¿PRI MODERNO?

Por Alfredo Bielma Villanueva

A la distancia de los meses por venir, en base a los recientes antecedentes electorales, se observa mas que posible que el Partido Revolucionario Institucional retome la mayoría en la cámara federal de diputados; un hecho al que los analistas no ponen buena cara porque presumen la vuelta al escenario nacional de los mas turbio del acontecer político de México. Para desglosar esa posibilidad cabría la pregunta ¿ha cambiado el PRI durante los años en que no ha ejercido el poder presidencial?


Antes de responder conviene recordar que el PRI, si bien perdió la presidencia de la república en el año 2000, se mantiene en el poder en la mayor parte de los estados de la federación y en la mayoría de los Congresos legislativos locales. Del 2000 acá ha transitado por eventos que le sirven de experiencia; frescos están en la memoria los tiempos del fatídico TUCOM y la pugna interna entre el otrora presidente de este partido y la líder del Sindicato Magisterial. También el triste episodio en el que se exhibió el presunto manejo corrupto del poder en el Estado de México por uno de sus aspirantes a la presidencia de la república, un ejercicio patrimonialista del poder que por cierto sigue vigente en buena parte de los gobiernos locales, independientemente del signo partidista al que pertenecen los titulares del ejecutivo estatal.


La enorme racha ganadora que el PRI ha sostenido en las elecciones en que ha participado después de la gran debacle de 2006 va en proporción directa a la notable caída electoral de su verdugo, el Partido Acción Nacional, y por supuesto de la patética división interna que una vez más-mal endémico- sufre la izquierda mexicana.


En el recuento se registra que en 2007 el PAN solo ganó el gobierno de Baja California Norte cuando ya había perdido el de Yucatán; Congresos legislativos locales y ayuntamientos de ciudades importantes antes en poder panista fueron recuperados por el PRI. En 2008, en seis estados el PAN solo obtuvo 24 de 187 diputaciones en juego, y de 198 alcaldías apenas se hizo de 17 municipios.


En el año que inicia estarán en juego siete gubernaturas: Guanajuato, Jalisco, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, plazas tradicionalmente fuertes para el panismo, allí estará la referencia de su verdadero potencial. Optimistamente suponen que pueden obtener victorias importantes en Campeche, Colima y Sonora. Pero, para su mala fortuna, cuentan con poco potencial para revertir la tendencia perdedora, a pesar de ser gobierno federal. La crisis financiera y económica, aunada a la inseguridad, operan como pesado lastre para el gobierno panista.


Por lo pronto, la circunstancia de que el Gobierno Federal ya no sea garantía de triunfo electoral para su partido implica un cambio político en nuestro país, comparado con la hegemónica potestad presidencial durante los años en los que el PRI fue gobierno federal. Pero habrá que aclarar que el impulso no se debe a un deseo manifiesto del panismo sino al corrimiento y acomodamiento de fuerzas a que obligó la derrota priísta en el año 2000; a la actividad contestataria de AMLO y su grupo de experimentados ex priístas ( y a mas de 14 millones de votantes, que quiérase o no, reflejan a un México fraccionado en el que la desigualdad y la pobreza reinan), y al grado de desarrollo de la democracia mexicana. Habiendo sido producto de la exigencia ciudadana para el cambio, el IFE y el Tribunal Electoral juegan un importante papel porque se han venido convirtiendo en garantes de la equidad, legalidad, confiabilidad y validez de los procesos electorales.


Pero, ¿el PRI se ha transformado? Partiendo de la realidad de que ya no es el Partido monolítico de antaño el cambio es más que evidente porque ahora cada gobernador es el centro principal de las decisiones en cuanto a candidaturas se refiere, con el colateral compromiso de la manutención para que siga operando, un signo que no ha transmutado salvo en los estados en los que el PRI no hace gobierno. Las relaciones de los gobernadores con el Comité Ejecutivo Nacional se han convertido en un estratégico intercambio de compromisos y responsabilidades en el que los gobernadores han suplido en sus respectivas ínsulas el otrora poder central unificador que ejercía el presidente de la república.


¿Ha mejorado el PRI en cuanto a actitudes éticas respecto del manejo del poder? Sería incorrecto soslayar que los nuevos tiempos han arrimado a su militancia elementos de valía, con una diferente concepción del servicio público; pero, no obstante, a pesar de ello y de todos modos, los viejos vicios no terminan por desaparecer y, peor aún, buena parte de sus nuevos afiliados ha aprendido por observación e imitación los malos hábitos de sus predecesores y formadores, de tal manera que aspiran al poder solo para enriquecerse y obtener indebidas canonjías personales.


Si bien es sabido que en todo cambio parte de lo que se resiste a desaparecer se mezcla con lo nuevo, en el caso del PRI, quienes están a cargo del propósito de alcanzar nuevamente el poder presidencial se formaron en el México que se pretende cambiar y por lo tanto es difícil que se desprendan de viejos hábitos, el riesgo que se corre es que se cambie para más de lo mismo. Por otro lado, mientras en la “nueva” clase política haya quienes sin verdaderamente conocer su obra tomen a Maquiavelo como ejemplo de político acomodaticio y tengan a Fouche como paradigma de habilidosa conducta trepadora será más que difícil la mutación ética del hombre del poder.


Por supuesto que para evitar esa tenebrosa tendencia debe haber cambios en el contexto social a través de la persistente y cada vez mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, porque a todos concierne el cambio. No es éste un asunto exclusivo de políticos o de partidos políticos sino de una intensa participación de la sociedad civil en los asuntos que a todos conciernen.


Que nos sirva de ejemplo el caso reciente del Gobernador de Nuevo México quien, luego de haber sido nombrado Secretario de Comercio para el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se vio obligado a renunciar debido a una investigación federal que se le sigue para saber si favoreció a la firma de asesoría financiera "CDR Financial Products" con contratos estatales por un millón 480 mil dólares. Una suma que en nuestro medio es peccata minuta (“error, vicio o falta leve”) si la comparamos con los beneficios que diferentes firmas consiguen a través de las prebendas oficiales, ¿le suena? La diferencia es que aquí, simplemente no pasa nada y cuando pasa, lo que es frecuente, no pasa nada.


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Enero 2008