POLVOS DE AQUEL PANTANO

Por Alfredo Bielma Villanueva

La inicial contralora del gobierno estatal pasado, Susana Torres, una vez más debe estar congratulándose por haber tomado el camino de la dignidad y de la congruencia con el cargo que desempeñaba cuando decidió que era hora de renunciar y no continuar en el mismo. De lejos se veía venir lo que ahora sale a flote con solo un pequeño esfuerzo de investigación; imaginémonos lo que hubiera ocurrido si al gobierno estatal no lo presidiera un priísta; circunstancia esta última que habrá que destacar por cuanto a que demuestra voluntad para aclarar lo mucho de turbio que dejó la administración que le antecedió.

En paradoja, debemos preguntarnos en qué lugar poner aquella declaración que Clara Luz, la sucesora de Susana en la contraloría, produjo ante los medios cuando aseguró que no se había encontrado irregularidad alguna en las revisiones que su dependencia hiciera al interior de la administración pública. El autoengaño era evidente, tanto como los esfuerzos para que la opinión pública lo compartiera. Ahora, según lo que va aflorando de irregularidades, si viviéramos en un régimen de estricta aplicación de la ley de responsabilidades tendría que aclararse si hubo complicidad o candidez en el desempeño de un cargo cuya función consiste en vigilar, evaluar y controlar los procesos administrativos y financieros de un gobierno. No es lirismo, pero la ineptitud también es corrupción.

“Nosotros vamos a cubrir todo lo que corresponde a nuestra administración y no tenemos porque dejar nada pendiente, no debe tener ninguna preocupación ningún proveedor ni contratista en cuanto que lo proveído se haya entregado, sea de calidad y la obra haya pasado todos los requisitos de la contraloría; cerramos cuentas claras y el chocolate espeso”, dijo Fidel Herrera el 1 de noviembre del 2010 afirmando, además, que las finanzas de Veracruz eran sólidas. Aunque para ese entonces su credibilidad ya volaba a ras de piso y los proveedores del gobierno pasaban las de Caín porque temían al largo calvario que seguirían padeciendo para cobrar lo que se les debe.

Como consecuencia de una evidente carencia de orden y planeación en el gasto público el ex gobernador Fidel Herrera heredó a sus sucesor finanzas en crisis, una deuda pública onerosa, un aparato administrativo enfermo de obesidad, una calificación crediticia que resta aptitud para conseguir recursos frescos y un erario que no cuenta con el efectivo suficiente para aportar los porcentajes convenidos para que la Federación suelte el dinero de programas conjuntos. Todo ello pone al descubierto a un gobierno manirroto que lastimosamente gastó en fuegos fatuos el tiempo y el dinero de los veracruzanos.

Obligado por el enorme gasto corriente de su gobierno, desde octubre de 2009 Herrera Beltrán ordenó tomar medidas de austeridad y una “reingeniería” para evitar “duplicidad de funciones”. Según la orden, las dependencias debían presentar sus proyectos de reingeniería a más tardar el 30 de octubre de 2009. Todo era sin embargo pura faramalla porque nunca hubo un hasta aquí al dispendio; y la dependencia- la Contraloría- que le cuesta a los veracruzanos 146 millones de pesos al año para vigilar, controlar y evaluar la operación del gobierno no demostró para que servía su elevado costo operativo.

Ahora se descubre solo una punta de la madeja cuando el Gobernador habla de que se investiga a 156 empresas observadas por haber dejado obras inconclusas, obras no iniciadas u obras terminadas pero que no cumplen con los requisitos de calidad requerida; es decir, obras de mala calidad. Por su parte, el Secretario de Comunicaciones informa que andan bailando cientos de millones de pesos que fueron entregados a contratistas sin que estos hayan realizado obra alguna y uno de ellos no figuraba en el padrón de la secretaría de finanzas. Pero entonces: ¿quién dio la orden para entregar ese dinero? ¿Quién entregó millones de pesos sin requerir el cumplimiento de los requisitos señalados por la normatividad? ¿Qué señaló la contraloría sobre el particular?

Solo basta con jalar un poco la cobija para dejar al descubierto lo que vox populli adivinaba y que aflora con la investigación respecto de la obra pública, como las fianzas apócrifas que entregaban algunos constructores para recibir los anticipos de obras. Este es otro asunto que duerme al amparo de la impunidad porque existen actas sobre al particular y no se ha procedido en consecuencia.

La virulencia de los actos de corrupción ofende a la ciudadanía, más aún al recordar aquella cándida declaración proveniente de la Contraloría del Estado el 20 de noviembre de 2010: “Año con año se aplicó un estudio de “evaluación patrimonial” para detectar alguna irregularidad en el patrimonio de los funcionarios estatales y a 9 días de concluir funciones el actual Gobierno estatal no se ha detectado que algún servidor público se haya enriquecido o alguna situación anómala” ¿No son mucho 146 millones de pesos para una dependencia que solo sirvió para convalidar lucros indebidos? ¿A pesar de todo será borrón y cuenta nueva?

alfredobielmav@hotmail.com

Marzo 2011