PACTOS PATITOS

Por Alfredo Bielma Villanueva



En 1987 la economía nacional atravesaba por una más de sus cíclicas crisis operando una gran presión sobre el gobierno federal y su partido debido a la cercanía del proceso electoral que se celebraría el 6 de julio de 1988. Molesta y atribulada, la ciudadanía culpaba al gobierno de la desastrosa situación económica, el que para enfrentarla acudió a un programa antiinflacionario a través del Pacto de Solidaridad Económica entre el gobierno y los sectores obrero, campesino y empresarial. El intento de inmediato fue calificado como electorero.


Era el quinto año de gobierno de Miguel de la Madrid, que había iniciado con mal fario al recibir de su antecesor López Portillo una economía en pleno desastre, que cargaba a cuestas la estatización bancaria, con la consiguiente animosidad de la clase empresarial y la financiera.


Durante 1983 la moneda se deslizó a razón de un peso por mes, pasando de 149 pesos en enero a 161 para finalizar el año. En 1984 el deslizamiento fue a razón de 4 pesos mensuales y de 6 pesos durante la primera mitad de 1985.


Mientras esto sucedía en la economía, en el área financiera bursátil se produjo un auge extraordinario cuando el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se multiplicó 70 veces, pasando de 4 597 puntos a 369 719. Pero como todo lo que sube, baja, ése índice se desplomó drásticamente el 19 de octubre de 1987, provocando fuga de capitales, una elevada inflación y aparejada una endemoniada devaluación que elevó el precio del dólar a 2 200 pesos. La clase media mexicana que había aventurado su capital en la bolsa, después de vender bienes para invertirlos en valores que deban ganancias exorbitantes, quedó en la inopia, con papeles bursátiles sin valor y ya sin propiedades.


En ese entorno nació el Pacto de Solidaridad Económica el 15 de diciembre de 1987. El compromiso era “ajustar” (un subterfugio por aumentar) los precios y tarifas del sector público; se elevó un 85% el pecio de las gasolinas, gas, teléfono y electricidad. Se proyectaba disminuir el Gasto Público en 22% del PIB en 1987 a 20% en 1988. Además, se “desincorporarían” (sofisma por vender) las empresas públicas no estratégicas ni prioritarias, y muchos etcéteras más.


Había terminado la era de la abundancia, esa que López Porillo exhortó a los mexicanos aprender a administrarla. La locura echeverrista y la frivolidad de López Portillo habían dejado lamentables secuelas y el pueblo pagaba caro su pasado. Los jóvenes de aquella época poco después se convirtieron en los ciudadanos que, cansados de más de lo mismo, fueron presa fácil de las exorbitadas promesas de Vicente Fox y con su voto buscaron saciar su sed de cambio.


Para evaluar los resultados de aquel Pacto débese partir de la base que ciertamente se logró contraer la inflación y que, aprovechándose de los estropicios de un modelo económico supuestamente aniquilado, Salinas de Gortari le dio la puntilla con la instauración del neoliberalismo económico, al que coronó con el asimétrico Acuerdo Económico con los Estados Unidos y Canadá.


Las recientes generaciones conocen de nuevos Pactos estatales y nacionales. Pactos Económicos, Acuerdos sobre Seguridad Pública, compromisos del sector público, en su mayor parte incumplidos y yacen enquistados en la cápsula del tiempo. Forman un grueso expediente de decepciones ciudadanas atribuidas a gobernantes incompetentes y a gobiernos simuladores e irresponsables de su misión que han dado al traste con la confianza que debiera inspirar un servidor público.


Esto de los Pactos y Acuerdos llama la atención porque, al menos en Veracruz, han dejado mucho que desear. Ahora, el gobernador Herrera Beltrán ha anunciado que el próximo 10 de enero (mañana), su gobierno relanzará una nueva etapa del Pacto de Articulación Gubernamental “para enfrentar la crisis con oportunidad y eficacia” a fin de contrarrestar el impacto del incremento al precio de las gasolinas y de la tortilla. De esta última, dijo que no ha subido su precio gracias a “vastos programas de siembra de maíz que han convertido a Veracruz en un gran productor de grano”.


Pero de declaraciones sin sustento está pavimentado el camino de los aplausos fáciles. Por ejemplo: no es dable que la flácida memoria colectiva recuerde que en enero de 2007 se dijo que el gobierno estatal implementaría la siembra de maíz para abatir su costo y mantener el precio de la tortilla entre 8 y 9 pesos. Se declaró entonces que Veracruz producía 1 millón 100 mil toneladas de maíz y que se pretendía incrementar con 600 mil hectáreas adicionales para producir 1 millón 800 mil toneladas. Pero toda la parafernalia se cimbró cuando el Secretario de Agricultura estatal expresó que no se tenía un número exacto de productores de maíz (11-I-07).


En presidente Calderón puso su grano de arena cuando aseguró que no subsidiaría el precio de la tortilla para no caer en el error de gobiernos pasados, por lo que el gobernador se apuró a expresarle: “Señor presidente, estamos de su lado”, ofreciendo un programa piloto para fijar el precio de ese producto en 7 pesos el kilo, una de las tortillerías de la Reserva, en Xalapa serviría de programa piloto.


Después vinieron declaraciones sobre un Programa de subsidio a tortillerías para establecer el kilo de tortilla a 7 pesos; la loza a este programa se la puso Sixto Antonio Jasso, delegado de la Profeco, quien informó que tras el fracaso de la firma del “Pacto de la Tortilla Fidelidad por Veracruz” en la zona Veracruz- Boca del Río se convocaba para que el gobierno del Estado mantuviera el subsidio de 60 millones de pesos para mantener el costo en 10 pesos el kilo. (22-I-08). Y la última palada la echó el diputado José Ruiz Carmona al declarar que el Pacto de la tortilla estaba quebrado debido a la falta de recursos económicos en el gobierno del Estado. “Las tortillas están en precio libre ahora…”dijo. (20-II-08)


Sin embargo, en el gobierno imperaba el optimismo retórico: “Ante la crisis alimentaria en el mundo, Veracruz está blindado, porque cuenta con la capacidad rápida de respuesta y además tenemos recursos naturales y humanos para sacar adelante una producción”, pero menguaba su entusiasmo al reconocer que el Estado tenía la desventaja de una baja producción de maíz blanco, materia prima de la tortilla. Una voz más realista y sensata desde Copladever avisaba que Veracruz no se encontraba blindado para enfrentar la crisis mundial “y las tortillas cuestan más” (8-X-08).


Como con frecuencia suele ocurrir, desde palacio se bajan precios por decreto. Así ocurrió en marzo de 2009 cuando la Cámara Regional de Productores de Tortilla de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en voz de Aída Palafox, confirmó el alza en el precio de la tortilla. Entonces, en una breve entrevista el mandatario estatal aseguró que la información difundida era falsa, puesto que en Veracruz el precio se mantenía entre 9 y 10 pesos. Sin embargo, su dicho no encajaba con la queja de los consumidores de municipios como Veracruz, Boca del Río, Papantla y Poza Rica en donde el producto se vendía hasta en 13 pesos el kilo. Informaba la nota periodística: “Cuestionado al respecto, el mandatario realizó un enlace telefónico con un integrante de su gabinete y en un tono un tanto molesto desacreditó la queja ciudadana”. “Es que ustedes leen medios que no están bien informados, no hay tal, no es cierto eso, hay mucha oferta y demanda, no hay realidad en eso, declaran de una manera desinformada, vayan al mercado y chequen los precios de la canasta básica”. (Milenio 2009-III-11)


Pudiéramos seguir eslabonando declaraciones envueltas en facundia pura y engarzarlas con su correspondiente contraparte en la realidad, pero lo descrito es suficiente para sustentar la interrogante acerca de la efectividad de los Pactos y Acuerdos a nivel estatal, sobre todo cuando no se cuenta en éste orden de gobierno con la facultad de fijar las tarifas a la energía eléctrica ni a los precios del café; del tabaco; del azúcar; del peaje en carreteras y puentes y, como ya se ve, ni de la tortilla.


Aunque, ya en plan cínico o indolente pudiéramos concluir que esos Pactos y Acuerdos son necesarios sólo para no cumplirlos, para inducir la idea de que algo se está haciendo y ganarse muy eventuales aplausos, mismos que la vocería del boletín se encargará de magnificar. Ciertamente, una realidad Kafkaiana.


alfredobielmav@hotmail.com
Enero 2010