LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS FRANQUICIAS POLÍTICAS

Por Alfredo Bielma Villanueva



Como a un circo la gente asiste cotidianamente al espectáculo-bastante caro por cierto- que escenifican quienes pertenecen a la clase política situados todos en casa de cristal y lo tanto sujetos, lo quieran o no, al escrutinio del ciudadano que es quien en primera y última instancia sufraga sus emolumentos y otros haberes no menos costosos. A cambio de la delegación del poder que les confiere a sus “servidores”, en una relación pervertida la ciudadanía guarda para sí el comentario sotto voce con frecuencia hasta hiriente acerca de los actos, actitudes y conductas de aquellos que a cambio, como en sublime venganza, establecen en parámetro de sus acciones una muy evidente separación de intereses tal cual si de pronto pasaran a conformar una clase a parte cuyas acciones el pueblo debiera agradecer.


“El destino de 107 millones de mexicanos recae en un reducido grupo de políticos encabezados por Felipe Calderón. Destacan entre ellos, los conductores del Poder Legislativo y de los principales partidos… Tienen a su cargo los liderazgos y la selección de candidatos a gobernadores, alcaldías y diputaciones. También dirigen el ajedrez político, el contenido de reformas constitucionales y de leyes nuevas y si éstas pasan o van a la congeladora” dice una nota aparecida el domingo 19 de abril en El Universal.


Una élite en la que interactúan Manlio Fabio Beltrones; Beatriz Paredes, Emilio Gamboa y Enrique Peña Nieto, por el PRI. Felipe Calderón, Germán Martínez, Gustavo Madero y Héctor Larios por el PAN. Marcelo Ebrard, Jesús Ortega, Javier González Garza y Carlos Navarrete, por el PRD. Obviamente, los gobernadores forman parte importante de este escogido grupo de mexicanos que tejen y manejan los asuntos de México conforme mejor les parece. Esa es nuestra democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo, según la definición más elemental que de origen conocemos, aunque también es la más ilusa y acaso la que más falsea la realidad porque es imposible que los más gobiernen a los menos.


Está bien visto que quienes realmente nos gobiernan integran un muy reducido grupo de personas que conforman la llamada oligarquía política. A ella, por decepción o por indiferencia y cansancio la ciudadanía le ha encargado velar por la satisfacción del bienestar colectivo y lo que tiene que ver con los asuntos que a todos corresponden.


Solo que el principio original que estableció el contrato social se desvió sustancialmente y devino en un divorcio entre los gobernantes y el pueblo; entre el mandatario y el mandante, al extremo de degenerar esa relación ya que se ha llegado a suponer que quien manda es el legatario del poder y no el poderdante. Tal situación se produjo porque la sociedad cayó en indolencia respecto de los asuntos públicos, situación que los usufructuarios del poder asumieron como propicia para arrogarse las facultades suficientes y poder maniobrar a su antojo. Por ello operan en función de seguir controlando los procesos electorales a través del monopolio que los Partidos políticos asumen, soslayando e impidiendo la posibilidad de candidaturas independientes y netamente ciudadanas a las que han dejado al margen de los renglones torcidos de la ley.


Esa actitud y comportamiento de la clase política ayuna de vocación social la han demostrado ampliamente en la discusión de la cuenta pública de los años 2002 y 2003, correspondiente a la administración de Vicente Fox. Al rechazar priístas, perredistas, convergentes y petistas la aprobación de aquellas cuentas por considerarlas de turbios manejos, para defender a Fox sus co partidistas arremetieron contra sus opositores con argumentos francamente decepcionantes, pues solo se circunscribieron a recordar que también los priístas tienen cola que les pisen. Independientemente de que es cierto, ese argumento no es válido para eximir lo que la evidencia avisa que está plagado de irregularidades.


¿Y qué contesta Fox?: Que los diputados que no aprobaron sus cuentas están locos; y los aludidos a su vez recuerdan el dictamen que el Vaticano hizo público sobre el desequilibrio mental de Fox y le agregan el calificativo de tonto. Un auténtico diálogo en el pantano que no resuelve absolutamente nada, porque después del revolcón se llegará a la “concertación” entre las fracciones parlamentarias para que las observaciones no avancen y todo siga igual.


La revista Nexos acaba de hacer una encuesta nacional a la que denominó “Debate sobre la discordia y la concordia entre los mexicanos” levantada en 40 ciudades de la república, con calificaciones más que elocuentes sobre su clase política. En una escala del 1 al 10 obtuvo, entre otros, los siguientes resultados: sobre transparencia y rendición de cuentas 4.6; comportamiento público y privado 4.9; 4.4 en la cercanía con la gente; y un 4.2 que revela la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Se obtienen otras calificaciones igual de reprobatorias, pero con lo anotado basta para darnos una idea de la ácida visión que tiene la sociedad mexicana respecto de sus legisladores, alcaldes, gobernadores, etc.


Sobre este particular, Héctor Aguilar Camín hace una aguda observación: “quizá no tenemos los políticos que nos merecemos o el gobierno que nos merecemos, pero quizá como sociedad sí tenemos los políticos y el gobierno que se nos parece”; lo cual no deja de ser cierto, si es verdad que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Por tal razón se antoja patético recordar que en el año 2000 el votante mexicano se volcó a las urnas para elegir como su presidente a Vicente Fox el que ahora paradójicamente sirve para los bajos parámetros de la clase política por el aliciente de saber que si Fox llegó, cualquiera otro, igual o peor (¡! ¿?), pudiera llegar.


Pronto celebraremos un centenario y el bicentenario de dos gestas históricas nacionales que sirven para recordarnos que no se han cumplido sus propósitos, porque seguimos siendo una nación con una mayoría en pobreza extrema; con un campo en ruinas, en donde viven 24 millones de mexicanos en pobreza permanente y otros 25 millones emigrados del campo formando los cinturones de miseria en 55 grandes ciudades del país.


No es deseable otra arremetida social contra los malos vicios de nuestro sistema político y económico, la válvula de salida habrá que buscarla a través de un drástico cambio en el marco normativo que posibilite un margen propicio para una mayor participación ciudadana, sin la necesaria afiliación a Partido Político alguno, pues ya se ve que estos privilegian para sus candidaturas a parientes y amigos, cual franquicias puestas al servicio de pequeñas cofradías.


alfredobielmav@hotmail.com


Abril 2009