EL CÓDIGO Y LA REFORMA

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Alfredo Bielma Villanueva

Después de los amargos momentos que pasaron quienes la hicieron posible; tras una interminable carrera de declaraciones, aclaraciones, fricciones personales, rumores insidiosos, etc. la reforma fue, al fin, aprobada por el Congreso del Estado. Un proceso que exhibió a diputados y fracciones partidistas erráticas, procurando cada parte imponer sus condiciones a las otras. En esta ocasión, como rara vez que se recuerde, se produjo la coalición entre el PAN y el PRD para sacar avante sus intereses políticos y electorales.


También, como no se había visto, se observó a la bancada priísta batirse en retirada estratégica, para no avalar una reforma que claramente lesionaba sus intereses en lo que corresponde al Instituto Electoral veracruzano, debido a la manifiesta partidización que ha infiltrado a este Instituto. Este es un hecho que ha pervertido su esencia, porque va exactamente en sentido contrario a la intención de ciudadanizarlo y le resta considerablemente la confiabilidad que debería tener.


Pero este proceso de reforma electoral ha servido para ventilar el hecho de que en política sin mediar consideraciones de carácter moral alguno, se mezclan las alianzas, las aberraciones, las animadversiones y las defecciones. Por ejemplo, cuando ya se creía que la reforma transcurriría por caminos de tersura, porque el operador por parte del gobierno Dionisio Pérez Jácome, con muy probada experiencia legislativa, había negociado con las partes la aprobación de esta Ley sin problema alguno, de pronto se encuentra con un frente sólido de diputados que conformaban, por su número, la mayoría requerida para la aprobación, sin necesitar para ello de la diputación priísta. Aquí empezó el embrollo, que ocasionó incluso las fricciones entre los operadores del gobierno.


Como el número requerido para la aprobación podía alterarse, entonces se diseñó la estrategia de mandar llamar del limbo en el que se encontraba al Diputado con licencia Francisco Herrera Jiménez, para reincorporarlo a su función. Lo que en otros tiempos sería un simple trámite apegado al reglamento interior del Congreso, ahora se topó con la decisión infranqueable de las diputaciones unidas del PRD y del PAN, y no pasó. Lo curioso fue que se intentaba incorporar a un diputado que inicialmente formó en las filas del PAN, para que ahora votara con la intención priísta Pero todavía más, el dirigente panista en Veracruz se tomó la libertad, democrática eso sí, de recordarle al gobernador que si no publicaba la reforma que iban a votar en coalición, la respuesta al veto se daría en la Comisión del presupuesto, en donde hacen mayoría.


La aberración se dio porque la diputada perredista, a cuya encomienda estaba la Comisión de revisar el Proyecto no se enteró, según ella, de los cambios que se le harían, y angularmente denunció como errónea la alianza, así fuera eventual, entre las diputaciones de la derecha y de la izquierda, geométricamente hablando. Lo que atrae la atención es la coincidencia entre el sentir de ella y del gobierno estatal respecto de la coalición; ¿cómo era posible, se dijo, que si a nivel nacional el PRD está en contra de Felipe Calderón, aquí en el Estado estas dos fuerzas hacen alianza? Allá, en el interior de las bancadas conocen la razón de los diversos enfoques y de las coincidencias que se antojan nada forzadas.


Finalmente sin ganadores ni perdedores la ciudadanía veracruzana tendrá mayores elementos de certidumbre, transparencia y confianza, que se pondrán a prueba en la elección del próximo año. El Congreso Local y los 212 ayuntamientos del Estado se renovarán con las nuevas bases que, se espera, desvirtúen cualquier intento de descalificación y apoyen a la organización de elecciones cuyos resultados, así sea con mínimas diferencias, estén exentos de toda sospecha.


Ha sido un buen paso hacia delante para auspiciar que haya elecciones que no contengan el virus de posteriores problemas electorales al día de los sufragios. Los habrá, se entiende, porque la política es pasión y todavía más si de elegir a las autoridades municipales se trata; pero sin duda habrá pocos elementos para llevar los asuntos a extremos que involucren movilizaciones sociales que, por onerosas e inconvenientes, no es deseable que se produzcan. Tal ha sido la intención de la reforma y en este sentido habrá que reconocerle al gobernador del Estado y a los Diputados todos, la preocupación, a parte de los insoslayables parcialismos, por darle a la ciudadanía un articulado lo más próximo posible a los márgenes de la democracia electoral que se desea.


Tampoco vamos a presumir de una reforma en toda su extensión, ha sido apenas un esbozo de lo que seguramente se hará a nivel nacional, la auténtica reforma del Estado que, concomitantemente, trascenderá a las partes de la federación. Por esto, Estados y Municipios deben involucrarse en esa gran transformación institucional, de reforma y generación de leyes que nos pongan al día, porque está claro que la realidad ha rebasado al marco legal. Se habla ya de la reelección de alcaldes o de la ampliación a cuatro años el término de su mandato; también de reelección de diputados, todo ello es materia para dilucidar en foros de consulta con la población y los especialistas. En la auscultación ciudadana seguramente surgirán figuras como la revocación del mandato a gobernadores y alcaldes, por ejemplo, y otros más de interés nacional que habrán de someterse al escrutinio público con la convicción de mejorar para México.
A propósito, el principio de no reelección fraguado junto con el de sufragio efectivo, se ha tomado como simple frase y slogan para consumo retórico, pero pocos se detienen a precisarlo en su real significado. Vale recordar lo que en 1932, Manuel Pérez Treviño en su carácter de Presidente del Partido Nacional Revolucionario decía al respecto: ¿“Por qué queremos evitar que en un hombre que guarde esas condicio­nes de la opinión pública, de respaldo de las mayorías, no pueda volver a ocupar, si ya la ocupó, una curul o un puesto de elección popular en el Gobierno? Es, a mi juicio, fundamental, que el prin­cipio esté por encima del derecho. La posibilidad de reelegirse es un derecho de ciudadano; la necesidad de renovarse es un prin­cipio de la Revolución. El derecho de los individuos, por debajo del derecho de las multitudes. Venimos, pues, a quemar un derecho en aras de un principio. Un derecho indiscutible, un derecho de ciudadanos. Por encima de los derechos de los ciudadanos, repito, están los principios, que son el derecho de las multitudes” La historia está plena de experiencias que debemos aprovechar ajustándolas al tiempo y las circunstancias del momento.
La otra parte de este fenómeno correrá a cargo de la ciudadanía, que debe participar activamente en el proceso como factor social que determine la eficacia de las leyes y las instituciones. Por supuesto que en el marco normativo que los habilita como mecanismos públicos de participación electoral, los Partidos son protagonistas de primer orden. Pero téngase en cuenta que la única forma de superar las imposiciones; el amiguismo y el compadrazgo, de evitar subterfugios con la ley; de impedir los tradicionales enjuagues en este tipo de procesos, es contar con una ciudadanía vigilante y participativa, al margen incluso de los Partidos, de otra manera las leyes electorales por sí mismas no tendrán ni la eficacia ni la fuerza suficientes para evitar que se originen los problemas.


10-X-06
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