“AJUSTE DE TARIFAS”

Por Alfredo Bielma Villanueva

El incremento a la tarifa del servicio de transporte urbano ha quedado en suspenso, toda vez que algunos sectores de la sociedad, indignados, protestaron por el imprevisto aumento, que en los tiempos que corren resulta tan dañino para el bolsillo de los veracruzanos como lo es para la salud del hombre el AH1N1. En realidad el incremento había sido puesto en operación desde el sábado 21 del presente mes cuando los usuarios del servicio, ya por inercia o bien por evitarse problemas, tuvieron que añadir un peso más al costo de su pasaje, que ese día amaneció en siete pesos.

Acontecimientos como este producen reflexiones acerca del papel de la sociedad en tiempos de crisis y sus relaciones con el gobierno. Es reconocido que a través de los años, los gobiernos-los de la hegemonía priísta- generaron una serie de compromisos corporativos con diversos sectores de la sociedad, entre ellos prestadores de servicios a quienes mantiene cautivos en razón de que, para operar, requieren necesariamente del trámite público. Es el caso de los transportistas, con los que el gobierno establece una relación de conveniencia mutua pues, a cambio de concesiones y oportunas autorizaciones de tarifas, los empresarios otorgan servicio gratuito para el traslado de “contingentes” a los mítines multitudinarios de campañas y operan políticamente a favor del PRI. Un cliché que todos en México conocemos por su repetida ejecución.

Es una constante real el que nuestra sociedad no se caracteriza por tener una conciencia contestataria, y en cambio enfatiza a cada momento su conformismo a través de inercias sociales que se demuestran en la pasividad con la que acata las disposiciones gubernamentales, incluso aquellas que la afectan negativamente.

De ésta condición se valen los gobernantes para diseñar las estrategias que les permitan disimular decisiones impopulares, siempre cuidando que no les perturbe su “buena” imagen. Así parece que ha sucedido con el nuevo incremento a la tarifa del transporte urbano, eventualmente interrumpido, pero que-sin duda- ya ha sido acordado y sólo se esperará al momento propicio para empezar a aplicarlo.

Pudiérase estar equivocado en esta última apreciación, pero la forma en cómo opera sus decisiones el actual gobierno estatal-la curva es el camino más corto para llegar al destino final- permite la inferencia. La deducción proviene del siguiente antecedente:
En septiembre de 2008, cuando el Secretario de Gobierno en su carácter de presidente de la Comisión de Revisión de Tarifas del Transporte Público declaró sobre un aumento de tarifas, a 6 pesos, la general y a 4 pesos, la subsidiada ( un incremento de un peso para cada tarifa), se produjo la consiguiente reacción pública. Interrogado sobre el particular el gobernador declaró que él no había autorizado “ningún incremento de ninguna naturaleza, sí la integración de una Comisión Intersecretarial que con los prestadores del servicio, los concesionarios están revisando todo, veo algunos medios que una cantidad determinada ya, pero no es cierto, es algo que tengo que resolver todavía”.

Ante la insistencia reporteril, molesto, respondió a la pregunta: “¿Señor gobernador, la gente está que se infarta por el incremento en el pasaje con un peso mas?- Sí, yo también e igualmente los camioneros a los que les aumentó la gasolina, las llantas, las refacciones, pero lo de las tarifas es un tema muy delicado…” ¿Pero ya quedó lo del aumento, no?—“Qué no entiende que acabo de decir que todavía no, hay una Comisión Intersecretarial que encabeza el señor secretario de gobierno que me tiene que informar a mí, que soy el gobernador, el reporte de las negociaciones”. Como ya sabemos, a pesar de la supuesta “no autorización” el “ajuste tarifario” entró en vigencia y ha operado hasta ahora en que se prevé un nuevo incremento.

En ésta nueva edición, en el evento de despedida del viaje de los niños de la Superación Ciudadana, el gobernador declaró que no había ninguna autorización para incrementar el precio del pasaje, que por cierto ése día se empezaba a cobrar en los autobuses del servicio público. Explicó de las pláticas en las que los transportistas han expresado sus penurias por el aumento del costo de las piezas de refacción y del combustible. Nótese entonces la analogía del proceder de septiembre de 2008 con la actual y se podrá concluir su equivalente deducción.

En cuanto a los transportistas, que forman parte del mismo cuerpo social, habrá que abonar, en comprensión de la problemática que plantean, que el costo de refacciones y los incrementos al precio de los combustibles-Diesel, Gas y Gasolina- se han elevado impactando en sus costos de operación. Esa condición se refleja en sus ingresos, que en tiempos de bonanza resultan más que aceptables; no así en periodos de crisis, en los que junto con la población están padeciendo las de Caín. En estas circunstancias es cuando se produce una colisión de intereses entre el prestador del servicio y la población.

Es cuando el gobierno tiene que intervenir sopesando el interés de las partes, de tal manera que las afectaciones y los beneficios se correspondan entre sí. Pero en vez de concientizar a la opinión ciudadana sobre el necesario aumento y asegurarles mejoras en el servicio público se insiste en la cantaleta de la elevación del precio del diesel, las gasolinas y el gas culpando de ello al gobierno federal. También se arguye el mismo argumento del año anterior, que no por válido no implica engaño: aumento de tarifas a cambio de la modernización de unidades del transporte público de pasajeros; capacitación de los chóferes para evitar los múltiples atropellamientos, etc. Las mismas promesas, que en realidad no se cumplen, pues ni los chóferes serán capacitados ni las unidades de transporte serán “modernizadas”; eso esperará hasta el nuevo aumento y a que el Instituto Veracruzano del Transporte notifique que no ha expirado y que para algo debe servir.

Lo único seguro es el ajuste tarifario; no hay vuelta, porque indefectiblemente, cuando los estudiantes y la ciudadanía en general menos se lo esperen, lo ejecutarán. Lo tienen que aplicar lo más pronto posible para que no se entrevere con los tiempos electorales; tiempos de acarreos, esos sí “gratuitos”. Nada nuevo bajo el sol.

alfredobielmav@hotmail.com
Noviembre 2009