VERACRUZ ¿UN ARCHIPIÉLAGO?

Alfredo Bielma Villanueva

Durante muchos años, en actitud contemplativa mas que preventiva, los gobiernos y la ciudadanía mexicana observábamos el desarrollo del fenómeno al que se denominó “colombianización”, como sinónimo del narcoterrorismo impuesto por la acción del líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar y su adlátere Gonzalo Rodríguez Gacha, cuyo poder influyó determinantemente en la contienda electoral que en 1990 cobró la vida del candidato liberal a la presidencia colombiana Luís Carlos Galán Sarmiento, y de los precandidatos presidenciales de izquierda Carlos Pizarro León-Gómez y Bernardo Jaramillo. Entonces veíamos de lejos aquella amenaza, y aún, como película de acción, el 2 de diciembre de 1993 los medios electrónicos nos trajeron los detalles de la persecución a sangre y fuego que terminó con la muerte de Pablo Escobar, el más temido y buscado narcotraficante de Ibero América en aquellos años.


Para combatir al ya desenfrenado narcotráfico el gobierno colombiano aprovechó al famoso grupo de los PEPES (Perseguidos por Escobar) y a los grupos paramilitares que, luchando por su propia sobrevivencia, en su enconado enfrentamiento embistieron con violencia a todo tipo de propiedad de Escobar y emprendieron contra él una campaña persecutoria con el resultado de aquel 2 de diciembre.


Muchos años años antes, el presidente Díaz Ordaz había declarado que México era el trampolín de la droga en tránsito hacia esa enorme piscina de consumo que son los EEUU. Pero aún así estábamos apartados, muy lejos de la problemática actual, en que la droga y el narcotráfico son ahora parte consustancial de la sociedad mexicana, nos guste o no. Estados como Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y muy recientemente Guerrero y Quintana Roo, han sido sangrientos campos de enfrentamiento entre los diferentes grupos de la droga.


En la escala interna, desde Veracruz leíamos y veíamos en la TV. los enfrentamientos a tiros en Guadalajara, Tijuana, Monterrey y varios lugares más entre miembros de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.


Pero Veracruz y Tabasco no han sido la excepción, Villarín en el primero y el atentado contra el Secretario de Seguridad Pública tabasqueño son señales de que nuestros territorios dan cobijo al narcotráfico; no reconocerlo es hacerle al avestruz. O, ¿por qué a uno de los carteles se le denomina “Cartel del Golfo” y a otro el de “Chachalacas”? Delito Federal dirán algunos y no sin razón; pero existe corresponsabilidad de los gobiernos estatales en la lucha contra esa enfermedad social. Ya el gobierno federal tomó para sí la responsabilidad de enfrentar esta patología social y algunos gobernadores se han comprometido a coordinarse para dar la batalla, pues no les queda de otra ante la cada vez más peligrosa presencia de ese mal en su territorio.


En nuestro caso, lo preocupante es que haya obstinación a reconocer su existencia en Veracruz, como si por el solo hecho de negarlo las secuelas de este cáncer social desaparecieran; en tanto que a nivel social ¿qué padre de familia veracruzano está exento de esta preocupación? ¿No acaso en los programas de prevención del delito se reconoce de manera implícita la existencia del fenómeno?


Es alarmante porque-sin base alguna e ilusamente- se ha pretendido convertir a Veracruz en un archipiélago de casos “aislados”, aún en asuntos del fuero común. Primero fue la muerte por asesinato de Raúl Giba Guerrero en Poza Rica, un hecho “aislado” dijeron las autoridades estatales en su momento, un asunto que fue atraído por la Procuraduría General de la República. Después, la muerte del alcalde de Tuxtepec, Oax., y cuatro de sus acompañantes en el municipio de Veracruz, otro caso “aislado”, atraído por la instancia federal. A poco, el asesinato del regidor de Las Choapas, aunque también aislado está pendiente de resolverse. La muerte del dirigente campesino Cesar Toimil, también irresuelto, pero desde luego, otro caso “aislado”. El homicidio atribuido a la ex sindica de minatitlán aun es un expediente por determinar, aunque también fue un caso “aislado”. El asesinato de Cirilo Vázquez Lagunes una caso más atraído por la PGR, por cierto también “aislado”. La violación de la señora Ernestina Ascencio en Soledad Atzompa tampoco quita el sueño, pues es un caso “aislado” que originalmente la milicia investigó y ya tiró la papa al gobierno local. La desaparición del delegado de Seguridad Pública en Poza Rica, etc., etc., etc., y muchos etcéteras más que amenazan con ser interminables.


Estos son solo algunos de los casos que en la nota roja han ocupado los espacios periodísticos en los dos últimos años en nuestro Estado. Sin embargo, para las autoridades locales todo está bien pues, como se quiere ver, vivimos en una isla en la que no ocurre absolutamente nada y los casos de sangre que suceden-dicen- es por gente malosa que vienen de otras partes de la república a regar su ponzoña (“basura” dijo algún descocado) a este solar veracruzano, remanso de paz y tranquilidad. “Solo son de paso; se nos meten al Estado porque colindamos con 7 estados y no podemos impedir que lo hagan”, dice patéticamente el Secretario veracruzano de Seguridad Pública.


Han sido dos años en los que por la imagen televisiva y la letra impresa nos enteramos una y otra vez cómo las autoridades encargadas de la seguridad y de la impartición de justicia se trasladan al lugar de los hechos para, en abierta competencia con los medios de información, darnos a conocer cómo sucedieron estos, pero de allí no pasan. La solución de los casos no atraídos por la federación en Veracruz está delegada al paso del tiempo, que aparentemente todo lo borra.


En la vorágine de los acontecimientos un caso oculta al otro, como el recientemente sucedido en Villarín, congregación de Veracruz. Aquí, claro, los muertos tampoco eran veracruzanos, luego entonces no tenemos de qué preocuparnos; pues solamente escogieron, por accidente, un espacio del territorio estatal para venir a morir. Esta es la lógica del argumento recurrente que los servidores públicos encargados de resolverlos esgrimen con singular desparpajo respecto de cada crimen que se perpetra. Los veracruzanos no andamos en malos pasos, vienen de otros estados a pervertirnos. Algo hemos aprendido sin embargo, ya el procurador nos ilustró que no hay delincuencia organizada en nuestro estado, hay, eso sí narcomenudeo, pero de lo otro nada.


Ganas de retorcer forzadamente una realidad más que patente porque ni los muertos son ocasionales ni los carriles parejeros de Villarín son clandestinos. ¿Habrá algún veracruzano que ignore los sitios en donde se celebran carreras de caballos con apuestas y licor? Por supuesto que no, y las autoridades lo saben perfectamente porque no es un fenómeno reciente ya que por lo menos cuarenta años hace que existe un procedimiento para la autorización de estos eventos; para los cuales, efectivamente, se requiere la anuencia de las autoridades municipales, aunque la autorización-mero formulismo- corresponde a las autoridades de gobernación; añejo procedimiento que nadie ignora.
¿Para qué negar lo evidente? ¿Para que intentar el vano expediente de desaparecer por decreto una problemática que ya es nacional? Con eso no se borran las ineptitudes ni los descuidos, ni mucho menos la percepción de inseguridad que ya prevalece en Veracruz. Si con esa actitud se quiere resolver un problema el procedimiento es más que dudoso, ¿cómo resolver lo que “no existe”?


(Pero fue necesario que se produjera el nefasto acontecimiento del domingo 18 en Boca del Río y la lamentable pérdida de vidas humanas para, entonces sí, abrir las puertas para que 162 elementos de la PFP irrumpan en Veracruz para auxiliar en un problema que solo ellos saben cómo enfrentar. Nota: los párrafos precedentes y el siguiente fueron enviados el lunes 12 del presente para la colaboración quincenal en Newsver).


De cualquier manera, uno se pregunta si acaso no cabrá un prurito de vergüenza, algo de pena, al ver cómo los casos se los lleva la federación que, aunque tampoco resuelve mucho, al menos lo intenta. Da pena ajena conocer que un procedimiento tan elemental como un acta de necropsia, en este caso mal elaborada, diera motivo para que organismos internacionales hayan solicitado la exhumación del cadáver de la señora Ernestina Ascencio con el correspondiente dolor de sus familiares, aunque seguramente sin rubor para los ineficientes abogados encargados de su confección. Así, ¿cómo o con quien vamos a resolver los casos? ¿Otra vez la federación?


alfredobielma@hotmail.com


Marzo 2007