IMPUNIDAD = INSEGURIDAD
Alfredo Bielma Villanueva
23/Septiembre/2006


Entre las principales causas de la patología social se encuentra la creciente inseguridad, que amenaza con romper determinantemente con los valores tradicionales de la sociedad mexicana. El pandillerismo, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar y la pérdida de valores, son las lacras sociales que, sin duda, afectan la armonía social.

La hasta ahora imparable ola de violencia que se acentúa particularmente en algunas de las entidades de nuestro país ha dado lugar al reconocimiento por parte de Felipe Calderón Hinojosa de que la delincuencia amenaza seriamente al Estado Mexicano. Afirmó Calderón que por el costo político algunos gobiernos no aplican ni la ley ni cumplen con sus responsabilidades a cabalidad pero, en su caso, “se va a desterrar el concepto de que por el costo político generalmente se evita cumplir la ley… necesitamos reconstruir la base de la convivencia que es la legalidad”.

Que bien que se pretenda corregir las tremendas omisiones que en el ramo de justicia y la seguridad se dan en nuestro país, que mejor que se corrijan las irresponsabilidades de quienes por su encargo tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. No es ocioso recordar que en nuestra entidad, Veracruz, la Seguridad y la procuración de justicia no constituyen el mejor ejemplo de eficiencia. Basta para confirmarlo una breve, brevísima y muy recortada relación de los casos de homicidio que están por resolverse; entre muchos otros: Aquél en el que el acusado es Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla; el aún no aclarado asesinato de Raúl Gib en Poza Rica; la ex síndica de Minatitlan que permanece fuera del alcance de la justicia; el multihomicidio en donde resultó muerto el ex alcalde de Tuxtepec, Oax y, el más reciente, el penoso caso en el que la viuda del ex regidor de las Choapas implora justicia porque presume que el Partido Acción Nacional defiende al indiciado alcalde de aquél municipio.

En un régimen de democracia más que imperfecta resulta muy complicado para la ciudadanía acercarse siquiera a los vericuetos del poder, por lo que nada extraña en consecuencia que allí se negocie con la justicia en términos de arreglos “políticos”. El fundamento para esta conclusión no es difícil de encontrar si se recuerda que, por ejemplo, cuando el Congreso devolvió a la Procuraduría de Justicia el expediente en el cual esta dependencia probaba la autoría intelectual del alcalde Choapense en el homicidio del regidor, el Procurador atribuyó la remisión del documento a causas de carácter político. Aseguró el Procurador que una vez revisado el documento seria inmediatamente entregado al Congreso, pues estaba debidamente fundado.

Después de un mes de aquellas declaraciones el documento no ha sido devuelto al Congreso y ahora el Procurador habla de una fiscalía especial para que se encargue de ese asunto. Sería lastimar al lector con más argumentos que trataran de explicar la creación de una fiscalía especial para encargarse de un asunto que en un sistema de justicia expedita, o justicia a secas, se resolvería sin más trámite que el de la responsabilidad y seriedad en el desempeño de una función pública.

El espíritu de la reforma a la ley para que el nombramiento del procurador de justicia se hiciera en dos tiempos, es decir, que la propuesta del gobernador la autorice el Congreso con mayoría calificada, conlleva la intención de proporcionarle solvencia a la procuración de justicia. En la lógica de la reforma, el gobernador ganaría un buen colaborador y los veracruzanos una confiable procuración de justicia.

Desafortunadamente la hipótesis del deber ser no se ha confirmado. Salvo pruebas en contrario y hechos que contradigan lo que es evidente, la negociación “política” parcializa la justicia y la demerita.

Que lamentable que así suceda; porque ese es precisamente el camino por el que se genera el desánimo y la desconfianza ciudadanas. Es un auténtico círculo vicioso que empieza en la impunidad y concluye en la inseguridad que en Veracruz, si bien no ha rebasado los límites de lo controlable, la percepción ciudadana empieza a ver las gotas que pueden derramar el vaso.

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