¿SOLO UN SUSTO?

Por Alfredo Bielma Villanueva

Después del gran sobresalto que sufrió el PRI por los inquietantes resultados electorales de 1988 el gobierno salinista se vio obligado a iniciar una serie de reformas que modificarían el marco legal de las elecciones. El que la Comisión Federal Electoral mantuviera bajo su encargo organizar las elecciones con las directrices del Secretario de Gobernación, que la presidía, imprimían una fuerte desconfianza en los resultados electorales. Por una intensa presión ciudadana nació el IFE en 1990, que en su primera actuación en 1991 todavía estaba presidido por el Secretario de Gobernación, aunque integrado con “Consejeros Magistrados”.

En esas intermedias de 1991 el PRI de Salinas obtuvo una mayoría parlamentaria, casi de carro completo a la usanza de la época, que le permitió legislar sin contratiempos para coronar sus esfuerzos con la Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 1993. El movimiento de reformas en esta materia siguió avanzando y consiguió, ya en la presidencia de Zedillo, la firma del Acuerdo para la Democracia hacia la “transición negociada”, o hacia una “consensuada Reforma del Estado”. Promotor destacado de este esfuerzo fue el Movimiento Ciudadano encabezado por el Grupo San Ángel, cuyas propuestas se discutieron en la “Mesa de Bucareli”, consumándose la reforma al Cofipe publicada el 22 de noviembre de 1996. Sería largo enumerar las nuevas disposiciones, pero fueron la base legal que propició la alternancia del año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional después de una larga hegemonía perdió la presidencia de la república.

Consecuencia o coincidencia, en 1997 el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando apenas tres años antes, en 1994, se había levantado con una incuestionable votación presidencial nunca antes obtenida, esta vez con un candidato, Ernesto Zedillo, que era anodino en las filas tricolores pero “el voto del miedo” hizo su parte.

En 1997, el Partido Acción Nacional gobernaba en seis estados de la República: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Nuevo León; era la segunda fuerza electoral en el país bajo el liderazgo de Felipe Calderón Hinojosa. El hecho significaba una alternancia que ahora podemos calificar como vaticinadora de eventos inesperados.

En 1997, el Partido de la Revolución Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato ganó las elecciones en el Distrito Federal, comenzaba su época dorada porque en 1998 ganó Zacatecas y Tlaxcala y al siguiente año obtuvo el gobierno de Baja California Sur. Juntos, el PAN y el PRD eran gobierno para más de 53 millones de mexicanos. PRD y PAN lucían una marcha que se antojaba difícil de atajar, más aún porque el centro del poder del priísmo se mostraba aparentemente ajeno de su destino, lo que impactaba fuertemente a un partido que no marchaba sin la consigna presidencial. Aquí, Zedillo hablaba de “sana distancia” y en el extranjero aceptaba que había inequidad electoral e insinuaba cambios democráticos en México; significaba que el PRI no las tendría todas consigo en el siguiente relevo presidencial.

Rompiendo con los viejos moldes, el PAN presentó el 12 de septiembre de 1999 a Vicente Fox como su candidato a la presidencia de la república. Ya desde su arribo al gobierno de Guanajuato en 1995 este dicharachero político había emprendido una inocultable campaña que finalmente lo llevaría al triunfo electoral el año 2000, cobijado por la Alianza por el Cambio, conformada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México.

Como ya se vio, desde algún tiempo previo al año 2000 el mapa político de México había sufrido inusitados cambios. Ese acontecer puede ayudar para descifrar el significado de los resultados electorales de mitad de sexenio y, más aún, del resultado de las elecciones de gobernadores del cuarto año, porque son importantes referencias para extraer de ellas conclusiones atinadas respecto de lo que pudiera ocurrir en la siguiente elección presidencial.

Por supuesto, habría que tener cuidado de no usar como herramienta de análisis los argumentos y los criterios aplicados cuando el régimen giraba en torno al autoritarismo presidencial y la consigna pasaba a través de un partido hegemónico, de otra manera corremos el riesgo de llegar a conclusiones alejadas de la realidad. Tal, porque no es infrecuente escuchar el argumento de que a los gobernadores priístas no les conviene que regrese un priísta a la presidencia de la república porque perderían la independencia ganada a partir de la alternancia. Sería una premisa falsa, evidentemente; porque si bien los gobernadores de cualquier signo partidista han ganado mayor autonomía respecto del centro, el fenómeno es debido a la fragmentación y dispersión del poder autoritario que concentraba el presidente durante la hegemonía priísta y que, ante el vacío provocado, recogieron los gobernadores de los estados. No se cree que por el triunfo de un priísta en la presidencia se revertiría ese avance como remedo de una Restauración, porque involucraría necesariamente a los poderes Judicial y Legislativo que también mejoraron su autonomía, por lo cual se avizora bastante difícil que llegara a ocurrir que un nuevo presidente priísta retomara y concentrara el otrora poder autoritario.

Hasta antes de la derrota priísta en Guerrero la apariencia señalaba un fácil tránsito priísta hacia la presidencia de la república en 2012; la ganancia electoral de 2009 dio lugar al optimismo y hasta triunfalismos adelantados. Pero, al margen de los resultados que colocaron al PRI como primera fuerza electoral y al PAN lo relegaron a segunda fuerza, los detalles de esa elección son dignos de revisarse, tal y como seguramente lo han hecho ya los diseñadores de la nueva alianza PRD-PAN.

Detalle a detalle hay datos relevantes para el análisis como, por ejemplo, que en 2009 en Acapulco el PRI pudo ganar dos de sus distritos porque el PRD, Convergencia y PT compitieron por separado, pero que juntos hubieran superado con creces al tricolor. También en el Estado de México, en dos Distritos de Nezahualcóyotl, 30 y 31, ganó el PRI, pero en alianza aquellos partidos de izquierda lo hubieran superado. También podemos referenciar que en 2009 el PRI tuvo carro completo en la elección para legisladores en Oaxaca y Puebla y al siguiente año, 2010, el PRI perdió el gobierno en ambos estados. Hay un denominador común destacable en la mayoría de los triunfos de la alianza de las “izquierdas”: el origen priísta de sus candidatos, un síntoma que avisa de una ancestral patología en la conducta de la élite del PRI.

No es casual la magia de las alianzas para competir electoralmente con posibilidades de triunfo, Camacho y compañía saben de estrategia política y juegan al tiempo y las circunstancias. Salinas de Gortari lo sabe, conoce la capacidad y destreza de Manuel Camacho Solís, su otrora operador político del 88, y que junto a Calderón hacen un dúo dinámico al que hasta con Diego redivivo habrán de combatir; de allí que se suponga que no vino con Beatriz Paredes a Tlacotalpan a rezarle a la Virgen de la Candelaria, sino a mover escenarios con el gobernador Duarte de Ochoa para que su pupilo Peña Nieto no pierda el paso. Un traspié, y el PRI volvería a perder. Por allí, Fidel Herrera y Ranulfo Márquez, quizás cabildeando la permanencia o el relevo.

Hipótesis al vuelo: ¿Y si en la elección del Estado de México la estrategia consistiera en repetir al Caballo de Troya mandando de ex profeso a un priísta a competir por la Alianza PRD-PAN? De esa manera no habría ningún riesgo de perder. Piensa mal y acertarás, porque ¿son confiables para la alianza Malova y Aguirre Rivero? Pudiera ser una realidad imperfecta pero, como dice Sartori: “el empirista no puede ni pasar por alto ni rechazar lo que escapa a la captación de la ratio”.

alfredobielmav@hotmail.com
Febrero 2011