LA CORRUPCIÓN SOMOS TODOS

Por Alfredo Bielma Villanueva

En el anecdotario mexicano se dice que durante la primera mitad del siglo XX, cuando le llevaron a un presidente de la república algunos prospectos para conformar su escolta de seguridad, le llamó la atención el que varios de ellos tuvieran notorias cicatrices en el rostro. Preguntando el mandatario por aquel detalle le informaron que eran consecuencia de los frecuentes enfrentamientos contra los enemigos de la ley; ante esa evidencia el gobernante dio la instrucción para que, en abono de su mayor seguridad, en todo caso le llevaran a aquellos que habían ocasionado la marca a los allí presentes.

Conforme pintan las cosas en Veracruz, tal parece que esa debía ser la consigna de la ciudadanía a su inefable clase política, toda vez que se encuentra en la tesitura en la que por mandato de ley elegirá necesariamente a quienes los partidos políticos le presenten como candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Si el abanderado resiste o no una investigación judicial o contable es lo de menos, la ya larga experiencia demuestra que se ha venido votando por individuos cuyo perfil moral o intelectual no es precisamente de lo mejor, a juzgar por la forma en cómo terminan manejando el recurso público del que disponen para cumplir su encomienda.

El fenómeno no es nuevo, es parte consustancial de nuestro entorno sociopolítico y tiene profunda raigambre cultural. Viene de lejos, desde mucho antes que alcanzara fama la acertada afirmación de que cada sexenio de gobierno arrojaba una “comalada” de nuevos ricos. Sería ocioso negar que esto ocurre en Veracruz, porque los presuntos señalados de corrupción por vox populi difícilmente resistirían el análisis, tan solo al comparar su modus vivendi de antes de 2004 a la fecha.

Además, está visto que ya sin recato alguno el espectáculo corre a cargo de las esferas oficiales, los partidos son los productores de la obra y los políticos las estrellas del escenario. Así lo testifican las denuncias en contra de los alcaldes de Misantla, de Pánuco, de Córdoba, de Iztacxoquitlán, tan sólo para anotar algunos de los que se atrevieron a sacar la cabeza y presumir sus posibilidades como candidatos a legisladores. Nada nuevo bajo el sol si recordamos que en 1976 la conseja popular convirtió aquel lema de campaña de López Portillo: “la solución somos todos”, en “la corrupción somos todos”, no era gratuita la admonición pues acababa de pasar el tormentoso vendaval echeverrista.

La corrupción en mandos burocráticos es comentario de la bandeja popular. Un somero recuento empezaría- puede empezar por cualquier parte- por referirse a la afamada compra-venta de votos entre los legisladores locales para aprobar leyes, acuerdos o parecer omisos, al gusto del oficialismo estatal. Seguiría con el no menos comentado renglón de las “comisiones” por obra que pronto irán emergiendo con mayor detalle; qué no decir en el nivel municipal, en donde de 212 alcaldes difícilmente habría algún arrojado ciudadano que metiera una uña al fuego en defensa de su honestidad.

Ya se ha revelado la estrategia de corromper a ciertas dirigencias partidistas para controlarlas a modo que no opongan resistencia, o bien para descoyuntar a sus dirigencias con el propósito de generar el caos a su interior. De la venta de candidaturas a alcaldes sería inútil especular, basta con advertir el perfil de algunos precandidatos para conocer el origen de su postulación. Un prototipo se encuentra en Hueyapan de Ocampo, en donde hasta un indiciado por homicidio por el desaparecido ex procurador Namorado Urrutia ventila sus aspiraciones priístas.

Si bien se recuerda, el Orfis ha dado aviso sobre los presuntos malos manejos de un buen porcentaje de alcaldes, nada se sabe que se hubiera actuado en consecuencia. Salvo la abierta presión política sobre el alcalde de Pánuco se nota opacidad respecto de las denuncias contra los de Misantla, Córdoba, Ixtaczoquitln, Minatitlán, etc., etc. Si el rasero para medir la corrupción de los munícipes es el criterio político, entonces asistimos a la más estricta aplicación de la consigna juarista que recomendaba “para los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”.

En ése trajín se pone en entredicho la viabilidad del Orfis como órgano revisor. En la década de los ´70 del siglo pasado el Estado de Veracruz se dividía políticamente en 203 municipios (apenas nueve menos que ahora), cuyas cuentas eran revisadas por 6 “glosadores” dependientes del Departamento de Glosa” del Poder Legislativo; para agilizar su trabajo se auxiliaban con rudimentarias maquinitas de calculo. Curiosamente, las cuentas de los ayuntamientos siempre salían bien, no muy diferentes que ahora, el contraste radica en que la fiscalización no tenía el enorme costo que actualmente representa el Orfis. En descargo de éste órgano, habrá que voltear a ver de quien depende la instrucción para aplicar las sanciones a que haya lugar.

Por su parte, la actuación de la contraloría del Estado es prácticamente omisa y tal parece que ha reducido su costosa existencia a vigilar que en los lunes de puertas abiertas asistan los encargados de llevar a cabo ese programa y, ya muy estricta, a vigilar el cumplimiento que ordena la declaración patrimonial.

Se habla de corrupción agregada a la descomposición porque en corto plazo por lo menos tres alcaldes están en la picota pública, exhibidos como corruptos según señalamientos de barandilla. Lo “más peor” es que las acusaciones llevan color político, sin que por esto se concluya que no haya bases en las acusaciones. Es decir, de no mediar antagonismo político alguno, como ya antes ha sucedido, los ahora acusados bien pudieron convertirse en “honorables legisladores”. Para no variar, el Poder Judicial veracruzano está inmerso en un debate sobre la corrupción de que es presa.

Mojando lo llovido, el IEV acaba de autorizar que la empresa Proisi realice el Programa de Resultados Electorales (PREP) y el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE). Una determinación cuestionada ya por los partidos de oposición porque, argumentan, la empresa cobrará por estos servicios 40 millones de pesos, una radical diferencia con los 7 millones de pesos que cobró en 2007 por el mismo concepto. Seguramente también se atuvieron a “factores socioeconómicos”.

En esa tesitura de poco serviría la propuesta de que los partidos políticos pasaran por la criba del orfis, la contraloría y los expedientes judiciales los antecedentes de cualquier pretendiente a cargo electoral pues, tal como se observa el panorama, el descrédito se ha generalizado.

Admitiendo que los reclusorios están saturados, cualquiera podría deducir que ésta sería la razón fundamental para no actuar en contra de los manirrotos. En sentido contrario, cualquier mal pensado pudiera sugerir la idea que no se actúa porque entonces ¿quién cerraría las puertas?

alfredobielmav@hotmail.com
Abril 2010