PARTIDOCRACIA

VS.

CIUDADANÍA

Alfredo Bielma Villanueva

De manera imperceptible, sin que nos hayamos dado cuenta ya no hablamos de democracia; no al menos con la asiduidad con la que hace apenas algunos años lo hacíamos, sobre todo en referencia al sistema político mexicano. Tal parece que con la pérdida de la presidencia de la república hace seis años, ante el impetuoso Fox, el discurso oficial cambió; basta para comprobarlo revisar la prensa cotidiana del país y leer las colaboraciones de opinión política en las columnas especializadas. Están, claro, las efusivas alusiones de Fox para hacernos creer que el inventó la democracia, pero esas son pecatas minutas comparadas con las barbaridades que acostumbra decir.


El vertiginoso ritmo de los acontecimientos sociopolíticos ha venido transformando con inadvertida frecuencia la acción de nuestras instituciones, sobre todo las de aquellas que hace una década fueron creadas para darle confianza a la ciudadanía de que en las elecciones se respetaría su voluntad transmitida a través del sufragio, y de que el ominoso fraude estaba por desaparecer. La fortuna que ha tenido México de cambiar su entorno político sin necesidad, hasta ahora, de explosiones violentas, es ocasión que a pocos países se les presenta; esto se ha debido al oportuno ajuste de su legislación y a la adecuación de sus instituciones a las condiciones sociales, políticas y económicas del país.


Sin embargo, no siempre se cambia para bien, al menos eso es lo que podemos observar con lo que sucede en el Estado de Veracruz respecto de algunas instituciones. Se pueden citar a vuela pluma a dos muy conocidas: el Orfis y el Instituto Electoral Veracruzano, ambas con funciones muy importantes pero que han sido lamentablemente partidizadas y con ello parcializadas y despojadas de la intención que les dio vida y les ha arruinado su razón de ser. El Orfis tiene como misión “Generar, establecer y fortalecer una Cultura de Fiscalización que garantice lamás alta rentabilidad social de los recursos públicos y consolide la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado” para su creación se invirtió mucho recurso público y su existencia representa un importante renglón de egresos en el presupuesto estatal, lo que estaría justificado si en verdad sirviera para evitar el desvío de los dineros públicos para beneficio de unos cuantos; no ha sido así ni en el reciente pasado ni en la actualidad. Sobradamente se presume que, quienes han desviado recursos en su desempeño como servidores públicos para su evidente beneficio personal, o son extremadamente hábiles para cometer sus fechorías, o los encargados de revisar las cuentas pecan de incompetencia o, peor, se convierten en cómplices de aquellos para arreglar los entuertos tras la previa repartición del botín. Cabe, sin embargo, conceder el beneficio de la duda a los nuevos integrantes de este órgano de fiscalización, de los que se espera puedan superar el ánimo partidista que allí los colocó y apliquen rigurosamente, apegados a la normatividad, los correctivos que sean necesarios, independientemente del signo político al que obedezcan aquellos que incurran en ilícitos.


Para nadie es un secreto la forma en cómo se integra actualmente la plantilla de mandos medios del Orfis. Allí conviven, gracias a las “habilidosas negociaciones políticas”, gentes que el PRI y el PAN acordaron ubicar para proteger y fomentar (¿enriquecer también?) sus posiciones políticas; a ver qué ingenuo piensa que para evitar los latrocinios de diversos servidores públicos a quienes tienen la obligación de vigilar y revisar sus cuentas. (Una prueba “científica” que corroborara a qué partido pertenecen y cual tiene más prosélitos allí sería la que en el día de una elección se instalara precisamente en ese lugar una urna).


Por otro lado, el Instituto Electoral Veracruzano, creado para dar certeza de objetividad y pulcritud a los procesos electorales en el Estado, en su estructura organizacional cuenta con el Consejo General, integrado por cinco Consejeros designados por el Congreso del Estado, los que debieran ser representantes de la ciudadanía pero, por la perversión derivada de las negociaciones son representantes de los Partidos: dos del PAN, dos del PRI y uno del PRD. Si viviéramos en un régimen de auténtica representatividad concederíamos que hay pluralidad al interior del IEV pero, ¿honestamente, confiamos en que los representantes partidistas expresan los intereses generales? Si consideramos el hecho de que los partidos políticos han perdido capacidad de convocatoria ante una ciudadanía incrédula, esta circunstancia les resta confiabilidad y sería perogrullada decir que un representante de partido, cualquiera que este sea, posee por ese sólo hecho una representatividad auténtica, que no sea la que formalmente se le concede por virtud de nuestro marco legal.


No que se juzgue la calidad moral del Consejero, esa está al margen del escrutinio público y respetarse debe, pero en lo que corresponde a su actuación política, entreverada con los intereses personales, partidistas y de grupo no hay duda que estos los anteponen al interés general. A tal grado de pragmatismo se ha llegado que se da prioridad al partido por encima de otras consideraciones; vale para confirmarlo lo que expresara la suplente del diputado con licencia, Francisco Herrera Jiménez, al enterarse de la pretensión de este de regresar a su curul: “no tiene vergüenza,-dijo- yo he representado dignamente al partido, eso debe estar por encima de lo demás”. Si no se tratara de una legisladora, volvemos a lo formal, que representa al pueblo ¿qué importancia tendría su dicho? Pero eso nos muestra, dicho con todo respeto, la medida de su tamaño y, por supuesto, de la ignorancia respecto del cargo que ostenta.


Frente a estas circunstancias ¿Quién representa los intereses de la sociedad? ¿En qué lugar queda la ciudadanía, a la que tanto se abruma con ofrecimientos y promesas de mejoras en tiempos de campaña? No hay que profundizar mucho para encontrar la respuesta en el cesto de la basura que es el destino final de aquellas. En los tiempos de la hegemonía priísta no había razón para disimular aunque, sin adversario al frente, los cargos de elección popular se alcanzaban previa consulta ciudadana, como un requisito para legalizar al cargo. Ahora, frente a una población más politizada, mejor enterada y más participativa, en apariencia no es mucho lo que se ha avanzado, pero hay evidentes signos de que se vota diferenciadamente e, incluso, con venturosa frecuenta independientemente de partido político alguno. Esto es alentador, porque traerá como consecuencia la supremacía de los ciudadanos sobre los partidos, que en la actualidad se muestran limitados por la camisa de fuerza de sus intereses y por la agonía existencial en la que algunos transitan.


En la medida en que la participación ciudadana en materia política se incremente, se irán corrigiendo las actitudes de quienes operan el ámbito político que, como producto cultural del momento, son la expresión de las actuales circunstancias que se resumen en el subdesarrollo político que padecemos. Si el Orfis y el IEV se han convertido en recintos en donde parece reinar la consigna partidista, es porque quienes así lo han dispuesto no han encontrado óbice a su voluntad. Paradójicamente, porque así lo dispone el artículo 41 de la Constitución General, será a través de los Partidos Políticos en que se transforme la actual realidad; salvo que prospere el acuerdo a que ha llegado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las candidaturas independientes, lo que vendría a ventilar el ambiente político nacional.


30 de septiembre-2006


alfredobielma@hotmail.com