Ética y Política

 

Alfredo Bielma Villanueva

CAMALEÓN

Son inéditas las circunstancias que estamos viviendo en el estado de Veracruz en cuanto se refiere a las relaciones sociedad-gobierno, a la percepción ciudadana respecto de lo que hace o no hace el sector público, en lo que tiene que ver con el enorme problema financiero auspiciado por una deuda pública convertida en pesado lastre para el gobierno estatal. Adicionalmente, la expectativa de un periodo gubernamental de dos años, sin precedente en Veracruz, al menos desde principios de la segunda mitad del siglo XX (periodo del gobernador Marco Antonio Muñoz 1950-1956), ya que quien asuma el poder se enfrentará a una problemática política y social cuyos orígenes más cercanos podemos ubicar fundadamente a partir de 2004. Todo debido al desorden administrativo y la acentuada anarquía en la implementación de las políticas públicas, junto al atropellado manejo del recurso público durante el gobierno de Fidel Herrera, trasladando efectos nocivos hacia la gestión que encabeza Duarte de Ochoa, acaso incapacitado ya para enderezar la brújula en el frente financiero.

De entrada, es posible señalar que de los tres principales fines que justifican la existencia del Estado, la Salud, la Educación y la Seguridad Pública ninguno se ha cumplido a cabalidad en términos de satisfacer la demanda ciudadana; no es apriorístico asegurar que esta conclusión riñe sustancialmente con los parámetros del discurso oficial, y no es caprichosa porque al menos en lo que concierne a Salud y Seguridad los índices de satisfacción son manifiestamente reducidos. Y en cuanto a Estado de Derecho, como aseguró en una intervención pública el doctor Francisco Berlín Valenzuela: “cabría preguntarnos ¿qué opinan los habitantes de nuestro Estado de Veracruz respecto al estado de derecho? ¿Piensan que realmente las autoridades –en general, lo respetan y se conducen de acuerdo a sus postulados?”.

Por si no bastara, una deuda pública exorbitante, elevado porcentaje de participaciones  comprometidas como garantía de los débitos, inseguridad pública fuera del alcance de las corporaciones locales, compromisos sociales incumplidos, configuran un complicado escenario con un margen de maniobra muy estrecho para el gobierno bianual próximo.

No obstante ese escenario, se observa a actores políticos en intensa actividad de proselitismo para obtener la candidatura al gobierno veracruzano, tres militan en el Partido Revolucionario Institucional, también tres en el Partido Acción Nacional, uno del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional y uno o dos más la buscan por la vía independiente. ¿Qué los impulsa a luchar por obtener tan grave responsabilidad? ¿Resolver la problemática veracruzana atendiendo a un llamado de compromiso social y vocación de servicio, o hacerse del poder para usufructo personal y de grupo en aras de un proyecto transexenal?

¿Quiénes de los pretendientes encajan en una u otra hipótesis? Obviamente, la respuesta requiere de mayores elementos de información, pero de entrada, el nombre, el discurso y la trayectoria de los aspirantes lo empieza a explicar: Por el PRI: José Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa, Alejandro Montano Guzmán; por el PAN: Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando Yunes Márquez, Juan Bueno Torio; por MORENA, Cuitláhuac García; por la vía independiente Gerardo Buganza, Renato Tronco y acaso Moreno Brizuela, más los que aparezcan. Aventuraríamos una respuesta en falso si pretendiéramos encasillar a cada uno de estos actores en la respuesta a las interrogantes formuladas, eso finalmente le corresponde definirlo a la ciudadanía veracruzana. No pocos de los aquí nombrados, con sus respectivos matices, manejan en su discurso político la necesidad de combinar la ética y la política, para privilegiar la honradez contra el imperio de la corrupción y la impunidad.

No erramos si suponemos una necesaria relación entre ética y política cuando el propósito sustancial de esta radica en participar en la cosa pública para resolver los problemas colectivos, al margen de beneficios personales; aserto que sirve para ratificar que el ambiente actual es turbio y requiere limpieza, porque demasiada corrupción e impunidad han dañado a la función pública y el descrédito de la clase política es fenomenal.

Incurriríamos en omisión si olvidáramos que la opinión pública está cansada de lo que observa y que por lo mismo está ávida de cambios substanciales. No agrada saber que un gobernador se sube al ring olvidando su condición de gobernante, solo para salir vapuleado, y no precisamente por el contrincante sino por la opinión pública que desea resultados desde el gobierno, no pleitos callejeros. Tampoco el espectáculo de un Congreso local que abdicó de sus facultades a favor del Poder Ejecutivo, al servirle obsecuentemente en todo lo que éste le instruye, dejando sin efecto la saludable separación de poderes; esto aclara meridianamente lo nocivo que ha sido para el país la partidocracia, un fenómeno a través del cual se manifiesta la subordinación de los actores políticos a los intereses partidistas y personales, al margen y hasta en contra del interés general.

En esa Caja de Pandora también se anida la irritación social que observa cómo un servidor público construye un edificio con costo millonario sin que al parecer su superior muestre extrañeza y le exija cuentas, en vista de la incompatibilidad entre la bonanza actual y la estrechez económica en que se debatía no hace mucho tiempo. En otro de los muchos expedientes que incitan el reclamo de la opinión pública se encuentra la súbita bonanza inmobiliaria de una señora, antaño dedicada al reportaje periodístico con modestos ingresos económicos pero que, tras desempeñarse en un cargo público de mediana categoría aunque con presupuesto suculento, ahora luce convertida en próspera empresaria, sin que haya reparos de parte de quien la promovió para investigar las fuentes de esa por lo menos extraña “prosperidad”. En otro renglón, encontramos que, apenas tomó posesión de su encargo como titular de una dependencia federal encargada de proteger al consumidor del exceso de comerciantes voraces, su titular tiene que salir a explicar que no es propietaria de un antro en el que se ejercitaba sexo explícito con la participación de la clientela. Estos casos nos permiten medir el nivel en el que se debate la administración pública veracruzana; como estos, existe un extenso relicario de similitudes que explican la urgente necesidad de establecer en México y en esta aldea jarocha vínculos más estrechos entre la ética y la política, pues está visto el categórico rechazo de la ciudadanía a la anacrónica manera en que hacemos “política”.

alfredobielmav@hotmail.com

1-Otubre-2015.

Odebrech en la discordia

 

Alfredo Bielma Villanueva

 

CAMALEÓN

 

Los lunes de las últimas semanas se han convertido en fuente inagotable de noticias para la población veracruzana, algunas de ellas bordan en lo increíble, otras en lo imposible y algunas más pertenecen al mundo de lo anecdótico. En general no son buenas noticias, a pesar de la intención de acarrear dosis de optimismo endosado al concepto del “no pasa nada”. Su fuente es nada menos que el gobernador del estado, en ocasión de un monologo diseñado a modo para contestar arremetidas en su contra e intentar aclarar paradas; todo porque en el equipo de gobierno nadie se ha puesto la camiseta, o bien que el titular del ejecutivo no les tiene confianza para asistirle en esa tarea; induce a la impresión de ser el equipo de un solo hombre, el clásico “solitario del palacio”.

De entre las notas periodísticas surgidas de cada lunes informativo, entre lo más sonado está la definición de “subsidio” a cargo del gobernador, en apego al inequívoco texto del diccionario de la lengua en una tentativa para explicar el “no” adeudo a la Universidad Veracruzana, aunque el ensayo es fallido pues mientras la Ley de Egresos establezca una partida presupuestal para la casa de estudios significa una obligación, que no se disponga del recurso convenido es otro cantar. Esto no obsta para aclarar que el subsidio lo aporta la sociedad veracruzana a través del gobierno y, luego entonces, no es dádiva sujeta a una voluntad devenida desde el poder.

Otro asunto hebdomadario, que despertó suspicacias, entretuvo y desvió la atención de la opinión pública, fue el del llamado puente escénico de Boca del Río, un pre proyecto que suena bonito pero que en estos tiempos de aguda sequía financiera gubernamental, aunada a la penuria económica de la población suena imposible y hasta innecesario, pues en términos de costo beneficio otros proyectos lo superarían. Todo sin considerar que sólo está en maqueta, porque aún no llega a proyecto, al grado que el ayuntamiento de Boca del Río a cuyo encargo corre la autorización de la obra no está enterado de sus detalles.

Al margen del lamentable resbalón sobre las querencias del perro chihuahueño, que ya quedó registrado para la anécdota, destaca la noticia referente a la solicitud del gobernador ante el Congreso para  utilizar participaciones federales presentes y futuras que permitan garantizar el pago del proyecto de “Autoabastecimiento de Energía Eléctrica en la entidad”; el revuelo que causó es debido a que existe mucha confusión y opacidad ¿A qué empresa se contrató y, se hizo la licitación correspondiente? ¿En base a qué parámetros se establece la necesidad del “autoabastecimiento”?

La reacción en contra es contundente pues habla de 7 mil 500 millones de pesos que se le estarían entregando a una empresa brasileña ligada a Odebrecht. La versión no es descabellada ya que encuentra sustento en antecedentes que señalan una asociación del gobierno del estado para integrar la empresa de propósitos múltiples de que se habla en la solicitud a los diputados.

En febrero de 2010 se supo de una empresa constructora brasileña “la más grande de América Latina” que tenía interés en invertir 2 mil 500 millones de dólares en Veracruz, según lo dio a conocer el superintendente de la misma, Luiz Weyll, al reconocer la buena “disposición de las autoridades estatales” en platica sostenida con el gobernador Herrera Beltrán en el parque temático Takilhsukut, en la Cumbre Tajín 2010. Weyll habló del interés de Odebrecht para invertir en petroquímica en Coatzacoalcos, “así como en otras municipalidades en infraestructura y agricultura por cuanto hace a canales de distribución, presas y riego”.

 En mayo de aquel año, Fidel Herrera se trasladó a Bahía, Brasil, pues había olfateado la inversión de 2 mil 500 millones de dólares de Braskem en el proyecto etileno XXI, que Idesa desarrollaría en Coatzacoalcos (En realidad el gobernador nada tenía que ver pues ese protocolo cuya base fueron los acuerdos que suscribieron Lula da Silva, de Brasil y Felipe Calderón de México en la Cumbre de la Unidad celebrada en Cancún), pero Fidel aprovechó para montarse en ese proyecto. Así, Herrera Beltrán informó que el corporativo Odebrecht mandó a Cleantho Leite Filho a Coatzacoalcos, lugar de la inversión. En su edición del 24 de febrero de 2010, El Universal publicó: “Braskem, la compañía petroquímica más grande de América Latina, construirá un complejo petroquímico o cracker, asociada con Idesa Petroquímica, en terrenos donados por el gobierno estatal en Coatzacoalcos”.

En agosto de 2011, el nuevo gobernador, Javier Duarte de Ochoa se reunió, también en Bahía, Brasil, con el dueño del corporativo brasileño Norberto Odebrecht, igualmente con su homólogo Jaques Wagner, gobernador de Bahía, lugar sede del capital brasileño y de la empresa Odebrecht. Con estos antecedentes es más que obvia la inferencia respecto de una muy estrecha relación entre el gobierno de la entidad con la referida empresa. “El mayor compromiso de inversión del corporativo Odebrecht está en Veracruz, ya que es el mejor estado para desarrollar inversiones porque tiene gobernabilidad y un mandatario con gran sentido social”, dijo entonces Marcelo Odebrecht, presidente del consorcio. “No hay ningún otro lugar del mundo en donde tengamos un compromiso tan grande como lo tenemos en Veracruz a través de la empresa Braskem”, dijo quien hoy está sometido a proceso judicial por actos de corrupción. La nota periodística informaba que el gobernador Duarte de Ochoa cerraba su gira por Brasil (4 de agosto de 2011) con esa “alianza estratégica”.

Una alianza que comprendía inversiones múltiples, porque además de la planta de etileno XXI ya obtuvieron la concesión de la administración del agua en la conurbación Veracruz-Medellín; están pendientes otros proyectos, como el del ingenio etanolero que en 2011 anunció el Secretario de Desarrollo Agropecuario y por supuesto el abastecimiento de agua a la ciudad de Xalapa. En 2013 dijo Marcelo Odebrecht que tenían proyectos en ejecución, desarrollo y evaluación “comprometidos por seis mil millones para inyectarse en el territorio veracruzano en los próximos cinco años” y de Duarte expresó “que ofrece plenas condiciones para la inversión privada… tenemos la seguridad que lo que viene es mejor que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años”… “Agradezco a todos y seguimos adelante, como tú dices”, le expresó a Duarte.

Lo otro ya lo sabemos, existe una viva resistencia de la población contra la intención de Odebrecht de construir seis presas sobre el cauce del río La Antigua para generar electricidad y enviar agua a Xalapa a través de un acueducto de 42 kilómetros. Según ese proyecto la administración estará a cargo de una Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa (SPMX) integrada por la empresa Odebrecht y el gobierno del Estado. Este proyecto cuenta con una inversión de 7 mil millones de pesos, el 70 por ciento a cargo de Odebrecht y el resto el Gobierno del Estado.

El antecedente legal de este proyecto es la rama de Odebrecht “Participaçao e Investimentos” (Inversiones y Participación), asociada al gobierno del estado desde el 19 de abril del 2013; cuando,  obsecuente, el congreso local autorizó el 30 de julio de ese año la suscripción y pago de un aumento de capital de la sociedad por la cantidad de $355, 795, 600.00 (según un punto de acuerdo de senadores de la bancada de Movimiento Ciudadano que exhortaba al Gobernador Duarte de Ochoa a cancelar la instalación de las presas hidroeléctricas en la cuenca de “La antigua”, y todo el “Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa).

En suma, la solicitud el ejecutivo ante el Congreso es inexplicable en términos de sensatez política, financiera y económica, y la Cámara legisladora debería anteponer el interés de la sociedad veracruzana antes de levantar el dedo para aprobarla. No encuentra sustento en la realidad veracruzana, es anacrónica por cuanto a que se presenta cuando el gobierno está a 14 meses de concluir su gestión, e incongruente porque hay sequía de recursos ya que la autorización implica enajenar a futuro mucho del presupuesto estatal ya comprometido. Además ¿Dónde radica la razón eficiente que la justifique? Algo no anda bien, porque nada encaja en lo razonable.

alfredobielmav@hotmail.com

27-septiembre-2015.

 

 

 

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La alternancia y la corrupción.

 

Alfredo Bielma Villanueva

CAMALEÓN

Si escuchamos con detenimiento el discurso que emplearon Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez siendo candidatos al gobierno de sus respectivos estados, Sonora y Nuevo León, y los comparamos con el que emplean una vez que resultaron ganadores deberíamos asumir que van en serio en eso de aplicar la ley a quienes hayan utilizado las posiciones de poder para  obtener ganancias ilícitas. Ambos actores políticos pertenecen a filiaciones partidistas de diferentes signos políticos respecto de sus antecesores, destaca el de Rodríguez porque obtuvo el triunfo por la vía independiente, pero el denominador común en su discurso fue el tema anticorrupción, una materia que por lo visto es rentable electoralmente.

Aunque no con la determinación que se desea, de cualquier manera asistimos a un espectáculo en el que, ya sea por venganza política o por verdadera vocación para combatir a los corruptos, se ha venido actuando en esa lógica. Si bien a Humberto Moreira se intentó encubrirlo al grado de nombrarlo al frente del PRI nacional, los datos duros del manejo del recurso público durante su gobierno en Coahuila hicieron imposible sostenerlo y tuvo que emigrar del país. No ocurrió lo mismo con Granier, de Tabasco, cuya extrema cleptomanía lo puso a tiro de la justicia pues las evidentes muestras de sus latrocinios facilitaron que su sucesor, Arturo Núñez, lo pusiera tras las rejas. En el primer caso, en Cohauila, el gobierno sucesor es priista y hermano del gobernador saliente, por lo que en inicio hubo encubrimiento, pero la cloaca la destaparon senadores panistas exhibiendo información sobre las corruptelas de Moreira; en el tabasqueño, el sucesor, aunque ex priista ascendió al poder amparado bajo las siglas del PRD, ha aplicado la ley al priista Granier, cuyas burdas tropelías impidieron siquiera un intento por defenderlo desde el PRI.

Pero, ¿realmente existe una correlación entre la alternancia y la lucha contra la corrupción? No es un tema que invite a respuestas apriorísticas pues subyace un acentuado riesgo de llegar a conclusiones erróneas. Esa experiencia ya la comprobaron quienes sostenían que con la llegada al poder de un mayor número de féminas se reducirían los índices de corrupción en la administración pública casi en automático; sin embargo, la realidad arroja informes que develan ausencia de correlación entre género y honestidad en la función pública; casos como el de Amalia García, quien no salió bien librada de los señalamientos que difundió su sucesor priista en el gobierno de Zacatecas en que hacía alusión a presuntos latrocinios; cierto es que una golondrina no hace verano pero se anota como antecedente. En la aldea jarocha no requerimos casos a distancia porque tenemos un voluminoso registro sobre el paso de mujeres al frente de gobiernos municipales donde el balance en términos de transparencia y honestidad no les favorecen: Acayucan, álamo, Alvarado, Minatitlán, Xalapa, Zongolica, etc., son muestras más que fehacientes.

Huelga señalar que en esos casos nada tuvo que ver la alternancia en el poder para exhibir corruptelas, pues los señalamientos surgieron en el seno de la opinión pública de los respectivos municipios, en algunos de los cuales la acción de la justicia llegó hasta el ámbito judicial, pero en los más ha habido manifiesta voluntad de encubrimiento e impunidad.

Estudiosos de la Ciencia Política atribuyen a la desigualdad del ingreso, la globalización económica, el marco regulatorio electoral e institucional moderno, como elementos de una fuerza generadora de la participación ciudadana, que a su vez es considerada como propulsora de la alternancia en el gobierno; los investigadores ubican el inicio de estos fenómenos en la década de 1980, en las recurrentes crisis económicas que derivaron en inflaciones y devaluaciones intermitentes; en el marco normativo de la Reforma Política puesto en práctica en la elección federal intermedia de 1979. La devaluación del peso y las crisis económica durante el gobierno del presidente De la Madrid (1982-1988) impactaron severamente a la clase media mexicana, de allí el resultado de la elección federal de 1988, que pudiera considerarse como un parteaguas electoral por la combinación de una baja votación para el candidato priista a la presidencia de la república, las dudas sobre el resultado electoral y un elevado número de diputados oposicionistas en la Cámara Federal. Circunstancias que coincidieron con la creación del IFE en 1991, y por una intensa participación ciudadana en 1996 arrebataron al gobierno la organización de los procesos electorales con un órgano electoral “ciudadanizado”.

La observación desde nuestra perspectiva de tiempo y lugar nos permite avizorar que en 1989 se produjo la alternancia en un gobierno estatal (Baja California), después vinieron como en cascada en 1991 Guanajuato, San Luis, Michoacán, etc., junto al otro hito de 1997 cuando el PRI pierde el gobierno del Distrito Federal y la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; tres años más tarde este proceso culmina con la alternancia en la presidencia de la república, y nueve años después, 19 entidades federativas habían experimentado la alternancia en el gobierno estatal; la era del partido hegemónico había pasado a la historia.

Aún queda en la hipótesis las interrogantes: si la alternancia política no ha detenido la corrupción, ¿qué ingredientes más se requieren para abatirla? Si la solución no está en el género, si la alternancia no garantiza honradez administrativa, ¿dónde radica la causa de la corrupción? Cuando el presidente Peña Nieto señaló causas culturales para este fenómeno pocos se asociaron a esa idea aduciendo que era cuestión de voluntad desde el poder. Pero no es nada oculto que el elemento cultural es aporta importante, muchos años de coloniaje insertaron ese mal entre muchos otros; por otro lado, si es asunto de voluntad entonces debemos esperar los acontecimientos, entre otros la manera en cómo cumplirán sus respectivas alusiones discursivas los flamantes gobernadores de Sonora y de Nuevo León. ¿Resistirán la presión de cercanos y amigos para abstenerse de proceder contra sus antecesores tal cual ofrecieron? Sería un primer planteamiento.

Pero ellos ya se hicieron del poder, otros siguen manejando el discurso anti corrupción desde su posición de pre candidatos, como ocurre en Veracruz en dónde con los matices del estilo personal incluso los pretendientes del PRI subrayan en sus discursos la lucha contra la corrupción. Los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, del PRI, han asumido la necesidad de aplicar las leyes anti corrupción y hace lo propio el panista Miguel Ángel Yunes Linares; el tema vende, y ya sea por estrategia electoral o por genuina vocación para transformar la administración pública veracruzana, quien llegue al poder en 2016 tendrá que ofrecer resultados para demandar una contraprestación ciudadana en 2018, porque la ciudadanía exige correspondencia entre discurso y realidad y cambios sustanciales en la forma de ejercer el poder y el manejo del recurso público. ¿Los dejarán hacer?

alfredobielmav@hotmail.com

20-septiembre-2015.

 

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Por los caminos de Veracruz

 

 

Alfredo Bielma Villanueva

¿Qué mecanismo mental impulsa a un gobernante a expresar ofrecimientos que difícilmente podrá cumplir? ¿Será acaso motivado por la desesperación, el menosprecio a la opinión pública o la seguridad de cumplir lo que se ofrece? Tal viene al caso por los anuncios de obras que el gobernador de Veracruz hizo en su conferencia de prensa del lunes pasado: la Construcción de un puente escénico sobre el río Jamapa y una inversión multi millonaria para obra pública; además del informe de haber invertido más de 14 mil millones de pesos para “modernizar” las carreteras de Veracruz.

Por supuesto, todo programa sobre obras proveniente del sector público siempre será bienvenido, pero… en el caso particular de nuestro estado la realidad avisa que el gobierno estatal está a 14 meses de concluir su gestión, y en vísperas de un proceso electoral para el relevo institucional del  titular del poder ejecutivo y a los integrantes del Legislativo, un motivo que tradicionalmente induce a cerrar la ventanilla del gasto y de inversión en el primer semestre del año del cambio; un ingrediente adicional que complicará el escenario será el presupuesto base cero, pues habrá recorte en participaciones federales y en programas de gobierno; se suma un buen número de expedientes carreteros que no podrán cumplirse, ya que  han transcurrido cinco años durante los cuales la obra pública ha sido escasa y, por si no bastara, el gobierno padece una crisis financiera espectacular que le ha impedido la implementación de programas de desarrollo agropecuario, mejorar los servicios de salud, para citar sólo dos de las asignaturas más destacadas con subrayados pendientes.

No se juega al agorero si se afirma que cuando mucho se inaugurará el túnel sumergido de Coatzacoalcos, una obra que solo en la utopía pudiera ensalzarse, tomando en cuenta su elevado costo y porque lleva implícito un archivo de corruptelas y desidias costosísimas para el pueblo veracruzano. Ya no será posible la autopista Córdoba-Xalapa, tampoco la de los Tuxtlas. Revestidos de optimismo esperamos que por fin se ponga en operación el ya preocupante libramiento de Cardel que, con todo y que fue “inaugurado” por Fidel Herrera en noviembre de 2010, es una obra increíblemente inconclusa y obviamente muy cara. Lo del puente escénico queda para lo anecdótico, porque sólo existe en el diseño, la brillante imaginación de quien lo concibe y el impulso entusiasta de Tomás Ruiz, pero aún no hay proyecto de obra que calcule costo y tiempo de construcción; la licitación llevará tiempo y falta conocer los costos y beneficios, porque hay quien asegura que un puente elevado sobre el que ya existe costaría  300 millones de pesos, con utilidad suficiente para evadir los mil 300 millones que costaría el “escénico”.

Para quienes recorren la geografía veracruzana, no por aire sino por sus autopistas, carreteras vecinales y caminos rurales, podrían asegurar que no existe constancia de la modernización carretera de Veracruz, sí en cambio de todo lo contrario: carreteras como la de Santiago Tuxtla a Isla que se encuentra en pésimo estado e hizo exclamar  in situ al ex diputado Bueno Torio “este es el resultado de tu administración desastrosa”; la de Misantla a Martínez de la Torre, cuyo pavimento padece aguda “bachitis” y pese a bloqueos carreteros no es posible revestir de nuevo pavimento por falta de recursos; la famosa Brecha Huasteca, que tanto presumió en la retórica el gobierno cercano a la gente, constituye una prueba más del ya histórico abandono de la zona norte del estado.

La carretera Naolinco- Misantla, está en pésimas condiciones pero sólo será bacheada; la vía corta a Huatusco y Córdoba, por Totutla, peligrosamente sinuosa y contaminada por decenas de baches sobrevive en el olvido; la carretera escénica de El Trópico-Toro Prieto- Monte Pío que inauguró Miguel Alemán, ahora luce en lastimoso abandono con vestigios del pavimento que alguna vez la adornó; el tramo Catemaco- Monte Pio es de pavimentación impensable en estos tiempos; el tramo carretero San Andrés Tuxtla-Catemaco, de vital importancia, desalienta al turismo y ha sido origen de varios bloqueos; las carreteras de la Sierra de Zongolica están en pésimo estado y obran en minutas las invariables promesas de reparación, pero el incumplimiento ha originado un sin número de bloqueos en casetas y pistas; y muchísimos etcéteras más que conforman un grueso legajo de asuntos por cumplir y convierten en utópico el contenido del pronunciamiento de pasado lunes.

Adicionalmente, surgen más broncas políticas por erráticas decisiones: la narrativa del Secretario de Gobierno sobre el derroche libertino de recursos públicos que caracterizó al titular del gobierno antecesor, ese barrer para atrás que supuestamente molestó a Fidel Herrera y terminó en sobre mesa de malos términos y en mutuos “autoelogios”, según rumora la especulación. Haber inducido a la bancada priista en el Congreso Federal para renovar los embates contra Miguel Ángel Yunes no encuentra explicación sino en la orfandad de sentido común. Como si la entidad Veracruzana no tuviera problemas en qué ocuparse, los flamantes diputados orientan sus esfuerzos en contra de quien consideran les puede arrebatar las fuentes de las canonjías que vienen usufructuando desde 2004. Por si el horno no estuviera para bollos se insiste en el diferendo con la rectora de la universidad veracruzana, sin medir las posibles consecuencias al bordar en el ámbito estudiantil.

Tras la semiabierta Caja de Pandora, nada bien se advierte el subliminal desencuentro entre una rectora universitaria que lucha por salir adelante en su grave responsabilidad y el gobierno que enconadamente le reprocha la “mala” ocurrencia de propiciar que el diputado panista, Yunes Linares, aprovechara la ocasión para difundir la deuda que el gobierno tiene con la casa de estudios; ese affaire indujo al despropósito de señalar el subsidio aprobado para la institución educativa por el Congreso como si fuera producto de una dádiva, originado en una voluntad unipersonal, cuando histórica y programáticamente el apoyo es de la sociedad en cumplimiento de un deber constitucional, con tal o cual gobernador ese subsidio seguirá vigente.

Este enfoque no pretende la descalificación a priori, no como para insinuar un expreso propósito de mentir para engañar; pero sucede que la sociedad veracruzana en 2010 despertó de una pesadilla que le avisaba un tránsito de seis años por una senda de turbulencia retórica, de un lenguaje hiperbólico que le ocultó la realidad, que hubo derroche, que la corrupción se enseñoreó en la administración pública por un ejercicio patrimonialista del poder, de allí que al menor asomo de una semejanza se responde con duda; esa es la razón de las voces dubitativas sobre una obra que como la del puente “escénico” no “cuadra” en el escenario actual, y suena difícil de concretarse en lo inmediato, no por complicaciones técnicas sino debido a las circunstancias imperantes en materia de finanzas públicas que son un verdadero desm….

 alfredobielmav@hotmail.com    

13-septiembre 2015

 

 

 

 

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El drama de Veracruz

 

Alfredo Bielma Villanueva

 CAMALEÓN

Cuando México era considerado como un cuerno de la abundancia la entidad veracruzana destacaba en el concierto nacional por sus feraces tierras, su folklor, sus bellezas naturales, bosques, lagunas, un extenso litoral, pozos petroleros por doquier; coronaba esa dorada percepción la destreza para la política que se suponía a los oriundos de estos lares, dos ex presidentes de la república se enarbolaban como muestra. Mucho del prestigio del ser veracruzano se debía a Alemán Valdez y a Ruiz Cortines, pero también a Díaz Mirón, a Toña la Negra y a Agustín Lara; Veracruz era un envidiable paraíso que se apuntaba en el futuro promisorio del país.

Pero por alguna razón con el transcurrir de los años esas expectativas quedaron en un pasado romántico, ahora desde afuera nos ven con malicia y el descrédito de nuestra clase política es fenomenal. ¿Cuándo comenzó la decadencia, en qué momento de nuestra historia como entidad perdimos el rumbo que nos dibujaba un prominente porvenir?

Incurriríamos en error si pretendiésemos insertar en dos apretadas cuartillas las razones del porqué estamos como estamos, además, esa es tarea que han hecho con bastante autoridad investigadores universitarios. Sin embargo, por los datos que la realidad aporta, es posible transcribir parte de lo que ocurre en la entidad veracruzana, ahora que la administración pública está afectada por una crisis financiera de proporciones inimaginables hace algunos lustros.

La Coneval y el Inegi ya nos han ilustrado sobre estadísticas que denotan pobreza en un gran segmento de la población veracruzana, del desempleo que impera en nuestra economía, del magro crecimiento económico de la entidad, y una infraestructura carretera, urbana y de salud en estado deplorable. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, el Orfis, la Comisión de Vigilancia del Congreso y el gobierno estatal ya han informado a su manera de una deuda pública de proporciones mayúsculas, esa que mantiene postrada a la administración pública estatal al grado de impedirle cumplir con los compromisos de rigor y mes tras mes se dificulta aún más. Este escenario es indeseable por todos conceptos, y pasa a calidad de insostenible cuando se combina con el de una inseguridad pública que no ha sido posible controlar. Este patético conjunto configura un panorama que el más obcecado de los optimistas no podría dejar de reconocer.

Por si no bastara, como para desalentar a quienes se atreven a advertir esa insoslayable realidad, desde el gobierno se adoptó la estrategia de atribuirle al titular del gobierno antecesor la autoría principal de la deuda pública y por ende culpable de la crisis actual, ¿quién pudiera argumentar en contrario?

Para referirse a la vocación populista de Fidel Herrera, dice el Secretario de gobierno, Flavino Ríos, que el ex gobernador repartía dinero a manos llenas sacándolo de las bolsas de su pantalón para repartirlo entre quienes se lo pedían, ese recurso pertenecía al erario, sin duda describe una verdad. Y precisa: “No es que yo defienda a Javier Duarte, simplemente le tocó ‘bailar con la más fea’ hablando en términos económicos y administrativos, porque todo se lo heredó Fidel”… ¡Ah! Pero la responsabilidad es compartida: “Estoy hablando de mucha gente, empresarios, contratistas. Se dice, se comenta, cómo era el ‘diezmo’, el 15 o el 20 (por ciento), lo comentan y lo dicen”.

Si bien el argumento de Flavino es certero, cae sin embargo por su propio peso, y produce un efecto de boomerang si recordamos que el actual gobernador fue el Secretario de Finanzas de aquel gobierno y que, en todo caso, el deslinde de responsabilidades que hasta ahora se intenta debió ejecutarse hace cinco años, al inicio de la gestión, cuando la sociedad esperaba explicaciones desde un gobierno que había ofrecido “lo mejor”, al que se suponía voluntad de transparentar lo que recibía y deseoso de cambiar de rumbo, pero que prefirió el camino de la opacidad y del más de lo mismo.

Por su parte, el senador Héctor Yunes Landa también reconviene: “¿Dónde estaban quienes hoy se rasgan las vestiduras y fustigan a diario al gobierno del estado, cuando esta deuda se estaba generando?”… “esta deuda no se generó de la noche a la mañana, sino a través de varios años y en por lo menos tres administraciones estatales”. Esta interrogante sugiere una hipotética culpa de algún sector de la sociedad veracruzana que acaso se mostró indolente para protestar contra el endeudamiento; por lo que, a cambio es válido cuestionar: ¿Dónde estaba la representación popular, que en vez de negar la autorización para endeudarse votó con su tradicional obsecuencia para contraer compromisos bancarios y bursátiles cuyo destino todavía se desconoce? ¿En qué momento un diputado salió a informarle a la sociedad veracruzana del enorme adeudo que se estaba aprobando por el Congreso local?

 No es el tiempo ya de descargar culpas ni de lanzarlas al patio vecino, sino de resolver el problema, salvo que queramos proseguir la inercia de once años de estancamiento, lo que implica retroceso. La pésima idea de concebir un gobierno de dos años a continuación de esta debacle acarrea mayores problemas al sucesor (quien quiera que este sea), porque recibirá un complejo compromiso cuya solución requerirá de mayores sacrificios de la población veracruzana. El compromiso incluye transparentar las acciones de gobierno, aplicar la ley abatiendo la impunidad y devolverle el decoro a la función pública.

alfredobielmav@hotmail.com.    Sociedadtrespuntocero.com

6-septiembre-2015.

 

 

 

 

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Sociedad y gobierno catatónicos

 

Alfredo Bielma Villanueva

CAMALEÓN

 

Si se equipara los fenómenos sociales con el funcionamiento del organismo humano, como quería Spencer, concluiríamos que de la misma manera en que un virus encuentra campo fértil en un cuerpo débil, así en el entorno social se producen fenómenos que se originan con causa en la debilidad del gobierno y/o la actitud pasiva de la sociedad. Tal ocurre con el caso de la estatua que el alcalde de Orizaba erigió a la memoria del dictador Porfirio Díaz, un evento de no menor importancia porque impacta contra concepciones históricas que el ser nacional ha venido cultivando desde la etapa posterior a la Revolución Mexicana de 1910, ese movimiento social cuyo centenario no ha mucho celebramos en memoria de quienes lucharon contra una feroz y longeva dictadura.

El gobierno de Veracruz, por debilidad política o porque está abrumado por sus problemas financieros,  se ha mostrado ajeno a este asunto al optar por concederle un bajo perfil, pues ni en el sector educativo ni en el político se han manifestado para hacer patente la posición del gobierno respecto de la colocación de la estatua a Porfirio Díaz en territorio veracruzano. Hubo una tímida opinión de la Secretaria de Educación quien casi a hurtadillas expresó: “No se trata de satanizar (a Díaz), sino al contrario… Es importante para que a todos nos dé más por adentrarnos en la historia de nuestro país y los hombres que tuvieron puestos importantes…". ¿Acaso quiso decir que a Huerta y Santana que desempeñaron “puestos importantes”, también habrá que levantarles una estatua “para adentrarnos en nuestra historia”?

No es el nuestro un trasnochado historicismo contra la referida estatua en Orizaba, tampoco un desgarre de vestiduras sobre un acontecimiento ya juzgado. Pero no es cualquier acontecimiento, se trata nada menos de unos de los cimientos sobre el que ha girado la historia de México de los últimos cien años. En nuestro caso, por lo menos existe curiosidad inquisitiva por saber qué ocurrirá con la instalación de una estatua que honra la memoria de un dictador de cuyos actos represivos en Veracruz y en toda la república existen dramáticas y atroces constancias. Una de ellas se produjo a escasos kilómetros de Orizaba, en Río Blanco, cuando la sangrienta represión obrera de 1907, semejante a la de Cananea en 1906. A partir de ahora ¿Qué significado se  conferirá al homenaje en memoria de los caídos en aquella protesta laboral que figura en los anales de nuestra historia como una de las acciones precursoras del movimiento que derrocó al ahora homenajeado en Orizaba?

En el territorio veracruzano, en 1879, cuando Porfirio Díaz gobernaba al país en su primer cuatrienio, hubo en la ciudad de Veracruz una manifestación de adeptos a Sebastián Lerdo de Tejada, y el presidente de la república, homenajeado ahora, mandó un telegrama de contenido trágico al gobernador Luis Mier y Terán para que los matara “en caliente”. ¿Eso no objeta los motivos del homenaje en estatua?

Por si no bastara, es preciso recordar la terrible persecución que sufrieron los Tarahumaras durante la dictadura porfiriana, cuando miles de familias Tarahumaras y Yaquis se desintegraron porque hijos, esposos, mujeres y hasta niños fueron conducidos a los campos de explotación henequenera en Yucatán de donde ya no salían porque aquellos hombres de hierro en dos o tres años morían de cansancio, de sed y de hambre. También aquí cerca, en Paso Nacional existían esos campos de exterminio, en donde la producción algodonera requería de mano esclava, que en esa condición llegaban los perseguidos y castigados por el porfiriato.

En 1892, para acallar las soliviantadas protestas de la población Tarahumara de Tomóchic, en Chihuahua, defendiéndose en contra del voraz latifundismo, tropas del gobierno arrasaron con toda la población para dejar constancia de su “firme voluntad” de imponer  el orden para el progreso.

Cuando en 1867 las tropas comandadas por el General Mariano Escobedo asediaban la ciudad de Querétaro con Maximiliano adentro y Porfirio Díaz hacía lo propio con la Ciudad de México, el general oaxaqueño no resistió su fruición de poder y le propuso a Escobedo dar un golpe de mano militar para compartirlo entre sí tras despojar a Juárez de la presidencia de la república.

Sufragio Efectivo, No Reelección ha sido la divisa del México postrevolucionario, se adoptó como un repudio subliminal a quienes por gozo de poder intentaran repetir lo que Díaz protagonizó con excelente actuación, sirvió para recordar que fue uno de los motivos torales del movimiento armado de 1910 que costó la vida de millones de mexicanos; y cuando Obregón olvidó que la reelección presidencial ya era fruta prohibida cayó víctima de sus aspiraciones reeleccionistas. Ese concepto lo enarboló Porfirio Díaz contra Juárez en 1867 cuando aspiró a la presidencia de México, lo volvió a ondear en 1871, otra vez contra Juárez, y en 1976 contra Lerdo de Tejada, a quien de plano despojó del poder. Paradójicamente, aquella obsesión anti reeleccionista se convirtió en seis sucesivas reelecciones en la presidencia de la república.

Hubo orden y progreso se dice para laurear a Porfirio Díaz, uno de los héroes de Puebla, continúa el panegírico, el que puso al país en la vía de su desarrollo económico a costa de menguar el desarrollo político, citan ferrocarriles, puentes y en un ciego balance le conceden la extrema unción. Olvidan que en la relación costo beneficio sale perdiendo ¿cómo evaluar una obra material que se hizo en 30 años de gobierno en base a los sacrificios del pueblo mexicano sumido en la extrema pobreza, en beneficio de una clase política corrupta y una burguesía que prosperó al amparo del poder ejecutando al extremo el darwinismo social? Porque eso fue el porfiriato, cuya cúpula elitista, la del poder económico y político, la de “Los Científicos” que enarbolaron el positivismo como fórmula ideológica que “vistió” una dictadura sangrienta, la misma que ahora enaltecen con una estatua.

“En política, la primera concesión es la que cuenta”, decía Venustiano Carranza para referirse a la necesidad de cambiar de raíz, destruir el viejo régimen y de esa manera evitar la restauración. Si esa estatua en Orizaba permanece enhiesta gracias a la actitud ahistórica e indolente de un gobierno, estaremos asistiendo al inicio de una reconfiguración de nuestros modelos y paradigmas históricos. “Crecer a costa de lo que sea”, pudiera ser el nuevo paradigma, Porfirio Díaz en eso es muy buen ejemplo.

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Septiembre 2-2015.

 

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