BURRA ARISCA

Por Alfredo Bielma Villanueva



Es un hecho, que la evidencia revela sin necesidad de artilugios de adivinación, el que las finanzas públicas en el Estado de Veracruz no gozan de cabal salud. Este diagnóstico encuentra fundamento en declaraciones que se hacen desde la cúpula gubernamental, lo confirma la larga lista de acreedores ante la ventanilla de pagos, lo reafirma la evidente lentitud y casi paralización de la obra pública. Las causas de ese mal pueden ir desde una mala administración hasta el retardo en la entrega de las participaciones por parte del gobierno federal; pudieran ser las dos; aunque nos atenemos a lo declarado por el senador Juan Bueno Torio en el sentido de que no ha habido omisión alguna, tal como insiste el gobierno local. De cualquier manera, lo que se advierte es preocupante porque en el sexto año de la actual administración el elevado monto de la deuda pública que ahora existe pudiera incrementarse, según los signos que el panorama enseña.


Las diferencias políticas entre el gobierno de una ínsula estatal y el gobierno federal repercuten negativamente en la población pues esta se ve afectada porque no le llegan los beneficios que deben correr a cargo de los gobernantes, que para ese mandato cuentan con el recurso público proveniente de los ingresos fiscales. En el caso de Veracruz es más que obvio que la obra pública no ha caminado al ritmo que las ingentes necesidades requieren y ello es debido a múltiples y variadas razones.


Para una mejor comprensión de lo que se teme acontezca en los últimos meses de la administración fidelista vale la pena acudir a la historia reciente porque, como el tango canta, la “vieja historia vuelve a repetirse”. Si la memoria no falla, precisamente hace seis años entre sutiles desmentidos ya se cocinaba el préstamo bancario que el gobierno de Miguel Alemán finalmente contrató para solventar los gastos de fin de sexenio.


El 14 de enero de 2004 entró al relevo de Juan Amieva Huerta en la Secretaría de Finanzas Juan Felipe Aguilar de la Llave. En una de sus primeras declaraciones el nuevo Secretario aseguraba que no dejarían deuda alguna, que la deuda estimada era de 1,480 millones de pesos y que sería pagada. Para ese entonces ya se había puesto en el tapete de la discusión pública el tema de la deuda que el gobierno federal tenía con el gobierno del estado por concepto de transferencia de recursos en materia educativa. Flavino Ríos Alvarado, Secretario de Gobierno, informó que el débito era de 5 mil millones, pero que la federación sólo quería dar 400 millones y que por esta razón se promovería un litigio e informó que la Suprema Corte dictaminaría sobre el particular a más tardar el 15 de octubre de aquel año.


Con sofismas, el gobernador Miguel Alemán aseguraba que no dejaría ninguna deuda al gobierno entrante sino que, por el contrario, le entregaría una solución con un proceso de financiamiento que se iniciaba con la solicitud del crédito hasta por 3,500 millones de pesos. (D. X. 6-X-04). A solo seis días antes de concluir su administración, cuando inauguró el fraccionamiento “Las Fuentes” y una estatua en honor al legendario héroe negro “Yanga”, el gobernador Miguel Alemán informó sobre el crédito por 3,500 millones de pesos que su gobierno contrajo con Banamex. Asumiendo su responsabilidad por esa acción comentó que no le había dicho nada a Fidel Herrera “porque en estos momentos el gobernador soy yo, el lo será a partir del primero de diciembre próximo.” Agregó que si Herrera Beltrán quisiera resolver la deuda la podría pagar con el adeudo que la federación tenía con el gobierno del Estado por 5 800 millones, después de pagarla todavía contaría con casi 2 mil millones de pesos.


Explicó que el déficit se debía a que el Gobierno del Estado se hizo cargo de las prestaciones de 100 mil maestros, hasta sumar un total de 5,800 millones de pesos, que era el adeudo que la federación tenía con el Estado en el ramo educativo.


Ahora, hoy, hoy, hoy, pende sobre la entidad la idea de hacer efectiva la bursatilización de participaciones federales, ensanchando los límites de la ya de por sí abultada deuda pública que el actual gobierno estatal heredará a su sucesor (Por el momento casi el triple de la que dejó Alemán). A esta problemática habrá que agregar la deuda de los ayuntamientos, que, como lo ha asegurado también Bueno Torio, seguramente concluirán sus gestiones entre un lamentable contexto de descrédito y corrupción por la forma tan burda y turbia con la que han aplicado los recursos obtenidos por la bursatilización de su 20% del impuesto a la tenencia vehicular. Para no variar, se advierte resistencia a admitir el endeudamiento, rodeando el tema con explicaciones semánticas. Se tienen “obligaciones financieras”, no deuda pública directa, reconoció el Secretario de Finanzas en su comparecencia ante diputados. Son “obligaciones indirectas” por 9 mil 261.4 millones, aseguró.


Para buena o mala fortuna del Estado, según se vea, la calificadora Standard & Poors pasó de A a BBB la capacidad crediticia de Veracruz y con eso se ha detenido el proceso que bursatilizaría participaciones federales, en un esquema que incrementaría la deuda del gobierno veracruzano a niveles estratosféricos. Para superar la baja calificación se requiere cumplir algunas condiciones, entre las que se encuentran reformas estructurales que a estas alturas son prácticamente imposibles de realizar.


Según Sánchez Estrada la reducción de participaciones federales ha sido de 3 mil 449 millones, 400 mil pesos; también que hay un déficit en los depósitos de la federación, pues en el 2009, de 24 mil 877 millones 700 mil pesos, se hizo un primer anticipo de 11 mil 337 millones 900 mil pesos y un segundo anticipo por la misma cantidad, por lo que el déficit es de 2 mil 450 millones de pesos.


En esa lógica ¿qué camino seguir para obtener el dinero que hace falta? Los cuentos de los políticos han convertido a la dócil burra, que no era arisca, en un manojo de desconfianza. Dijo Sánchez Estrada que en marzo de este año se definiría la fecha para bursatilizar 6 mil 800 millones de pesos de las participaciones federales que corresponden a Veracruz, a fin de recuperar los recursos que se tuvieron que invertir ante los retrasos en las transferencias del gobierno federal registrados en 2009. Ya no se hizo, pero la pregunta es ¿para qué requiere tanto dinero un gobierno que está a sólo 7 (siete) meses de cumplir su ciclo constitucional?


Si se concretara el atentado bursatilizador del 5% de las participaciones, a la deuda ya existente habría que agregar las nuevas, aproximadas a 13 mil 500 millones. Ello sin contar los adeudos a proveedores, y se sabe que con el IPE tiene un préstamo no saldado.


Si todo esto es cierto y la situación continúa como va, el canto de las sirenas de que vamos bien se antojará parecido a un cuento guajiro en noche de verano, a punto de volverse pesadilla cuando se tenga que explicar el porqué de este desbarajuste financiero y en dónde están los beneficios que estrambóticamente se han anunciado. Ante semejante realidad no faltará quien clame en el desierto pidiendo cuentas claras y chocolate espeso.


alfredobielmav@hotmail.com


Abril 2010