su similar de 2004, es una elección de Estado y que se está configurando un indeseable final.

El caso concreto de las grabaciones en donde se escucha al gobernador instruyendo asuntos relacionados con lo electoral no pertenece al casillero de la “guerra sucia”, es, por el contrario, una contundente prueba de la intromisión gubernamental en los asuntos que solo competen a partidos políticos y candidatos. Es también labor de espionaje, punible por supuesto, pero “no obsta para que conste” porque por todos lados se emplea esa práctica para obtener información de “inteligencia” y para establecer estrategias de ataque. Allí queda el “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”. Si como se presume se están destinando recursos públicos para favorecer a determinados candidatos, el IEV tiene la obligación de investigarlo y rendir cuanto antes un informe a los partidos contendientes y, por supuesto, a la ciudadanía veracruzana que también es agraviada, por si no se recuerda al interior del árbitro electoral el origen netamente ciudadano de su matriz, el IFE.

No por nada el PRI perdió adeptos entre la juventud en las últimas décadas del siglo XX, actitudes como las que aquí se comentan representan parte de lo más indeseable y turbio de nuestra historia política. Son procedimientos que no debieran subsistir ya, porque si quisiéramos presumir de democracia avanzada, de desarrollo político y de aseo moral, bueno será manifestarse en contra de ese viejo lastre, que por asepsia política el mismo PRI debiera repudiar.

No es ociosa la convocatoria de Dante Delgado cuando exclama: “Lo único que estoy invitando a los veracruzanos es a que despierten de esta pesadilla de perversión en la que nos tienen acostumbrados desde el manejo absurdo e indiscriminado y perverso de los recursos públicos con profunda perversión y con un agravio a la sociedad que hoy debe preguntarse ¿Por qué los jóvenes tienen que salir a buscar oportunidades de empleo si vamos bien?

Peor aún, puede suceder que lo descubierto aquí quede pero, como dice el candidato del PAN al gobierno del Estado, Miguel Ángel Yunes: “Eso no lo podemos permitir, no puede quedar como una simple anécdota”. No sería extraño que el desenlace final del “no pasa nada” se atribuya a la “habilidad política”, cuando no llega sino a burda manipulación.

Sin embargo, la presidenta del IEV no avizora nada anómalo en el panorama estatal y prefiere apegarse al sobado argumento gubernamental del consuelo de muchos y del “no pasa nada”: “Lo he reiterado en muchas ocasiones. Sí comparamos el estado de Veracruz con el resto del país, especialmente con el norte, siento que es un estado que estamos tranquilos. Lógicamente hay unas situaciones que se están realizando, pero al proceso electoral no le impacta.”

Los principios rectores que orientan la actividad del Instituto Electoral: legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, certeza y equidad representan un importante bagaje que debe ser preservado con una actividad congruente; debe ser prioridad evitar ponerlos en tela de duda porque perdería la esencia que le dio vida. La responsabilidad que implica acomodar la acción con los principios es colosal, como grande es la misión que se tiene para auspiciar un proceso electoral con resultados libres de toda sospecha.

No por pesimismo pero, por lo que hasta ahora hemos venido presenciando, el ambiente pronostica tormentosos acontecimientos y mucho se teme que lo hasta ahora visto no pare allí. Sea por Dios y venga más, decía el clásico.

alfredobielmav@hotmail.com
Junio 2010





UNIVERSIDAD Y CULTURA



Por Alfredo Bielma Villanueva




Sin lugar a dudas, todo ámbito universitario refleja la realidad que lo circunda; su campus está enriquecido con la pluralidad de pensamiento y el pluriclasismo de quienes componen su matricula; es la esencia de la sociedad, y lo que en esta ocurre impacta directamente en el seno universitario. Entre la universidad y el acontecer social hay establecida una interrelación permanente en la que el rumbo universitario, incluido el académico, es guiado por los vaivenes sociales. Nada en una universidad es invento de utopía, porque aún las ideas más retardatarias o las extravagancias existencialistas encuentran fundamento y raíz en el contexto social de su desempeño.



Para contextualizar podemos tomar un caso revelador: la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana está ofreciendo tres diplomados: uno sobre Derecho Electoral; sobre Juicios Orales otro y uno más sobre Derecho Ambiental; como se podrá observar la materia de esos cursos guarda estrecha relación con la temática que mantiene preocupada a la sociedad. Los temas son de una actualidad extraordinaria porque su contenido forma parte de lo que interesa al género humano en cuanto a asuntos del interés general.



Para efectos de nuestro comentario, dada la actualidad del tema, lo electoral cobra especial importancia justo ahora que la ciudadanía veracruzana y la de otros once Estados de la federación transitan por procesos comiciales para el cambio de sus autoridades; esto nos recuerda que el conocimiento de la normatividad electoral cobra vital importancia por cuanto a que es conveniente para el desarrollo democrático de los pueblos.



En tiempos de la república juarista cuando obligado por las circunstancias Juárez debía permanecer en continuo peregrinar por el país, era prácticamente imposible realizar elecciones que legalizaran el status jurídico del gobierno, tal como la oposición conservadora lo exigía. Sin embargo el imperio de la ley se respetaba, y aunque las elecciones eran meros simulacros se llevaban a cabo para cubrir el requisito constitucional que el benemérito necesitaba para mantenerse en la legalidad. No podía hacerse de otra manera, sobre todo si consideramos la condición analfabeta de la gran mayoría de la población.



No había “pueblo político”, esto es, un sector poblacional preparado para participar en elecciones y comprender el sentido de estas. Ahora a ése “pueblo político” se le reconoce como ciudadanía, que es la más noble de las condiciones del hombre viviendo en sociedad. No obstante, corriendo el tiempo se ha demostrado que el ciudadano mexicano aún no toma plena conciencia respecto de la importancia de su participación en los comicios, al ignorar que en una democracia la formación de todo gobierno debe pasar por el filtro de la sociedad, representada para estos efectos por la ciudadanía.



En el devenir de nuestra historia como nación la consolidación de la democracia ha sufrido serios tropiezos; hemos sido testigos de fraudes electorales, de imposiciones desde el poder, de simulación electoral, etc., entre otras muchas, estas han sido las características que identificaron a nuestros comicios antes (y aún después) de sacar al gobierno de su organización.



Es pertinente recordar que ninguno de los avances en materia de instituciones y leyes electorales le ha sido dado a la población por obra y gracia de la autoridad, nada ha sido gratuito porque se han conseguido mediante la presión ciudadana. En 1991 nació el Instituto Electoral que se encarga de organizar los procesos del orden Federal, fue en respuesta a la presión ciudadana originada en las dudas que dejaron los resultados de la elección presidencial de 1988. Posteriormente, a cada Estado le ha correspondido crear sus respectivos Institutos Electorales, que son instituciones cuya encomienda es otorgar credibilidad y confianza a los procesos electorales, con la encomienda de suprimir los tradicionales fraudes organizados desde el poder.



Tomando por caso las experiencias de la actuación del Instituto Federal Electoral, aún con toda la autoridad profesional de quienes lo integraban en 2006, vivió momentos en los que su credibilidad estuvo en tela de duda por el sesgo que tomaron los acontecimientos previos a su dictamen final respecto del vencedor en la contienda presidencial de ese año. El resultado ha sido un gobierno enmarañado en la sospecha de su origen, aunque legitimado formalmente según las reglas establecidas. La consecuencia de aquellos titubeos del árbitro electoral fue el desfiguro de los inicios del nuevo gobierno, a ese grado llega el impacto de su importancia.



Ello nos lleva a deducir que, si el órgano electoral pierde autoridad porque su proceder es errático y suscita desconfianza, estará mandando una mala señal para acontecimientos futuros. Si el órgano es acusado de comportamientos parcializados y estos son comprobables el diagnóstico puede ser de pronóstico reservado.



De allí la importancia de que la ciudadanía permanezca vigilante de que, en el caso de Veracruz, el IEV prestigie las intenciones que le dieron origen y garantice imparcialidad y limpieza electoral.



Ese es el sentido, la idea, del Diplomado universitario a que hicimos referencia: “desarrollar y fortalecer habilidades, actitudes y valores que fortalezcan la educación cívica y la cultura democrática, que permitan la adecuada defensa y garantía de los derechos políticos de los ciudadanos y la existencia de una democracia sustantiva, verdaderamente efectiva, capaz de lograr los acuerdos necesarios para el desarrollo integral de nuestro país”, según se afirma en la convocatoria a la inscripción.



Del Diplomado sobre Juicios Orales, el dictamen sobre el caso del “Padre Chuchín” habla por sí sólo acerca de la necesidad de “desarrollar las destrezas técnicas necesarias para dicho desarrollo jurídico acusatorio”. Qué decir del Diplomado sobre la protección al medio ambiente, un asunto de vida o muerte para la humanidad que en Veracruz el caso de “Tembladeras” nos recuerda permanentemente.



La sociedad no avanza sin gobierno; la fuerza auto regeneradora de la naturaleza es incuestionable, pero sin cultura que la proteja contra la tendencia depredadora del hombre pronto empeorará aún más; allí se encuentra el por qué debemos concientizarnos acerca de la necesidad de un buen gobierno que se preocupe por el hombre y su ambiente, antes del propósito egoísta de trascender su mandato a como de lugar.



alfredobielmav@hotmail.com




Junio 2010


PATÉTICO

Por Alfredo Bielma Villanueva


Como en una tramoya en la que la ciudadanía ocupa el lugar del espectador, el director de escena se encarga de escoger el tipo de música que servirá de fondo. Trasladando la puesta en escena, tomando al actual proceso electoral veracruzano como argumento principal, a continuación se requiere escoger los acordes a modo, que en este caso serían, ni duda cabe, de Wagner por los tambores de guerra que se escuchan, combinados con los de la Patética, de Beethoven, por sus “comienzos tormentosos, violentamente dramáticos y apasionados”, como pudiera calificarse al atípico proceso electoral que estamos presenciando en la arena política veracruzana.


Patética, porque lamentablemente la democracia fue arrollada a partir de la designación de los candidatos al gobierno del Estado. Recuérdese que ninguno de ellos fue electo con la participación efectiva de las bases de sus respectivos partidos. Dante lo fue por decisión unánime de su cúpula (dos o tres); Yunes Linares por la decisión presidencial, tomada en base al comportamiento pecaminoso de Buganza; Duarte, por el dedazo flamígero que fulminó las aspiraciones de Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla.


Patética, porque es la sensación que despierta al observar la fotografía en la que Gerardo Buganza levanta el brazo derecho de Javier Duarte y provoca una gran diversidad de reacciones, subjetivas todas, según la trama psicológica y moral de quien la mire. Puede ir desde la risa hasta el coraje, pero en política todo es amoralmente aceptable. En esta partitura Duarte no tiene culpa alguna, solo se deja querer, pues a quien le dan pan que llore; los pocos o muchos votos que le logre juntar Buganza se sumarán a su cuenta, aunque en el fondo la intención de éste no sea para hacerlo ganar, si no para provocar el fracaso de quien lo superó en la contienda previa a la candidatura panista, después de sopesar en la balanza las deslealtades y traiciones. Se supone que todo eso tiene un precio, o ya lo tuvo.


Patético, porque ¿Cuán grande debe ser el despecho incubado en un político para que nos obsequie un evento de esta naturaleza? Finalmente, como observadores del acontecer político de nuestro Estado debiéramos agradecer la oportunidad que se nos proporciona para presenciar un gesto de naturaleza humana, inédito por la forma en cómo se da; aunque marginalmente se demuestre que nada hay de nuevo bajo el sol tratándose de políticos tras la ambición del poder.


Patético, porque en la convocatoria de quien obra por despecho, en la venganza personal arrastra a conciencias inocentes. De cualquier manera será difícil conocer el impacto de esa conducta, pues al momento del recuento de votos no se podrá identificar si fue de un bugancista o de un priísta. De igual manera, se ignora si la nueva afiliación de Buganza al duartismo le causa más bien que mal a la campaña priísta.


Wagneriano, porque el presidente nacional del PAN ubica a Buganza al lado de Victoriano Huerta, aunque el símil parece exagerado, a juzgar por los fines y las ganancias de cada cual. De cualquier manera, es difícil ponerse en los zapatos de quien hace solo seis años estuvo a punto de derrotar al PRI en un Estado de las dimensiones de Veracruz; las explicaciones del porqué renunció al partido que lo hizo político resultan peregrinas, porque con su actitud él mismo ha confirmado las razones por las que no se le hizo candidato. La evidencia de los hechos vicia cualquier argumento, si alguno hubiera quedado para avalar su conducta entre quienes depositaron fe y confianza en sus propuestas, el gran viraje lo desvirtúa.


Wagneriano, porque utilizar como dardos envenenados al patético, vergonzoso, tercermundista espectáculo de los 400 pueblos y a plumas adscritas al poder, solo calientan los ánimos e incitan a contra respuestas semejantes o más rudas, preocupantes cuando no se cuenta con un árbitro moralmente capacitado para contener las aguas en el momento en que éstas definitivamente se desborden.


Patético y Wagneriano, porque sin consideración a los esfuerzos del candidato priísta por sacar adelante su candidatura, se antoja que desde la cúpula de su cuartel general se empeñan en dificultarle el camino y meterle más leña a la hoguera.


Ya de por sí vivimos en un Estado al que parece que todo le falta, según se deduce del video que presenta Dante Delgado exponiendo sus propuestas. Después de conocerlo el primer interrogante que surge es ¿entonces qué se hizo en estos últimos seis años? O bien, ¿No acaso lo que ha venido ofreciendo en sus reuniones temáticas Miguel Ángel Yunes, acerca de la seguridad pública, la educación o en materia de infraestructura rural y urbana, demuestran un radical atraso en Veracruz? Es el mismo escenario que sin duda alguna advertiría Gerardo Buganza si hubiera conseguido la candidatura panista para sí, aunque ahora sufra amnesia y se empeñe en seguir el triste papel de comparsa sin compás.


A todo esto Javier Duarte seguramente reflexionara: “mejor sólo que mal acompañado”.


Entre el tormentoso, dramático y trágico escenario de la Patética (sonata 8) de Beethoven, y los tambores de guerra que caracterizan a los arreglos de Wagner parece discurrir este proceso electoral, atípico por sus características, inmerso en circunstancias del mismo jaez, preocupante por el rumbo que están tomando las acciones. Solo nos queda desear que la sangre no llegue al río y que el resultado sea el que los veracruzanos decidan y camine por los cauces marcados por la ley.


alfredobielmav@hotmail.com

Junio 2010

SÍSIFO 2010

Por Alfredo Bielma Villanueva



El preocupante asunto de la inseguridad pública en Veracruz recuerda el mito del Sísifo de la mitología griega que, condenado a empujar una rueda cuesta arriba, al llegar a la cima ésta vuelve a caer obligándolo a repetir la acción indefinidamente. En nuestro caso el tránsito cuesta arriba parece un rito sexenal, ya por la incuria gubernamental en el desempeño de su responsabilidad, ya porque las dimensiones del problema simplemente lo ha superado; en el símil la rueda hace las veces de la retórica y de los floridos discursos.

“Efecto cucaracha”, “los malosos vienen de fuera”, “Veracruz es seguro y vive en paz” “pueden vivir tranquilos porque velamos por su seguridad”, “la basura nos la vienen a tirar de afuera”, “en Veracruz el que la hace la paga”, etc., ha sido la cansada cantaleta del discurso oficial que nos ha asegurado, sin convencernos, que éste Estado vive casi aislado del contexto nacional en materia de inseguridad pública.

Quizás, solo quizás, la tormentosa realidad haya comenzado a despertar a nuestras autoridades demostrándole que su visión está equivocada y que desde hace algunos años las “cucarachas” llegaron para quedarse; ésa es al menos la percepción pública, porque se constata todos los días en “levantones” y crímenes por doquier. No obstante, a estas alturas ya no se sabe qué es más preocupante, si la indolencia oficial o su obstinada resistencia a reconocer la lacerante realidad.

Tocadas por el impacto de los últimos acontecimientos que han estremecido a la sociedad, organizaciones ciudadanas de diferentes ramas de la producción y de servicios han pedido al gobierno que el ejército intervenga; es un requerimiento que en el fondo lleva un subliminal y amargo reproche a las autoridades, como si ya no les concediera crédito alguno en el desempeño de la defensa social. Pero es también una prueba de que la memoria colectiva es frágil, porque habrá que recordar que el 13 de febrero de 2009 se informó desde el palacio de gobierno que para redoblar la vigilancia elementos del ejército mexicano iban a patrullar a pie en algunos puntos de la entidad. Entonces se atribuyó el anuncio a la explosión de un artefacto atrás de las instalaciones de Televisa Veracruz.

Es tan endeble la memoria popular que a estas alturas ya nadie recuerda que apenas en septiembre de 2008 algunos de los firmantes de la carta del martes pasado dirigida al gobierno signaron el Plan Veracruz 10 que contiene puntos estratégicos anunciados con toda pompa y a cuyo observancia se comprometieron.

En ese entonces se informó a la población veracruzana de los diez puntos “estratégicos de acción que tienen por objetivo el que instituciones públicas se transformen en un solo Sistema Integral de Seguridad Pública, destaca la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia; la instalación de un observatorio ciudadano”, incluía la creación de un centro estatal de confianza que evaluaría la honestidad de los policías y la designación de un juez de control en el Tribunal Superior de Justicia que se encargaría de los procesos judiciales en materia de delitos graves como el homicidio, el secuestro y pederastia.

Previamente a la firma del Plan Veracruz 10 se proclamó que “no vamos a permitir que se asienten para siempre ni por periodos largos en nuestro territorio, vamos a dar la batalla, cueste lo que cueste, con la ley en la mano, para que aquí en Veracruz la ley se respete”. Al menos, como suele acontecer, suena bonito, pero solo ha sido ruido, muy pocas nueces, porque el delito permanece instalado aquí en un elevado sitial de impunidad.

También se informó, 23 de septiembre de 2008, que se habían detectado 14 puntos vulnerables en la entidad y enfáticamente escuchamos: “aquí no se vale rajarse. El que tenga miedo que se vaya, porque nos corresponde a las autoridades asumir nuestro papel, no podemos pedir la denuncia ciudadana anónima y la colaboración a ciudadanos indefensos que no tienen ni el equipamiento ni la responsabilidad de cumplir con un deber”. Tan bonito que se antojaba aplaudir.

También escuchamos decir: “tenemos que dar un paso al frente los que hayamos estado en la función pública o los que ya no estemos, es un tema de nuestros hijos, de nuestra familia, de los que quieren vivir en paz, corremos riesgo sí, nos atrevemos a tener comentarios adversos sí, pero los que queremos a la nación, a nuestra ciudad, queremos aferrarnos a dónde estamos, sería muy fácil que todo mundo salga despavorido y que sigamos generando una psicosis innecesaria, por eso estamos dando un paso al frente, para que se den cuenta que estamos arraigados en nuestra ciudad”.

Largo sería enumerar en detalle cada punto, sólo algunos: “establecimiento del Procedimiento Sistemático de Operaciones; la puesta en marcha del Sistema Inteligente de Monitoreo y Vigilancia… Instalación del Observatorio Ciudadano. De conformidad con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, comprometemos la creación de un mecanismo plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad, para la planeación, seguimiento y evaluación del desempeño de las acciones en materia de seguridad, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este Observatorio coadyuvara a fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos”.

Cuando se firmó el compromiso estuvieron los representantes del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido Verde Ecologista, entonces ofrecieron estar pendiente del cumplimiento de estos puntos para que no se quedara en la etapa de la retórica; pero fue sólo eso, la declaración del momento porque está visto que ya nadie se acuerda de lo que firmaron.

Si realmente se desea aterrizar propuestas bien valdría exigir una evaluación pública de lo conseguido hasta ahora con la aplicación de aquellos 10 puntos, y para empezar que el responsable del Observatorio Ciudadano, si lo hay, informe de sus actividades a la ciudadanía tal cual fue el espíritu de su creación.

En diciembre de 2009, Mario Vázquez Raña en entrevista al gobernador Herrera Beltrán (OEM 5-XII-09), le preguntó: “Señor gobernador, hay críticas de que algunos estados no han utilizado los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. A Veracruz le autorizaron 475.3 millones de pesos para este año, ¿se ha ejercido toda la partida, es suficiente?” Contestó: - Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FOSEG) asignados este año para Veracruz son insuficientes, Mario, para satisfacer la demanda del gasto público en infraestructura, equipamiento, evaluación, capacitación y operativos de combate a la delincuencia y al narcomenudeo.

Señor gobernador, ¿cómo está el tema de la inseguridad y el narcotráfico en su entidad? ¿Es cierto que "Los Zetas" se han apoderado del estado? - “Es completamente falso. Veracruz ha hecho la parte que le corresponde en su lucha contra todas las bandas criminales, cualquiera que sea su origen, denominación o giro de actividades. De ello da cuenta el sacrificio de policías estatales y municipales en el combate a las bandas de delincuentes. La sociedad, los padres de familia y mi Gobierno participan en estrecha colaboración con las autoridades federales y municipales, especialmente la PGR, las secretarías de Marina y Defensa Nacional. Nuestra vinculación con el general Galván es muy cercana y en la gran mayoría de los puestos de dirección de Seguridad Pública y de Tránsito hemos nombrado a acreditados militares para que se hagan cargo de la responsabilidad”.

Con todo y la insuficiencia de recursos, Veracruz exhibe un elevado subejercicio en la aplicación de recursos para seguridad pública ya que en 2009 dejó de utilizar un 48.1%. El 6 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la distribución de los 6 mil 916 millones 800 mil pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), de ellos, este año el Estado de Veracruz recibirá 332 millones de pesos.

A solo 5 meses de terminar el presente ejercicio gubernamental queda la incómoda sensación de una gran deuda del gobierno para con la sociedad, sobre todo cuando se acababa de anunciar que la seguridad de los capitalinos estaba garantizada. Por el próximo relevo de gobierno ya se observa al Sísifo social aprestándose a subir la rueda en la pesada cuesta de una sociedad insatisfecha e inconforme. Pero, menos mal, se nos informa que el 92% de la población veracruzana apoya al gobierno estatal, señal de que vamos bien…

alfredobielmav@hotmail.com


Junio 2010

SIMULACIÓN Y MENTIRAS

Por Alfredo Bielma Villanueva



El acre desprestigio que caracteriza a la clase política mexicana no es un fenómeno de reciente configuración, data de años atrás, siglos tal vez. Pudiera deberse a raíces culturales porque un ingrediente que la acompaña es la corrupción, un lastre que en este país ha sido signo de muchos siglos. Con no poca frecuencia se escucha decir a gente seria, responsable, trabajadora, enterada de lo que acontece en el contexto social, económico y político de su entorno que todo lo relativo a la política son meros cuentos, mero teatro, “todos son iguales”, “pura mentira” etc. Son expresiones que reflejan un amargo sentir ciudadano hacia una actividad que de origen debiera ser noble pero que en México está gravemente infestada por la mentira, el engaño, la simulación, la ignorancia, la corrupción, la ineptitud, etc.

Hay ineptitud y mentira, cuando los gobernantes no cumplen con lo ofrecido. Por ejemplo: ¿Alguien recuerda aquel publicitado y disputado debate nacional acerca de la refinería que después de tanta polémica el gobierno federal se comprometió a construir en Tula, Hidalgo? Bueno pues, según todo lo que se informó originalmente, desde hace un mes ya debieron iniciarse los trabajos para construirla y hasta ahora nada que se parezca a eso señala el cumplimiento de lo acordado.

Hay mentira y simulación porque, por ejemplo, después de la marcha contra la inseguridad pública, cuando se escuchó en todo México el “¡Si no pueden renuncien!, uno de los compromisos acordados para mejorar las acciones de seguridad pública, fue el de crear un Observador Ciudadano, órgano a través del cual la sociedad evaluaría y permanecería vigilante de las acciones que sobre la materia implementaren los gobiernos estatales. Al menos en lo que corresponde a Veracruz, después del efímero paso de Ahued por esa esperanzadora responsabilidad, que se sepa, ni siquiera se ha nombrado a su sucesor y nunca se supimos qué es lo que hizo allí el actual diputado federal xalapeño. No por olvidado este expediente deja de revelar el escaso compromiso del gobierno estatal para colaborar eficientemente con el punzante tema de la seguridad pública. Es un punto de la agenda del sector público que requiere explicación por parte del gobierno y del ahora diputado federal.

Es corrupción moral y simulación política cuando desde la condición de aspirante a un cargo de elección popular: llámese gobernador, diputado, senador, ediles, se hacen ofrecimientos exclusivamente con el ánimo de atraer votantes, porque no son compromisos documentados de tal manera que su cumplimiento sea exigible. De las expectativas que en cada campaña levantan esperanzas populares está repleto el expediente de las no cumplidas.

Es simulación, demagogia y engaño cuando, después de endrogar las finanzas estatales bursatilizando los ingresos por concepto del impuesto a la tenencia vehicular, ahora el gobernador nos salga con la ocurrencia de que va a desaparecer esa carga fiscal. Este acto, más que una acción de gobierno, se asemeja a una voluntariosa trama electoral que afectará a quien vaya a ser el sucesor a partir de diciembre del presente año. No se explica de otra manera porque, a sólo seis meses de entregar el cargo, cuando ésta administración ya cobró la tenencia del presente ejercicio y de los cinco anteriores, la población veracruzana no se beneficia absolutamente en nada con el acto anticipado. Además riñe con la prudencia, pues en los actuales tiempos electorales la intención de desaparecer este impuesto ya había sido anunciada como ofrecimiento de campaña por los candidatos del PAN y del PRI.

Existe simulación, engaño y corrupción cuando desde el poder se anuncian obras supuestamente concluidas y con el reporte de su financiamiento totalmente finiquitado. Lo sorprendente es que ante las denuncias públicas provenientes de la propia ciudadanía no se ejercita investigación alguna, comprobando una vez más la acostumbrada impunidad.

Por alguna nada ociosa razón, cuando fue “destapado” como candidato del PRI a la presidencia, en noviembre de 1969, Luís Echeverría dijo: “Estoy inconforme con los que dicen trabajar y no trabajan; estoy inconforme con los que dicen enseñar y no enseñan; estoy inconforme con los políticos que prometen y no cumplen…”, estaba inconforme con muchas cosas más quien, ya como presidente, se dedicó a viajar por todo el país, al que dejó temblando con una deuda nunca vista y que sus sucesores en el cargo elevaron a la quinta potencia.

Sería extensa la relación detallada de actos provenientes de la clase política, muy propios para comprobar el porqué se su descrédito. Pero bien valdría recordar que esa pandemia solo será posible desaparecerla con una mayor participación ciudadana en los asuntos de interés público. En la medida que lo hagamos impondremos límites al anchuroso espacio en el que se mueven los políticos al estilo mexicano que mucho padecemos. Por ello, el ejercicio de la denuncia pública es y será siempre saludable para el desarrollo de nuestra democracia. Sino, no, dijera el gallego.

alfredobielmav@hotmail.com

Junio 2010