LA HISTORIA DE UN PROCESO
Alfredo Bielma Villanueva
Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, acusó al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, de modificar sus posturas en torno a la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de la Sierra de Zongolica.
“Contradice lo dicho por él antes. El señor Fidel Herrera, gobernador del estado de Veracruz, a mí me informó que se estaba haciendo el análisis de todos los miembros del Ejército destacamentados en Zongolica y que habían detenido preventivamente a dos miembros del Ejército, eso me lo informó a mi Fidel Herrera y que me desmienta. Entonces hoy no sé si ya recibió instrucciones para echarse para atrás”, sostuvo Acosta Naranjo. (EL Universal, 30-IV-07)
De repente cambió el tono del dialogo conciliatorio que mantuvieron los diputados del PRD con el gobernador de Veracruz, al que llegaron incluso a proponerle una alianza entre ellos contra el Presidente de la CNDH, porque este declaró con mucha antelación que no había crimen que perseguir.
Vayamos al principio de esta triste historia en la que por un lado, los habitantes de la Sierra de Zongolica, ofendidos por la extrema pobreza, la discriminación y la impunidad, claman porque se aclare el caso de la supuesta violación de la señora Ernestina Ascensio. Por otro lado, una dependencia estatal, la procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz encargada de la investigación del caso, se encuentra en medio de una disputa en la que el menor de los calificativos que se le tributan es el de ineptitud. En la otra esquina, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien declaró que la señora Ernestina Ascensio murió victima de una úlcera gástrica y que no hay delito que perseguir. Coincide en esta conclusión con lo que días antes declaró a La Jornada el Presidente de la República. (Los entrecomillados corresponden a noticias publicadas en los Diarios El Universal, Milenio, Diario de Xalapa, Imagen de Veracruz, Política)
Después de los inciertos inicios, el gobernador Fidel Herrera adoptó el juicioso enfoque de esperar a que el Ministerio Público finiquitara la investigación que por ley le corresponde hacer. Al término de esta, la conclusión a la que llegó resultó coincidente con la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido de que no hay delito que perseguir.
Una historia que empezó a conocerse a través de la prensa el 27 de febrero, cuando daba cuenta de los hechos ocurridos en la congregación de Tletacingo, municipio de Soledad Atzompa, uno de los más marginados de la república mexicana. Una señora de 73 años de edad, decía la noticia, había sido violada en el interior de su domicilio y se mencionaba la presunta participación de cuatro miembros del ejército en el atentado contra la señora Ernestina Ascensio. Allí cerca, había un campamento militar con 150 elementos del 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar.
La nota periodística señalaba que la anciana dijo a su sobrino Miguel Castro de Jesús que “Fueron los soldados los que se me echaron encima y me atacaron” (DX 27-II-07). La ataron de pies y manos y la violaron. La misma versión obtuvieron los hermanos de la agredida, Luís y Fernando. Para auxiliarla médicamente consiguieron la intervención de René Huerta Rodríguez, dirigente del Congreso Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica para que la trasladaran al Hospital de Río Blanco, al que ingresó a las 23 horas del día 25 en estado de coma y en el que falleció a las 6.25 del día 26. El reporte médico, según la nota, reportó datos de “violencia anal”.
En la Agencia Especializada en delitos Sexuales se integró el expediente 410/2007 por el delito de violación y homicidio. “Exigimos justicia, estamos seguros de que la violación y muerte de mi tía la realizaron los soldados”, dijo Miguel Castro de Jesús. El hermano, Fernando Ascensio, por su parte dijo: “Aunque los militares nieguen, ellos fueron los que abusaron de mi hermana; hay testigos y pruebas de su culpa”.
Al lugar de los hechos por parte del gobierno del Estado, se apersonaron el Subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Mora Domínguez; el Subprocurador Regional Miguel Mina Rodríguez y Alejandro Ramírez Morales, del Centro de Planeación y Estrategias, para recabar las primeras impresiones de lo ocurrido.
El sepelio de la difunta Ernestina Ascensio fue el martes 27, en Tetlacingo. Allá se dirigió, para dar sus condolencias a los familiares, el gobernador, quien dijo que el Ejército estaba “comprometido con nosotros a investigar y castigar con la ley, la jurisdicción del fuero común y la jurisdicción castrense, a quienes resulten responsables”. Aprovechó la ocasión para ofrecer que serían entregados dos vehículos para transportar a estudiantes de primaria y secundaria y que se rehabilitaría el camino de Soledad Atzompa a Tepaxapa. Una nota periodística informaba que “Los cuatro elementos del Ejército mexicano señalados como los presuntos responsables de este crimen están a disposición del Ministerio Público”.
También presentes el día del sepelio estuvieron el Procurador Emeterio López Márquez, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Orozco, el Director de la Policía Ministerial, Gabriel Pérez Gutiérrez y el Subprocurador Regional, Miguel Mina Rodríguez, a quienes los habitantes del lugar retuvieron, por algo más de media hora, impidiéndoles la salida por carretera para expresarles su deseo de que se hiciera justicia. (28-II-07)
En Santiago Tuxtla, en las festividades del primer viernes de marzo, el gobernador habló de la violación y muerte de la anciana en el municipio de Soledad Atzompa, reiteró su ofrecimiento de investigar a fondo y descartó cualquier problema de reacción violenta de la población, por lo que agradeció “a las comunidades de los Pueblos Indígenas, a la CROIZ, al ingeniero René Huerta, al propio Julio Atenco, que han sido muy respetuosos y confiados de la fuerza moral del gobernador del Estado y no se produjeron actos de interrupción de la vida normal de la región”:
Pocos días después, en un comunicado de prensa, el número 017, de la Dirección general de Comunicación Social de la Sedena, el 2 de marzo, se informa que se hicieron exámenes médicos a efectivos militares de la brigada situada en la comunidad “sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre”. Para atemperar los ánimos el gobernador declaró: “Les digo dos cosas. Primero, ese crimen artero y abominable no va a quedar impune, Segundo, cualquiera que sea responsable lo vamos a encontrar, porque está cooperando la comunidad, porque está cooperando el Ejército y la autoridad”.
Como hubo voces pidiendo el retiro de la partida militar de la zona, Fidel Herrera declaró: “Por cuanto hace de que salga, no se salga, no existe un destacamento fijo, no hay una base, son grupos móviles estratégicos que conforme a la Ley de Seguridad Nacional y el Plan de Seguridad de Veracruz desplazamos, porque se acuerdan ustedes que tenemos un combate organizado contra el crimen organizado”. (5-III-07)
El sábado tres de marzo, un acontecimiento en donde corrió la sangre conmocionó a la población veracruzana: en la comunidad de Villarín, municipio de Veracruz, se desató una fuerte balacera entre los participantes de una carrera de caballos, con saldo de dos muertos, entre ellos el llamado “Zeta 14”, cinco heridos y cinco detenidos. Un asunto de gran trascendencia en medios nacionales que impactó severamente el ánimo de gobernantes y gobernados. Encontrando al Procurador que se apersonó en el puerto de Veracruz para seguir de cerca las primeras investigaciones, los reporteros le preguntaron sobre el caso de la Señora Ascensio, a lo que contestó que “tenemos solamente la versión que nos dan de oídas las personas que auxiliaron a la señora”.
En reacción al informe de la Sedena el alcalde de Soledad Atzompa rechazó la versión, dijo: “nosotros estamos seguros que fueron soldados, no fueron lugareños porque en la comunidad en donde ocurrieron los hechos hay gente pacífica, no hay violencia y nunca se ha presentado ningún hecho de violación sexual como pasó con esta mujer indígena”. (8-III)
Por las dudas que por el desarrollo de la investigación se iban generando, a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 9 de marzo se exhumó el cadáver de la señora Ernestina Ascensio porque, según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Veracruz, Noemí Quirasco, hubo impericia, negligencia y falta de cuidado en los peritajes de la Defensa Nacional respecto del homicidio de la señora. Se argumentó que hubo un error en la investigación ministerial pues se omitió el dato de la violación, aunque si se habla de traumatismo craneoencefálico, fractura de vértebras cervicales y anemia aguda. En la exhumación participaron expertos de la CNDH, “Espero que ahora sí se hayan tomado las muestras necesarias y a ver si todavía es posible hacer lo que no se hizo” dijo Noemí Quirasco. (10-III)
Respecto de la exhumación del cadáver, el director de Servicios Periciales reconoció la falta de algunas pruebas que la hicieron necesaria. Los resultados con las nuevas pruebas obtenidas, dijo, servirían para determinar si hubo negligencia y falta de pericia del personal que hizo la autopsia. “Hubo alguna situación que corroboraremos como consecuencia de que se pudo hacer en la primera necroscopia, como el haber tomado más muestras para emitir un examen de laboratorio”. Dijo que Servicios Periciales determinó como causas de la muerte de la señora Ascencio la fractura de cráneo y anemia aguda. (13-III)
En el oficio 483 de la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual se estableció que las causas de la muerte fueron: Traumatismo craneoencefálico, fracturas de vértebras cervicales y anemia aguda, lo que coincide con el acta de defunción y el certificado de fallecimiento.
La movilidad del alcalde de Soledad Atzompa seguramente provocó incomodidad pues informó tener conocimiento de que dos militares se encontraban arraigados como presuntos responsables del asesinato de la señora Ascensio y se mostró optimista de obtener resultados confiables después de la exhumación del cadáver.
Por cierto que no dejó de sorprender su presencia en un evento priísta encabezado por el gobernador y Beatriz Paredes, en Boca del Río, al que asistió como invitado de honor. En ese acto priísta Fidel Herrera comparó la importancia de Beatriz Paredes con la de otras veracruzanas, como Lucrecia Toriz, Marina del Toro, María Enriqueta Camarillo, Josefa Murillo, Toña La Negra, Leticia Tarragó “y como Ernestina Ascensio Rosario, cuyo crimen no quedará impune y está en el corazón de todos los que respetamos a las mujeres indígenas veracruzanas” dijo ante cientos de priístas. (12-III)
Para atajar los comentarios que ya surgían en torno a la supuestamente retardada atención que se le brindó a la señora Ascensio, el Secretario de Salud veracruzano, casi 15 días después de ocurrido, declaró que se investigaría al personal médico del Hospital Regional de Río Blanco, en donde la afectada fue atendida una hora después de su llegada, a pesar de los graves síntomas que manifestaba. Aprovechó para dar la noticia de la construcción de un hospital de primer nivel en Soledad Atzompa.
El desarrollo de los acontecimientos en este caso fue tomando un giro de enfrentamiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia veracruzana porque los resultados de sus investigaciones eran diferentes. La CNDH solicitó información adicional a las autoridades locales, las que ampliaron la información solicitada no sin recordar que solo la institución del ministerio público tiene la facultad para investigar la existencia de los delitos y la probable responsabilidad de los autores. (13-III).
El día 13 de marzo, el alcalde de Soledad Atzompa permaneció por más de 8 horas rindiendo declaración ante el Ministerio Público Militar, en Orizaba. Allí, ante la teniente de Justicia Militar y agente del Ministerio Público Militar, Norma Sánchez, de la XXVI zona militar, el alcalde declaró que recibió información del gobernador Fidel Herrera acerca de la posible detención de un soldado y la fuga de otros dos militares, involucrados en el asunto de la señora Ascencio.
El 13 de marzo, el Diario La Jornada publicó una entrevista con el presidente Calderón en la que este declara que tenía información que la señora Ascensio había fallecido por “una gastritis crónica no atendida” Preguntado sobre el particular el gobernador se abstuvo de emitir opinión alguna y reiteró que esperaría a la resolución de la autoridad competente; “no voy a declarar absolutamente nada sobre este tema para que cumplan las autoridades con absoluta libertad de la autoridad, de los medios y de todos los actores, con su tarea legal” (…) Mi gobierno garantiza a la comunidad y a la sociedad que se averiguará y se castigará a quien haya sido responsable de este brutal asesinato, cualesquiera que hayan sido las circunstancias en las que haya ocurrido”. (15-III)
Por otro lado, el director del Hospital Regional de Río Blanco, Hugo Zárate, opinó que la causa de la muerte de la señora Ascensio se debió a una anemia provocada “por objeto contundente no genital”, que le perforó el intestino causándole hemorragia: agregó que el deceso no era debido a una violación sexual tumultuaria sino a fallas orgánicas múltiples y a la anemia aguda. “La falla orgánica múltiple y la anemia, se debe a la edad de la mujer, así como al posible periodo prolongado que estuvo atada de manos y que la deshidrató, pero yo solo estoy diciendo la parte médica, no soy Ministerio Público, para señalar culpables”. Aseguró que la señora Ascensio fue atendida por la ginecóloga María Elena Ramírez Cabrera; por Erick Maya Noriega y por el cardiólogo Internista Isidro Mendoza Antonio. Descartó negligencia médica en el tratamiento que se le dio a la señora Ascensio en ese nosocomio. (15-III)
El diferendo hizo crisis cuando la CNDH hizo público que existieron serias deficiencias y omisiones en el trabajo del personal médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Se omitió, dijo, el estudio de importantes órganos anatómicos, tales como cráneo, vértebras cervicales, pulmones, corazón, hígado, estómago, heces intestinales y órganos sexuales. Esto llevó a asegurar erróneamente que la señora Ascensio murió por “traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales, anemia aguda”.
Según la CNDH, como resultado de la exhumación del cadáver se encontró que es incongruente lo de la luxación de cervicales ya que no existe luxación o fractura alguna de vértebras. Informó que el personal médico de la Procuraduría estatal no tomó muestras para las pruebas de laboratorio para determinar la existencia de líquido seminal que llevara posteriormente a la identificación de los posibles agresores. La exhumación no encontró perforación en el recto.
Respecto de estas declaraciones, Julio Atenco Vidal, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz) dijo: “hay un claro contubernio entre el Ejército y la procuraduría General de Justicia del Estado, pues al amparo de la confidencialidad de la información, los servicios periciales locales y la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales hicieron un trabajo sucio para garantizar la impunidad de los soldados.”
La Croisz en boletín a los medios manifestó su desconfianza en los procedimientos de quienes intervinieron en la autopsia, “desde el día de los acontecimientos, ni la Procuraduría de Justicia ni los militares habían realizado investigación policíaca ni criminalística alguna, no obstante, la Sedena declaró que ya habían realizado investigaciones científicas y sus resultados no inculpaban a los soldados”… “Ante tales hechos, el Ayuntamiento y la Croisz cuestionamos severamente que el Ejército se pretendiera erigir como juez y parte y desacreditamos la credibilidad de sus investigaciones científicas, nuestra queja la hicimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuimos escuchados por esta y su trabajo posterior puso en evidencia el teatro de impunidad organizado con premeditación”.
“Lo que debiera ser un simple acto de impartición de justicia poco a poco se descama y se convierte en un acto de impunidad, de injusticia y de discriminación racial; el crimen en contra de nuestra hermana mayor es una agresión al pueblo nahua de Soledad Atzompa, así lo entendimos y así lo asumimos, la impunidad del Ejército hasta ahora avalada por el señor presidente es un agravio a la sociedad mexicana, por ello estoy convencido que nuestra lucha para que se haga justicia a nuestra hermana y la dignificación de la persona indígena tiene el respaldo de los y las mexicanas y eso es lo más importante”.
El Procurador de Justicia, Emeterio López Márquez insistía: “Nosotros en el caso específico de la investigación tenemos que esperar que se hagan las conclusiones de los dictámenes que se practicaron con la exhumación…son como 50 días aproximadamente, una vez que tengamos los resultados podremos empezar a redireccionar lo que es la investigación”. Respecto de lo dicho por la CNDH lo consideró precipitado pues “Primero que nada tenemos que tener los elementos, ver cuales son los dictámenes para de ahí continuar”. (15-III)
Por la anticipación del Presidente Calderón acerca de que la señora Ascensio había muerto de una “gastritis crónica no atendida”, el presidente municipal de Soledad Atzompa dijo “Que el presidente Felipe Calderón venga a Tetlazinga, él es el jefe de las fuerzas armadas y necesita confirmar personalmente lo que pasó con nuestra hermana mayor”. Consideró que el Presidente no está bien enterado del suceso, y reiteró que ella fue agredida. “Podemos decir que esas palabras ofendieron a la comunidad, no sabemos de donde las sacó, pero agravian al pueblo nahua, a la familia de doña Ernestina y no caben en un jefe de Estado, un gobernante que debe velar por los más débiles”.
Sigue diciendo el alcalde: “O el presidente no supo lo que dijo o lo hizo con la intención de preparar el camino para dar impunidad a los soldados, porque el pueblo sabe que fueron ellos los culpables”. (…) Que venga adonde sucedieron las cosas, que nos escuche, que haga un lugar pequeño en su agenda para los indígenas agraviados o de lo contrario nosotros vamos a Los Pinos y le llevamos nuestro testimonio”. (16-III)
El 29 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó, de acuerdo a los resultados de su investigación, de exámenes ginecológicos y proctológicos, que la señora Ernestina Ascensio no fue violada y que la causa de su fallecimiento fue una anemia aguda derivada de sangrado del tubo digestivo por úlceras gástricas pépticas. Además se le detectó una neoplasia hepática y un proceso neumónico. “Se advierte la inexistencia de desgarres en la región vaginal de la occisa; no se encontraron equimosis difusas ni eritema ni se observaron datos compatibles con la penetración de un objeto de mayor diámetro en orificio vaginal y anal e igualmente se descartó la existencia de una perforación rectal”.
En el comunicado, la CNDH informó que procedería penalmente en contra de personal de la Procuraduría del Estado por presuntos delitos y faltas administrativas cometidos en la realización de la autopsia del cadáver de doña Ernestina. Señaló que este personal no tuvo cuidado, durante la exhumación, de obtener tejidos del cadáver. Que el 27 de marzo de servicios periciales le manifestaron que “no contaban con laminillas y bloques de parafina de los estudios histopatológicos practicados con motivo de la exhumación, toda vez que la procuraduría carecía del equipo de laboratorio para procesarlos”. (30-III)
Ese mismo día, el Director del Hospital de Río Blanco, Hugo Zárate Amescua declaró que la CNDH posiblemente concluyó en base a observaciones clínicas hechas por personal de ese Hospital. Informó que días antes el Dr. Fernando Cervantes Duarte, forense de la CNDH los visitó y tras la información que le proporcionaron “se fue con una conclusión muy clara, que no había sido objeto de violación”. Que Cervantes Duarte platicó con la ginecóloga María Elena Ramírez Cabrera, el cirujano Erick Maya Noriega y el cardiólogo Isidro Mendoza quienes le explicaron el proceso de atención a la difunta y se le entregó copia del informe médico que incluía radiografías y exámenes de laboratorio que demostraban que no había fracturas de vértebras cervicales, “las fracturas que tenía en costillas fueron provocadas aquí mismo (en el hospital), porque como tuvo un paro cardiorrespiratorio se le dieron maniobras de resucitación, entonces a la viejita se le fracturaron las costillas, pero nada más”.
Agregó que el recto tenía sangrado pero no producto de violación; “nosotros lo que concluimos y lo dijimos desde el principio, fue una falla orgánica múltiple, una paciente senil con diabetes, insuficiencia renal y que llegó séptica pero por una infección, el sangrado de tubo digestivo pudo haber sido por la ruptura de alguna víscera, pudo haber sido hasta por una salmonela, que puede provocar la ruptura del intestino”….”Habrá que esperar los resultados de la necropsia pues tomaron muestras del intestino”: (-30-III)
Por el lado de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz se tomó la decisión de suspender a los peritos comisionados para establecer las causas de la muerte de la señora Ascensio, mientras se investiga si fueron omisos o cometieron irregularidades en la investigación; aunque temporal, “no quiere decir que estemos imponiendo ya una sanción”, dijo la subprocuradora Carolina Hernández Pinzón. Pero tendrán que comparecer en el marco de la investigación que para el efecto se realice en un plazo de 5 a 15 días. (30-III)
Sobre el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador expresó “nosotros como gobierno del Estado de Veracruz, no utilizamos, en cualquier sentido o por alguna razón, para hacer una injusticia…”Mis condolencias para los familiares de la señora Ernestina Ascencio (en cuyos funerales) prometí, lo mismo que ahora, que ese crimen, como ninguno que se cometa en Veracruz, quedará impune”. (…) “nuestro respeto, reconocimiento, acatamiento, a las averiguaciones y actuaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha quedado mas que claro, con la abierta colaboración que mi gobierno dio para la exhumación del cuerpo de doña Ernestina, que ordenó la CNDH, a la que el gobierno de Veracruz contribuyó y adonde pidió la presencia también de representantes del Ejército Mexicano…Yo veo con una enorme identidad, que lo que expresó el gobierno de Veracruz en el acta de defunción de doña Ernestina, es lo mismo de lo que establece la segunda autopsia de la CNDH…Por lo que hace a la posición de mi gobierno está también expresada en el boletín oficial que expedí el 28 de febrero…”
Para la delegada de Derechos Humanos en Veracruz sí hubo violación pues, dice, ninguna mujer en el estado en que se encontraba la señora Ascencio hace revelaciones sobre violación sin ser ciertas, dijo.
La doctora María Catalina Rodríguez Rosas que participó en el dictamen número 1317 del Ministerio Público Especializado en delitos contra la familia, opinó que sí hubo violación: “himen anular con desgarros antiguos en horas, 2, 3, 5, 7 y 11. Equimosis (moretones) en toda la orla himeneal. Equimosis en pared posterior de la vagina y labios mayores con laceraciones”….Pliegues radiados del ano con excoriaciones epidérmicas en horas, esfínter anal con desgarros recientes en horas, con sangrado transanal abundante con probable perforación anal.” (“Estado de salud: grave. Pronóstico: reservado para la vida). (2-IV)
La Procuraduría estatal descubrió que los dictámenes de los tres peritos que practicaron la autopsia al cuerpo de la señora Ascensio no coincidían entre sí, según informó la subprocuradora Carolina Hernández Pinzón. “Nos han enviado copias de los tres dictámenes que se realizaron, pues se advierte una discordancia de criterios”. Un dictamen habla de fractura de cráneo y anemia por choque hipobelémico, como causa de la muerte de Ernestina Ascensio; otro de los peritajes no habla de estos elementos. (10-IV)
El 11 de abril el Procurador del Estado, aclarando que su “postura es no hablar en demasía si no se tiene concluida la investigación”, expresó: “tenemos evidencias” de la comisión de un delito en contra de la señora Ascensio. De lo adelantado de algunas opiniones respecto al asunto dijo: “lamentablemente ahí el problema de que es, sin que exista una investigación ministerial totalmente concluida y determinada, se han alzado voces a manifestar aspectos que en este momento no quisiera abonar más”. Atribuyó la suspensión de los peritos a que había inconsistencia en sus peritajes. (12-IV)
Debido a la polémica desatada entre la CNDH y la Procuraduría del Estado respecto de la investigación ministerial número 140/2007/AE relativa al caso de Ernestina Ascencio, la procuraduría emitió un comunicado en el que hace aclaraciones a los puntos que la citada Comisión resalta: A.- que hay contradicciones en los peritajes; b.- retardo en la formulación de los peritajes y c.- pérdida de indicios por parte de personal de servicios periciales. Al respecto Insistió en que no hay dilación en su trabajo, copia del cual ha sido remitido a las instituciones que lo han solicitado. Cierto que algunas de las muestras se agotaron en su desarrollo más nunca se extraviaron. Los dictámenes han sido elaborados por personal de servicios periciales y, finalmente, insiste en que conforme al artículo 21 de la Constitución General el Ministerio Público es la única institución facultada para investigar delitos, por lo que ninguna otra institución debe arrogarse ese papel.
Sobre la entrega de evidencias a la visitadora de la CNDH la procuraduría informó que se le habían hecho el 10 de abril. La Dirección de Servicios Periciales entregó los tres hisopos de muestras de las cavidades vaginal y anal de la señora Ernestina Ascensio, mismos que ya fueron analizados por los peritos de la PGJE. (13-IV)
El 16 de abril una delegación de diputados federales integrantes de la Comisión legislativa de Derechos Humanos visitó la entidad veracruzana para tratar de dilucidar lo que realmente ocurre con el caso de la señora Ernestina Ascensio, enrarecido ya por la disputa entra la CNDH y la PGJE. La idea es entrevistarse con el Gobernador y con el Procurador, así como trasladarse a Soledad Atzompa para recabar información que les aclare lo que realmente ha sucedido. Les servirá también, dijeron, para recabar daos y aprovecharlos en la ya próxima comparecencia del licenciado José Luís Soberanes ante la Cámara de diputados.
Referente a las críticas recibidas en torno al caso de Ernestina Ascensio el gobernador declaró que él no tiene la piel delgada, “normalmente me espero, no soy de espolón corto, no me caliento a la primera cachetada, me espero hasta la octava, me espero hasta que concluya la investigación para aclarar todo”. Pidió esperar a la conclusión de las investigaciones y lamentó el diferendo entre la Procuraduría estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (18-IV)
El diferendo entre la Procuraduría de Justicia del Estado y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se radicalizó pues este insiste en que no hubo violación en el caso de la señora Ernestina Ascencio sino por una gastritis mal atendida. El Procurador en cambio aseguró que “sí existen rasgos y demás, que tienen como efecto que se haya producido una violación”; y lamentó que el Presidente de aquella Institución utilice un lenguaje “tan soez, tan impropio de una persona calificada”. (20-IV)
No obstante la insistencia del Procurador de Justicia de Veracruz e el sentido de que había señales de violación que presumían la comisión de un delito, finalmente el gobernador, en base a los últimos datos arrojados por la investigación del órgano investigador, dijo que “La hipótesis con que se construyen las averiguaciones las realiza la autoridad ministerial y la parte que ya concluyó y que conozco, el Ministerio Público de Veracruz, por no existir ninguna presunción de vinculación con ninguno de los 94 elementos del batallón, no expidió ninguna comparecencia ni citatorio”. “Tengo la absoluta certeza de que no existe ninguna vinculación con algún miembro del Ejército” (30-IV).
“Fue la CNDH la que al atraer el caso hizo presumible la hipótesis de posible responsabilidad de algún funcionario público federal, y derivado de eso tengo la absoluta certeza de que no existe ninguna vinculación con ningún miembro de los 94 integrantes del batallón”. (Política 30-IV)
Después de estas reveladoras palabras pronunciadas por el gobernador estatal, apenas un día después, el 1 de Mayo se hizo el anuncio por parte del Ministerio Público de que la señora Ernestina Ascensio murió de causas naturales y que no hay delito que perseguir. En este sentido, el fiscal especial, Juan Alatriste Gómez, informó: “Existen desgarres anales en el cuerpo de Ernestina Ascensio, los cuales pueden deberse a diversos factores, razón por las que no existen indicios criminalísticos que hagan presumible la introducción de un miembro viril o instrumento por esa vía no idónea (…) se cuenta con datos de laboratorio relativos a una parasitosis y la opinión médica sobre la existencia de heces intestinales o impactación fecal (…) La institución del Ministerio Público no ejercita la acción penal por los supuestos delitos de violación y homicidios, esta es la conclusión a que se llegó después de hacer un estudio técnico, científico de la investigación”. (2-IV)
Entrevistada sobre el particular, la delegada de Derechos Humanos en Veracruz, Noemí Quirasco, quien días antes había declarado su convicción de que sí había violación, reiteró que su postura personal persiste: “Mi experiencia profesional me lo permite y sigo en lo mismo, lo demás ya queda en manos de la opinión pública”.
Allá en Soledad Atzompa, en lengua náhuatl, sus pobladores tal vez se muestren indiferentes o quizá se quejarán del dictamen final o, por ventura, viendo los beneficios que el gobierno estatal ha procurado para los familiares de la señora Ascensio, lamentarán que aquellos no sean para todos.
Dice un conocido refrán mexicano que no se deben hacer cosas buenas que parezcan malas. Pareciera aplicable al final de este asunto, pues casi aparejado con su finiquito oficial se publicó que la secretaría de la Defensa Nacional, en obsequio a la petición del gobierno del Estado, construiría en el término de 72 horas un puente que comunicaría varias comunidades del Municipio de Álamo. Extraordinaria noticia que confirma la idiosincrasia popular de la milicia mexicana, que en infinidad de desastres naturales ha dado muestras de heroísmo y desinteresada entrega. Sin embargo, la coincidencia de las noticias empaña el asunto que aquí comentamos.
El caso judicial ha quedado cerrado, resuelto oficialmente, apenas lo cual se abre el expediente virtual; ese que se nutre con la desconfianza ciudadana hacia sus autoridades y hacia sus instituciones. El que se fortalece con el rumor de intereses políticos, porque, ni duda cabe, que estos estarán presentes. Todo porque en sus inicios afloró el clásico “aí se va” del mexicano, expresado aquí por una burocracia que no desempeñó con la seriedad requerida su trabajo. Lo virtual del expediente que ahora inicia permite la pregunta: ¿ese personal que realizó los iniciales peritajes hubiera obrado de igual manera si la víctima no hubiera sido una indígena?
alfredobielma@hotmail.com
Mayo 2007
