LA COHABITACIÓN Y

LA REFORMA DEL ESTADO

Alfredo Bielma Villanueva

La etapa electoral ha sido consumada con la declaratoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal dando por válidas las elecciones del pasado mes de julio; esto convierte en presidente electo de México a Felipe Calderón Hinojosa. Se da fin a la parte que corresponde a la fase jurídica a la que seguirá la integración de un nuevo gobierno, el que sin duda enfrentará a una realidad plagada de dificultades, muchas de las cuales son producto o secuelas de la elección misma. Otras, son los compromisos no cumplidos de un gobierno que ya se va y que simplemente no pudo ni supo cómo cumplir con la responsabilidad que el pueblo le confió.


Las alegrías para unos y la inconformidad para otros tendrán que ser expresadas con mucho tiento, sin actitudes triunfalistas que exacerben aún más los ánimos, porque la situación nacional es delicada y cualquier chispa incendiará al país. Encontrará el nuevo gobierno a una ciudadanía que reclama políticas públicas que resuelvan con eficacia los grandes problemas nacionales que se han acumulado, de tal forma que Felipe Calderón se verá forzado a atender a las voces de descontento que en todo el país se escuchan, que deben ser atendidas con la implementación de programas sociales que satisfagan las necesidades de la población.


Un primer paso, que se dará por el camino en el que ya transitó Salinas de Gortari en los aciagos días del inicio de su acotado gobierno, estará seguramente orientado hacia la necesaria Reforma Electoral que desarraigue de la conciencia ciudadana la enorme desconfianza y la percepción de fraude provocada por el desaseo con el que actuaron los operadores de los órganos electorales. Aunque no siempre fue prioritario para los gobiernos “emanados de la revolución” la primera Reforma Electoral fue insertada en la Constitución de 1917 al establecer el sufragio efectivo y la no reelección. En adelante, con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, pasando por el Partido de la Revolución Mexicana hasta el actual Partido Revolucionario Institucional, el Sistema Político Mexicano vertebró, a través de esas organizaciones partidistas, las reformas electorales que el crecimiento socio económico y la actualización política del país exigían.


Considerado como un Sistema Político con régimen de Partido Único, el nuestro fue estructurándose mediante paulatinas reformas que hicieron posible el arribo a los cargos de representación popular a las expresiones disidentes, si bien fueron tímidas pero exploraban hasta donde era posible conceder, bajo el lema, claro, de Democracia y Justicia Social que el PRI enarbolaba.


No fue el nuestro, sin embargo, un sistema de Partido Único, aunque sí monolítico y monopolizador del poder; desde 1939 surgió el Partido Acción Nacional como expresión del pensamiento conservador, originalmente inspirado en el concepto del “bien común”. Tradicionalmente opuesto a las políticas del gobierno y con particular énfasis contrario a la educación socialista e intentando por todo los medios desaparecer la instrucción laica y con abierta tendencia a favorecer la educación confesional. Siempre se manifestó en contra de la reforma agraria, al menos en la forma en cómo se implementó ese programa reivindicatorio de los campesinos sin tierra. Abanderando principios del más rudimentario de los liberalismos, inspirado en el individualismo egoísta y en el inmovilismo social. Tradicionalmente fue un declarado opositor de la redacción original de los artículos 3°, 27 y 130 constitucionales. No arrió banderas jamás, fue un digno adversario de los gobiernos priístas aunque en no pocas ocasiones adoptó actitudes colaboracionistas con el PRI, como cuando se aprobaron el iva y el fobaproa. Ahora ya instalado en el poder tendrá que afanarse al aplicar sus planteamientos pues enfrente hay una conciencia progresista muy arraigada en la cultura nacional.


Las enfermedades tradicionales de la izquierda mexicana, el dogmatismo y el sectarismo, impidieron que creciera como verdadera opción pues, fraccionada como ha estado, no supo aprovechar las condiciones sociales vigentes en el México de hoy. Fue con la escisión de la Corriente Democrática surgida al interior del PRI, encabezada por Muñoz Ledo y Cuahutemoc Cárdenas, cuando se convocó a la alianza de la atomizada izquierda, formalizando la creación de una organización ajustada a las condiciones sociopolíticas del país, que a punto estuvo de arrebatarle al PRI la presidencia de la república. No fue así, pero significó un avance considerable en la instalación de instituciones electorales que el gobierno de Salinas de Gortari, calificado de espurio por esa izquierda debido a su dudoso triunfo electoral, se vio obligado a instituir.


Así se creó el 11 de octubre de 1990 el Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones, al ser reformada la Constitución General y se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La perfectibilidad de la reglamentación y la exigencia ciudadana obligaron a tres sucesivas reformas en 1993,1994 y 1996, y en este último año se ciudadanizó por completo aquel órgano electoral y se integró el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial, a instancias por cierto del Partido Acción Nacional. Si bien quedaron algunas lagunas por cubrir, el entramado legal funcionó hasta la elección de este año 2006, en la que queda de manifiesto que el marco normativo electoral ha sido rebasado por la realidad.


En la elección del año 2000 se observó que las preferencias ciudadanas estaban divididas, aunque no polarizadas. La inédita experiencia de cambio de Partido en el mando presidencial, aunado a la impericia del titular del ejecutivo para orientar el desarrollo económico y el político, dio al traste con la posibilidad de realizar una transición que modernizara política y económicamente al país. Al no saber aprovechar el momento que era propicio para una Reforma del Estado se perdió la oportunidad y, hete aquí que, seis años después, en una elección acentuadamente diferenciada, el sufragio se fraccionó en tres vertientes, tan parejas que el que alcanzó el mayor número de votos (21% del padrón), tuvo sin embargo mayor número de sufragios en contra. Por defectos de nuestra estructura electoral ya obsoleta, ahora nos debatimos en un México empantanado en un difícil conflicto. ¿Cómo explicar que de un padrón de 72 millones de votantes sólo voten 40 millones? Esto expresa que los partidos políticos no están convenciendo a la ciudadanía, por lo que incumplen con el espíritu del artículo 41 constitucional que los reconoce como conductos para institucionalizar la representación nacional.


Muchas interrogantes podrían formularse en torno a la actitud adoptada por Andrés Manuel López Obrador al exigir, primero, el voto por voto y después plantear acciones de resistencia civil para hacerse escuchar en un mundo de ciegos y sordos que anteponen el argumento leguleyo sin importar el cisma que pudieran ocasionar. Tal parece que desde fuera del país observan con mayor objetividad nuestra realidad; por ejemplo, el New York Times dice “en un país donde el fraude electoral es una rutina, el recuento era una posibilidad”. Sin embargo, a pesar de reconocer que existieron actitudes contrarias a la norma, y de que incluso el presidente de la república puso en riesgo la elección se siguió la ruta más complaciente, más “institucional”. ¿Qué faltó para decidir que si Fox puso en riesgo la elección esta se debía repetir? Criterio de jueces, cuyo dictamen, querámoslo o no, supone interpretar no la ley si no la voluntad de millones de votantes; y vale preguntar ¿a que parte de la población mexicana interpretó al emitir su dictamen? ¿Al 14% de la población nacional, que representa el número de votos a favor del PAN? También el Trife es una de las instituciones que han salido lesionadas en este proceso y que, por lo tanto, en el diluvio que viene deberán ser renovadas, transformadas o desaparecerlas.


Seguramente en la agenda del presidente electo se incluyen ya los puntos más álgidos de la agenda pública. La experiencia de la reciente elección descubre la urgente necesidad de la Reforma del Estado que incluye, obviamente, la electoral. Pero también un replanteamiento del modelo económico, pues está más que demostrado que el neoliberalismo no es la solución para combatir la pobreza en México. Tampoco puede quedarse en el simplista argumento de que en virtud de que el Tribunal Electoral ya resolvió, todo debe volver a la normalidad. Pero, ¿Como intentar recomendarle a quienes se sienten defraudados se atengan a lo que institucional y legalmente dictaminan órganos electorales que han perdido la confianza de buena parte de la ciudadanía? ¿Pueden sin más doblar las manos y retirarse sin librar batalla alguna en defensa de su convicción? Si el protagonista central de esta historia navegara sólo, sin la adhesión, colaboración y participación de sus correligionarios, indudablemente que su protesta se desvanecería sin más, pero a la vista se observa que representa el pensamiento de un segmento importante de la población del país, en el que las cosas no van de ninguna manera bien para la inmensa mayoría, ¿estará a punto para abandonar la lucha? Cohabitación gubernamental es la alternativa para resolver el entuerto.


2006-09-08
alfredobielma@hotmail.com