EL ESTADO DE DERECHO

Alfredo Bielma Villanueva

El triunfo de la república en 1867 significó la victoria de la razón jurídica contra la fuerza de las armas; una lucha que se dirimió gracias al tesonero esfuerzo y convicción republicana de Don Benito Juárez por enarbolar la causa antiimperialista, antiintervencionista de corte colonialista que al final selló el destino de México como un país con personalidad propia en el concierto internacional. La ocasión sirvió para que el Benemérito pronunciara un discurso en cuyo contenido expresó con meridiana claridad el imperio de la Ley sobre la fuerza: “Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”. Mejor expresión para significar la importancia de vivir en un estado de derecho no la hubo. Estado de Derecho implica, sobre todo, el respeto que las autoridades manifiestan por las leyes para cumplirlas y vigilar que se cumplan. Fenómeno socio-jurídico que se produce en una dinámica relación en la que la sociedad juega papel de singular importancia, porque constituye el ámbito de referencia de la ley y el universo sobre el cual esta impera.


Cuando la sociedad está plenamente consciente y segura de que sus gobernantes respetan las leyes, la armonía social es consecuencia lógica. Seguramente así deben avizorarlo la empresa que demandó a la Universidad Veracruzana por incumplimiento de contrato, los abogados que en el litigio intervienen y la propia institución universitaria. Ni qué decir del gobierno estatal que, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes, en este caso no le queda otra opción que la de manifestarse solidario con la alma mater veracruzana, aunque de ninguna manera para torcer el sentido que los juzgadores den a sus veredictos. Tal es el Estado de Derecho; tal es la garantía que establece el marco normativo que rige para todos; la ley es dura, pero es la ley.


El mismo cuerpo legal que propone la obligación de la Universidad Veracruzana de pagar a la empresa demandante una cantidad determinada, le otorga la oportunidad de acudir a otras instancias procesales en defensa de sus intereses. Al margen del litigio, o por el litigio mismo, se abre un abanico de posibilidades a la negociación política para disminuir en lo posible el daño financiero a nuestra máxima casa de estudios. En la coyuntura, también impone a los responsables de cumplir la sanción el deber de actuar en contra de quienes fueron los responsables del desaguisado legal, administrativo o contractual que devino en la sangría económica. No hacerlo implica caer en omisión, lo que acarrearía problemas legales a quien le correspondiera ejecutar la acción. Muchos ojos están pendientes, pues la Universidad es un patrimonio de todos los veracruzanos; sobre todo porque si se le lesiona financieramente se estará afectando gravemente el buen desarrollo de los planes educativos.


No hay democracia sin respeto a las leyes; para que aquella impere debe privilegiarse el mandato de la norma legal. Así funciona todo sistema político en el que la voluntad popular está en juego y en el que las leyes participan de manera determinante. No es la democracia la mejor forma de gobierno, pero es la única en la que la voluntad popular cuenta y es susceptible de mejorarse al hacer que esta participe en los asuntos públicos. Con todo y sus imperfecciones la democracia es valedera, aunque en ella permanezca latente el riesgo de que quien se lo proponga, así sea escoria social o política, puede acceder a puestos de poder. Si bien cualquiera puede llegar al gobierno, uno de los defectos de la democracia es que no llegan los mejores; los riesgos indudablemente existen, pero los cauces están abiertos para que en la participación política las opciones sean plurales; para triunfar basta contar con la mayoría.


Para constatarlo un ejemplo de actualidad es el caso del municipio de Martínez de la Torre; en donde en un arranque de megalomanía, gesto muy humano por cierto, el actual diputado federal, alcalde con licencia, empujado por un mesiánico deseo de servirle a la población, ha solicitado reincorporarse al cargo edilicio del que eventualmente se separó para que la ciudadanía lo eligiera su representante popular. Pero, OH Pericles, el pueblo que todo lo manda requiere de sus servicios, lo extraña y le pide que regrese porque no hay obras a la vista; esas sólo él las puede hacer. Por esa razón, en un arrebato democrático, en base al derecho que le asiste, se disciplina al clamor ciudadano y, sacrificando su sitial de digno representante popular ante el altar de la patria, solicita licencia al elevado encargo para volver a la alcaldía, fuente ovejuna se lo implora.


Ante estos dislates, no es difícil encontrar a quien no esté harto de los abusos de ciertos actores políticos que, en la búsqueda licenciosa del poder, hacen de los derechos ciudadanos un muladar. Pero está establecido en la normatividad, que es el deber ser, y para mantener la normalidad, que es el ser, es necesario que la ley se cumpla. Democracia y Estado de Derecho, van juntos, indisolublemente unidos, pues para nadie es un secreto que la democracia es perfectible y que las leyes también. Por ello es que en Derecho Constitucional se habla de la actividad legislativa de la realidad porque es esta la que impone el cambio de la norma jurídica. Y una de las funciones del legislador, en esencia la más importante, es atender a los hechos; la premura con la que lo lleve a la práctica dependerá de su sensibilidad para captar lo que la realidad obliga que se establezca.


Urge pues una legislación que imponga un hasta aquí a estos hechos de vandalismo político que, paradójicamente, son auspiciados por una legislación que se ha atrasado en el tiempo o, mejor, que la realidad ha rebasado. Si bien la ciudadanía está cada vez más despierta, su participación no alcanza para evitar lo que aquí se comenta, pues está en desventaja porque la ley, desfasada en las circunstancias actuales, auspicia la depredación política. Ciertamente, el legislador que ahora quiere regresar a la alcaldía porque su pueblo se lo pide y porque seguramente si no atiende a su llamado lo linchará, tiene a su favor la ley y eso es suficiente para que se acate. Salvo que el pueblo que el alcalde y diputado con licencias argumenta que le implora su retorno, se lo impida, porque entonces, no habrá ley aplicable, salvo negociaciones en contrario, que le permitan cumplir sus “laudatorios” deseos.

El Estado de Derecho es la sociedad en armonía.

18-XI-06

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