SER O NO SER

Por Alfredo Bielma Villanueva

Para nadie es un secreto que en México la cultura del no pago de impuestos proviene de una arraigada desconfianza, sembrada en la mentalidad colectiva a través de años de decepcionantes experiencias acerca del uso y destino que se le da al dinero recaudado.


La desconfianza, un fenómeno nada nuevo, persiste porque las causas que lo originan no han sido ni medianamente abatidas. La suspicacia popular alcanza por igual a los diferentes órdenes de gobierno y desafortunadamente no existen signos de una positiva acción para acreditar el cambio. La venalidad administrativa y el peculado siguen siendo un lugar común en nuestra atropellada manera de hacer política. Los órganos públicos creados para fiscalizar y evaluar el uso del dinero público simplemente no comprueban eficacia ni mucho menos justifican su existencia, y si por efectos de la crisis desaparecieran del organigrama administrativo nadie lo notaría, acaso se agradecería.


Sirva el preámbulo para explicarnos el porqué del rechazo al incremento de las tasas impositivas anunciadas por el gobierno federal y a la propuesta de nueva bursatilización que pretende llevar a cabo el gobierno veracruzano.


En base al silencio casi unánime que prevalece sobre este tema de grave trascendencia para la comunidad veracruzana, ya que afectará a futuras generaciones, se podría suponer que la oposición al trámite bursatilizador guarda orígenes “inconfesables”. Es salida fácil suponer que quienes se oponen adoptan esa actitud porque no quieren a Veracruz, tal como lo proclama el slogan gobiernista. Pero, como toda unanimidad resulta sospechosa y lo que se publicita a favor huele a boletín y a chayote, más vale correr el riesgo de ser eventualmente calificado por el trasnochado maniqueísmo oficial que guardar un silencio cómplice, lo que históricamente es peor. El dilema no es “decirlo ahora o callar para siempre”, porque la polémica no es sólo por la forma diferida en que se pagarán esos recursos, sino también por la grotesca transparencia con la que se aplican.


Además, no será por oficiosa o por terca oposición sino porque nadie habla claro, pues no es un secreto que quienes tienen que ver con los asuntos públicos ocultan la verdad, la dicen a medias o se contradicen. Nadie informa en Veracruz, por caso, porqué se llega al extremo de contraer compromisos a futuro y todo se queda en el fácil expediente de culpar a la federación del déficit financiero. Si el impacto del retraso de las participaciones es general para todos los estados ¿Porque aquí-como en sonora- se acude al trámite de obtener dinero fresco, aún cuando se afectará a las finanzas de administraciones futuras, y en muchas otras administraciones estatales no?


Durante cuatro años hemos escuchado que las finanzas del gobierno eran administradas con eficiencia y que como nunca la población estaba pagando sus impuestos, hecho que se atribuyó a la confianza generada por el gobierno. Ahora, por efectos de esta crisis nos enteramos que el estado depende en un 95.7% de las participaciones federales pues ejerce un presupuesto de 62, 290 millones de pesos, de los cuales apenas 2, 671 son de ingresos propios. Esa es la triste realidad de un estado rico en recursos naturales que no ha sido posible explotar a cabalidad y de un gobierno plenamente supeditado a lo que le envía el gobierno federal.


También se nos hizo creer que, como nunca, los empresarios estaban pagando puntualmente el impuesto del 2% a la nómina. Ahora se informa que “las grandes firmas son las que se niegan a cumplir con esta responsabilidad” (Ferrari). El Secretario de Finanzas dice que con lo que se obtenga de la nueva bursatilizacion el gobierno estatal pagará al ISSSTE los 900 millones de pesos que le adeuda por concepto del Fondo de Vivienda que se “venía arrastrando desde enero de 2008”. Pero, por otro lado, Ferrari Casarin informa que al ISSSTE se le ha pagado “en tiempo y forma y de acuerdo a la calendarización”.


Por un lado se decía que había miles de millones de pesos en las arcas públicas veracruzanas y por otro, entre otras, en agosto la Asociación Civil, Directoras y Ejecutivas de Empresas (DEMAC) demandaron al Gobierno del Estado hacer frente al adeudo que mantiene con algunas socias desde hace seis meses”.


En Poza Rica, por ejemplo, la llegada de nuevas empresas que trabajan en el proyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo ha complicado la vialidad y el río Cazones dosifica sustos anuales a la población de esa ciudad. Para paliar esa problemática y darle vialidad, en junio pasado se anunció la rehabilitación de la avenida Pozo 13, la ampliación del bulevar Adolfo Ruiz Cortines y la construcción del muro de contención en las márgenes del Cazones, con una inversión de 147 millones de pesos. De esa cantidad, 100 millones provendrían de la bursatilización, 13 del municipio y 33 del programa peso a peso. Hasta ahora, la obra no parece avanzar y tres carriles de la Avenida Ruiz Cortines se encuentran completamente destrozados. Quienes saben de ese proyecto dicen que ya se invirtieron más de 50 millones en un carril pero que los puentes que debieron haberse ampliado se encuentran igual. Todavía peor, porque el bulevar está sin banquetas, registros ni drenaje y no hay para cuando se resuelva el problema, cuya solución corre a cargo del gobierno estatal. Ya la maledicencia pública empieza a correr el rumor de que con la primera inundación se pedirán recursos del Fonden y con cargo a este programa, pero atribuidas a la bursatilización, se terminaran las obras del muro de contención. He allí uno de los muchos porqués de la desconfianza.


alfredobielmav@hotmail.com
Septiembre 2009