VOLUNTAD POLÍTICA

Por Alfredo Bielma Villanueva

Promueven el optimismo las acciones y el discurso inicial del gobernador Duarte de Ochoa, ya sea porque se advierte congruencia o bien porque cualquier acción que revista seriedad contrasta drásticamente con el pasado inmediato. No es lo mismo escuchar líricamente que en este Estado “el que la hace la paga” y a la vez observar una realidad en la que la impunidad sentaba sus reales como un simple lugar común, que actuar en consecuencia con el dicho de que aquí no habrá espacio para la impunidad ordenando el desalojo de invasores liderados por vivales que los explotan, a la vez que forman parte clientelar de un partido político.

Desde la sociedad civil se escuchan criterios coincidentes, como el del presidente de la Canacintra, Miguel Aguilar Morales, “nosotros nos hemos pronunciado y con todo el respaldo al gobernador Javier Duarte de Ochoa, en los hechos está cumpliendo con la promesa de orden y eficacia”.----- “Un reconocimiento abierto, contra lo que antes habíamos recibido de que no pasa nada o todo está bien, lo que nos lleva a confiar de que si están actuando de manera honesta y transparente, seguramente encontraremos la ruta para que se resuelvan todos los adeudos”.

En no pocas ocasiones escuchamos a voceros del Orfis decir que su función era revisar cuentas y reportar anomalías a las instancias judiciales y que en estas ya obraban los expedientes, sin embargo, nunca se ejercitó acción alguna. Sin duda hacía falta voluntad para actuar porque es obvio que las órdenes de aprehensión, basadas en el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, giradas en contra de ex funcionarios municipales venales, partieron de expedientes que dormían tiempo atrás en el sueño de los injustos.

Alienta, hay que decirlo, que el gobernador Duarte de Ochoa reconozca que quienes colaboran en la administración estatal no tan sólo son funcionarios públicos comprometidos con la sociedad, (sino que) "somos personas que formamos parte de esta gran sociedad, orgullosos de ser parte de ella". Proveniente de un ciudadano cualquiera pasaría como una verdad de Perogrullo, pero el hecho de que quien lo expresa es el responsable de la administración pública veracruzana, el ejecutor de los programas y políticas públicas orientadas al bienestar general, implica una visión diferente del servidor público respecto de sus obligaciones, bastante compatible con lo que la sociedad demanda.

Bien por la señora Macías de Duarte y el Director del DIF por restablecer el promotorado Voluntario que en sexenios antepasados facilitaron el aterrizaje de los programas de gobierno con vocación social, acercándolos a quienes más requieren de apoyos adicionales. Con la simple aplicación de la ley demuestran voluntad de cambio y de trasladar hacia zonas marginadas los beneficios que esos programas conllevan. Sería ideal que en la implementación de los programas de contenido social hubiera una prudente distancia de los dañosos paternalismos, y que en vez de llevar pescado a los menesterosos se les enseñe a pescar, válgase el plagio. La experiencia histórica del voluntariado demuestra que es un valioso auxiliar que permite, en la confianza familiar ajena a todo burocratismo, un enfoque desinteresado de la aplicación de las políticas públicas, y coadyuvan ni duda cabe a la correcta implementación de las acciones de gobierno.

Pero el arte de gobernar es complejo y se asemeja a una gran orquesta en la que el Director se esfuerza por crear sinfonía y evitar ruidos innecesarios. Tal se asemeja al curso que lleva el caso denunciado por el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes y encargado de la capilla Albergue Hermanos del Camino, Movilidad Pastoral de Migrantes, de la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca; él denunció que Coatzacoalcos se ha convertido en una especie de capital del secuestro de migrantes centro y sudamericanos y culpó al ex gobernador Fidel Herrera de hacer caso omiso y “disparar” los deplorables hechos contra migrantes en la entidad. Ciertamente es una grave denuncia.

El asunto ha venido creciendo porque, en vez de actuar con cordura, con serenidad y prudencia sobre el particular, desde la clase política veracruzana se escuchan voces que embisten al sacerdote descalificándolo por su dicho.

Como a una acción corresponde una reacción, Emilio Álvarez Icaza, ex obbudsman del DF acaba de declarar que “El tema no tiene que ver con los intereses políticos que pudiese o no tener el padre Solalinde…Lo importante es que se investigue lo que denuncia el padre porque además no sólo es él quien está denunciando eso. Yo hace unos meses tomé testimonios cerca de Coatzacoalcos. El Estado democrático de derecho tiene que ver con eso, con investigar”. Dice la nota: “Emilio Álvarez Icaza deploró que políticos priistas veracruzanos como el diputado presidente de la LXII legislatura, Eduardo Andrade, arremetieran contra el padre Solalinde por haber denunciado que el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán está involucrado en el secuestro y asesinato de migrantes, pruebas y testimonios que asegura, se encuentran en manos de la Secretaría de Gobernación y la Organización de Estados Americanos (OEA)” (Imagen del Golfo 3-II-2011)

Extraña que políticos veracruzanos se involucren en este asunto encarándolo con una crítica y desmentido al denunciante en vez de dimensionarlo jurídicamente. ¿Que necesidad hay de agregar a la agenda pública un enfoque politizado de un asunto tan peliagudo? ¿Acaso se pensó que las declaraciones de un diputado local veracruzano pudieran atajar los propósitos del sacerdote de referencia? Ahora, lamentablemente parece que el asunto va tomando velocidad y que habrá un expediente más que atender, como si fueran pocos los que hay en la agenda pública de Veracruz.

alfredobielmav@hotmail.com

Febrero 2011.