DERROCHE EN CAMPAÑA

Por Alfredo Bielma Villanueva

Por muy urgidos que pudiéramos estar para hacer realidad el avance democrático del país; por muy apremiados que parezcamos por perfeccionar el desarrollo de nuestros procesos electorales; por la larga experiencia que México ha padecido en cuanto a elecciones con resultados fraudulentos, por ningún motivo se justifica que en un Estado con las características de Veracruz el gasto autorizado para campañas alcance proporciones absurdas, como es el caso de las cantidades millonarias acordadas por el Instituto Electoral Veracruzano para la ya inminente jornada electoral que concluirá una de sus fases en Julio próximo.

Ahora forma parte de la anécdota, pero aquél cuento de la “fiesta cívica” con el que se calificaba a las jornadas electorales era más bien parte de la propaganda para dar fin a la ausencia permanente de votantes en casillas desiertas pero con urnas repletas de votos, virtualmente emitidos porque no tenían respaldo ciudadano. Tiempos de amenazas nunca cumplidas de despidos o descuento en sueldos y salarios en la burocracia, fábricas y talleres a quien no asistiera a votar; un atraso cívico al que ni románticamente quisiéramos regresar.

El tiempo aquel en el que el Estado organizaba y calificaba elecciones, cuando la eminente Comisión Federal Electoral era juez y parte, ha quedado atrás con la fundación del IFE, como un producto del movimiento ciudadano despertado en 1988 y reciclado en 1996 después de que numerosos grupos ciudadanos ejercitaron su derecho a exigir reformas a favor de una evolución pacífica de México.

Órganos como el Instituto Federal Electoral o el Instituto Electoral Veracruzano han devenido en herramientas fundamentales para regular las elecciones de todo tipo en México. El marco normativo que las impulsa, perfectible al ritmo de los cambios sociales, ha servido para que los relevos en el ejercicio del poder se realicen conforme a derecho. Por el influjo de estos mecanismos la alternancia se pudo observar como un fenómeno casi obligado, sin traumas sociales ni políticos, excepto los que naturalmente repercutieron al interior del partido hegemónico, el que durante muchas décadas mantuvo la presidencia de la república en su poder.

Éste año, en el que se celebran elecciones en 12 Estados de la república, a Veracruz le corresponde la transferencia de mandos en los poderes Legislativo y el Ejecutivo, así como la renovación de los 212 ayuntamientos de los municipios en que se divide políticamente este Estado.

Para nadie en la república es un secreto el lamentable estado de nuestra economía y que en esas condiciones lo que debiéramos hacer es producir y trabajar más para salir de la crisis; ahorrar e incrementar los índices de productividad, sería lo más recomendable. Esa es una elemental deducción que los consejeros del IEV, o ignoran, o simplemente les importa un bledo, a juzgar por la autorización del tope del gasto electoral que acordaron, que además va en sentido contrario al espíritu de la reforma que acortó el número de días para las campañas de proselitismo.

Así, sin congruencia alguna con el contexto socioeconómico que vivimos, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano aprobó un gasto de más de un millón de pesos diarios para la campaña política de candidatos a gobernador, que iniciará formalmente el 13 de mayo. En este renglón, el contraste respecto de la elección para gobernador en 2004 es más que notorio, pues para aquella campaña, cuya duración se extendió a 79 días, se autorizó un gasto máximo de 36 millones 406 mil 167 pesos, cifra muy por debajo de los 52 millones 102 mil 180 pesos aprobados para ésta de 2010, que por cierto está limitada a 49 días, 30 jornadas menos que hace seis años. La diferencia en pesos asciende a 15 millones 696 mil pesos entre una y otra elección. El gasto diario promedio para 2004 fue de 460 mil, 837 pesos contra un millón, 63 mil pesos para 2010; es decir, irrisoriamente en tiempo de crisis económica ahora se permite gastar más del doble a los candidatos.

Por el mismo rasero está el gasto autorizado para las campañas a legisladores y ediles, cuyos tiempos se acortan para esta ocasión en dos días: 45 a 43 para legisladores y de 35 a 33 para ediles. En 2007, para la campaña de legisladores el tope máximo fue de 57 millones de pesos, ahora asciende a 119 millones. La campaña para ediles hace un trienio tuvo un tope de 75 millones, ahora se podrán gastar hasta 154 millones de necesitados pesos. Paradójicamente, la Comisión de prerrogativas y Partidos Políticos del IEV justifica el incremento en base al “factor socioeconómico” (¿? ¡!)

En protesta a este elevado acrecentamiento Dante Delgado y Miguel Ángel Yunes proponen reducirlo por lo menos a la mitad, por considerarlo un derroche que esquilma aún más al empobrecido pueblo veracruzano. La idea de reducir esos irracionales gastos para la campaña política debiera ser acompañada por el clamor ciudadano, ojala el PRI de Duarte coincida con los otros partidos para dar fin a ese absurdo entuerto que un órgano necesitado de credibilidad como el IEV ha autorizado.

¿Cómo entender el desmesurado incremento al tope de gastos en campaña cuando, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del Estado adeudan, respectivamente, 9 y 14 millones de pesos, al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial? (IPAX).

¿Cómo compaginar ése desatinado gasto cuando se lee que en zonas serranas de nuestro Estado, Soteapan, Zongolica, están por lo menos 10 de los municipios más marginados de la república? Cuando en el Estado 15 hospitales están inconclusos por falta de recursos, según informó el Director de Cocosa. Y que por falta de apoyo de las autoridades agropecuarias, tanto federales como estatales, los productores de mango están cambiando a la siembra de chayote, a casi una hectárea de mango menos por mes, según el decir de los agricultores de Actopan.

Cómo conciliar el tremendo gasto electoral con informaciones en el sentido de que Veracruz “no sólo está lejos de ser “granero y yunque de la Nación, sino que, además ya no tiene soberanía alimentaria, pues importa maíz, frijol y arroz…y los gobierno federal y estatal han errado la estrategia para impulsar al campo, pues sólo dan recursos existencialistas y no crean proyectos de desarrollo ni apoyos de infraestructura”, según el dicho de Marta Macedo, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Para acabarla, a propósito del Día de la Tierra, nos enteramos que en Veracruz el 60% de los ayuntamientos no tratan sus aguas negras, demostrando su desinterés por las políticas ambientalistas. De verdad ¿tan cara es la democracia o, simplemente, nosotros no tenemos remedio?

alfredobielmav@hotmail.com
Abril 2010