LA DEMOCRACIA, EL VOTO Y EL ERARIO

Por Alfredo Bielma Villanueva

Que bien que el gobernador Duarte de Ochoa se haya reunido con los alcaldes de diferente filiación partidista, sin duda de esa manera asume su tarea de gobernar para todos los veracruzanos. Su discurso en las diferentes reuniones ha perfilado el reconocimiento a la pluralidad, sin menoscabo de la meta fundamental que es la procuración del beneficio colectivo.

En cada una de esas juntas de trabajo con los recién estrenados alcaldes escuchó diversos planteamientos, principalmente quejas acerca de la forma en cómo recibieron sus respectivas oficinas. Pero fue en la reunión con los alcaldes afiliados a su partido, el PRI, en que abrió la Caja de Pandora saliendo a relucir los problemas que el común de los veracruzanos conocemos: la penuria económica que heredaron, acompañada por un sinnúmero de desaseados procedimientos que, como ya se apuntó en anteriores colaboraciones, no son sino el vivo reflejo de lo que aconteció en similares espacios de la maquinaria pública estatal, porque la suerte de lo principal la corre lo accesorio. En este sentido, bien valdría que el procedimiento aplicado a algunos ex alcaldes de municipios pequeños se extendiera hacia aquellos ex ediles de municipios de mayor monto presupuestal y, ya entrado en gastos, se procediera similarmente contra quienes en el nivel de la administración estatal retozaron a gusto en el juego de pegarle al cajón con la uña y a la comisión y el porcentaje con la ominosa desvergüenza.

En la reunión con los ediles priístas, como las cuentas del rosario cuando se desprenden, el gobernador escuchó una letanía de quejas y peticiones. Por ejemplo, el alcalde de Paso de Ovejas dijo que no tenían recursos para iniciar la reconstrucción de lo dañado por la gran avenida de agua que destruyó buena parte de la infraestructura del lugar y que están en las mismas condiciones en que los dejó el meteoro pues nada han podido reconstruir; su planta de tratamiento la destruyó el río y las descargas de aguas negras van directamente al mismo. El alcalde de Tuxpan expuso el grave daño patrimonial causado al erario de su municipio por 24.5 millones de pesos en la cuenta pública 2009, provocado por la administración que le antecede: “Hubo un manejo inadecuado de los recursos y el Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión de Vigilancia del Congreso no aprobó la cuenta pública de la anterior administración, nosotros también queremos desde Tuxpan que se aplique la Ley sin distingo de partido y que se vaya para adelante”, expresó. Otros acaldes solicitan adelanto de sus participaciones, autorización para vender activos y desincorporar maquinaria. etc., son el común denominador que generó el estropicio heredado.

Entre ese gran rosario de problemas, la alcaldesa de Tlapacoyan hizo un señalamiento que bien pinta como están las cosas; ella habló de “una gran muralla que impide la coordinación expedita y relación con su gobierno ya que las dependencias bajo su mando nos desconocen, discriminan y ponen mil pretextos…”. También hizo del conocimiento que se presume que el gobierno federal allega de manera expedita recursos y apoyos a los ayuntamientos de su nomenclatura, o sea, del PAN. A esto, el gobernador respondió en el sentido de que desconocía la exactitud de esa versión pero que de ser cierto “¡yo les aseguro que ustedes van a recibir el doble de apoyo por parte del gobierno del estado!”

Si damos crédito a la versión periodística acerca de lo expresado por el gobernador, sin duda sería una señal de parcialismo en el manejo del recurso público, ya sea por parte del gobierno federal, ya por parte del gobierno local; de cualquier manera, en los hechos reñiría con el discurso acerca de que “la política social y no partidista es lo que Veracruz y México necesitan para acelerar el progreso y el desarrollo”. En todo caso, ¿Conque culpa cargaría la población de aquellos municipios con ayuntamientos presididos por no priístas? Y/o, a la inversa, ¿aquella población con ayuntamientos no panistas?

Recuérdese que cuando se vota por una u otra sigla, por uno u otro candidato, independientemente del resultado, el ciudadano convalida con su sufragio el espíritu de la democracia, que consiste en darse el gobierno que la voluntad mayoritaria quiere y el que resulta triunfador así sea por la mínima diferencia, gobernará en consecuencia para todos, sin distingos ni preferencias, porque al final quien tributa y en su conjunto forma el tesoro público es el contribuyente, que al pagar impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, lo hace cumpliendo con una obligación constitucional, independientemente de las siglas partidistas de quienes gobiernan.

Estas reflexiones se derivan de la esperanza, ahora que hay nuevo gobierno estatal, de no repetir el ejercicio patrimonialista del poder del que fuimos víctima-no muy inocentes pero si obsecuentes- muy recientemente, con consecuencias reflejadas en el desmesurado incremento de la deuda pública estatal. De allí que sea alentador y se escuche bonito la promesa de: “cuidar el patrimonio de los veracruzanos y hacer un gobierno más barato y eficaz”; por lo pronto, el impacto del desarreglo pasado ha sido tal que no se oculta a la observación pública el que ahora, en lugar del usual programa de los primeros Cien Días, se haya implementado el Programa de Reconocimiento de Adeudos, que supuestamente concluirá el próximo mes de abril y por el que conoceremos a cuanto asciende el Pasivo Circulante.

En ese tenor, desalienta que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), no haya cumplido su formal ofrecimiento del 17 de enero pasado cuando aseguró que el 16 de febrero daría a conocer información sobre el proceso de reconocimiento de la deuda que el Gobierno del Estado mantiene con proveedores, una herencia de la pasada administración. En abono a su credibilidad justifiquemos el retraso imputándolo al enorme desbarajuste documental que priva en las áreas responsables de aportar la información de que se habla, al menos que hayan decidido volver a la opacidad.

Urge a Veracruz, y a su gobierno también, conocer el fondo de ese margallate, para implementar programas adicionales que le permitan obtener mejor calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras, pues estas empresas han destacado el deterioro de las estructura presupuestal del estado de Veracruz “debido a dos factores: a las crecientes erogaciones del gasto corriente y al incremento sustancial de la duda de corto plazo lo que limita fuertemente la liquidez del gobierno". Más patético ni Alfred Hitchcock

alfredobielmav@hotmail.com
Febrero 2011