TRANSPORTISTAS, PODER FÁCTICO

Por Alfredo Bielma Villanueva

Como Ilusas y hasta románticas sonaron las declaraciones del Secretario de Gobierno veracruzano cuando advirtió ¿o amenazó? a los transportistas que de proseguir en la intención de hacer otros paros en el servicio de transporte público el gobierno podría requisitar las unidades, aduciendo que es el sector público quien ostenta la facultad de entregar las concesiones para la prestación de ese servicio.


La vertiginosa procesión de acontecimientos en la sociedad actual produce amnesia casi inmediata respecto de los acontecimientos aún más recientes, de tal manera que lo ya sucedido es soterrado inmediatamente por lo que ocurra en la víspera. Por ejemplo, pocos recordarán que apenas en septiembre pasado se discutió el tema del alza de tarifas del transporte público estatal, al que el gobernador calificó como “un tema que está desregulado en el nivel federal y sujeto a las fuerzas del mercado”, y consideró que “es innegable que los insumos han subido, los combustibles, aceites, las llantas, los gastos de operación”. Comentó que se estaba analizando la desregulación, “una decisión que habré de tomar en las próximas horas”.


El 10 de septiembre de 2008 el gobierno del Estado autorizó incrementar a seis pesos las tarifas de pasaje pero los transportistas advirtieron que no la aplicarían porque no remediaba sus pérdidas, agravadas por los reiterados incrementos al precio de las gasolinas. En su negativa incluían la no aceptación de cobrarle 4 pesos a los estudiantes, a los discapacitados y a las personas de “la tercera edad”, argumentando que el subsidio les generaba anualmente pérdidas por 800 millones de pesos. Finalmente tuvieron que aceptar ésa tarifa, aunque, al menos en Xalapa, no ha sido aplicada a los estudiantes.



Seguramente ya se olvidó aquél diferendo en la noticia sobre el incremento al pasaje que anunció el Secretario de Gobierno y que el gobernador desmintió: “hasta ahora no autoricé ningún incremento de ninguna naturaleza, sí la integración de una comisión intersecretarial que con los prestadores del servicio, los concesionarios están revisando todo, veo algunos medios que una cantidad determinada ya, pero no es cierto, es algo que tengo que resolver todavía”, incluso ante la pregunta del reportero:¿Pero ya quedó lo del aumento no?- respondió “Que no entiende que acabo de decir que todavía no, hay una comisión intersecretarial que encabeza el señor secretario de gobierno que me tiene que informar a mí, que soy el gobernador, el reporte de las negociaciones”. Como se sabe, finalmente la tarifa previamente anunciada por el Secretario fue la que prevalece: 6 pesos, general y 4 pesos en la tarifa subsidiada.


Todavía el 1 de enero el Director de Transito del Estado informó del incumplimiento a la tarifa para los estudiantes por parte de los transportistas, aunque rechazó que estos hubieran “doblado” al gobierno, sino que más bien “lo convencieron”. Al reconocer que la posición que tienen los transportistas se debe a que “los incrementos les impactaron y el que no se les haya autorizado incremento en el pasaje más alto”, anunció que se buscarían alternativas para el apoyo a los estudiantes.


Según la representación estudiantil que lidera el movimiento de las tarifas ellos se reunieron con los transportistas y con el representante del gobierno estatal para exponerles una meticulosa investigación que demostraba que el incremento de 3 a 4 pesos de la tarifa estudiantil superaba el porcentaje del incremento a los insumos, por lo que el argumento del gremio perdía sustento. Pero lo que llamó la atención de los jóvenes que lideran este movimiento fue el que se habla de un subsidio de 800 millones de pesos que los transportistas quieren que les sea entregado directamente como contraprestación al descuento tarifario.


Sin ánimo de adoptar una actitud reduccionista respecto de éste asunto habrá que aceptar que efectivamente el desmedido incremento al combustible impacta severamente los costos de operación a transportistas y que, en consecuencia, su protesta ante las autoridades federales tiene un sustento justificado.


Por otro lado, no es dable soslayar el hecho de que el gremio de los transportistas, en Veracruz como en toda la república, mantiene relaciones de complicidad con el poder público a través del manejo clientelar de las concesiones que éste ha hecho por décadas. Esto es, a cambio de la concesión, el beneficiario adquiere el compromiso implícito de aportar en campañas políticas el transporte “gratuito” que traslade a los “contingentes” a mítines políticos o a cualquier otro evento multitudinario que le interese al gobierno. Ha sido una relación de mutua conveniencia en la que el concesionario lleva siempre las de ganar, pues de esa manera el transportista maneja el servicio como una carta de negociación para el incremento tarifario y para obtener nuevas concesiones.


Están tan conscientes de su ventajosa posición que se han permitido pedir al gobierno veracruzano que frene la entrega de concesiones para taxi, otro importante renglón del transporte en el que el gobierno se apoya para las prácticas clientelares. Ello explica su punto de vista respecto a la afirmación del secretario de gobierno a la que menospreciaron o simplemente consideraron como una declaración para salir del paso, o de valores entendidos lejos de ponerse en práctica.


Por estos antecedentes-aunque con visos de legalidad- se antoja jactanciosa la advertencia del secretario de gobierno sobre la requisa porque, de acuerdo a las circunstancias económicas y políticas del momento todo indica que, de no tomar las medidas necesarias, el gobierno federal se enfrentará a un movimiento nacional de severas consecuencias que le doblarán las manos si antes no inician negociaciones con este sector que, indudablemente se ha constituido en un poder fáctico de dimensión nacional.


En tiempos de crisis cualquier movimiento al interior de la sociedad debe ser atendido, por lo menos monitoreado, antes de que se convierta en una imparable bola de nieve. La protesta contra el incremento del Diesel se inició en el sector pesquero y fue minimizado por las autoridades; ahora, en Veracruz, se realizó un paro del transporte urbano que amenaza con extenderse a otras entidades, ya se están agregando a la protesta quienes transportan la caña, eso ya es mala señal para el gobierno.


Para acabarla, un grupo de legisladores panistas intentando detener la avalancha pretende pedir a las autoridades hacendarias que “haga una revisión adecuada de las tarifas y precios del sector público y para que se garantice el precio estable y fijo del diesel”, pero a cambio sugieren la reducción o eliminación del impuesto del dos por ciento a la nómina. Sin duda, un enfoque ingenuamente erróneo de los motivos de los motivos que provocan la protesta de los transportistas.


¿Para qué ligar el motivo de la protesta con un impuesto que, al menos en Veracruz desde que Miguel Alemán lo implantó, ha tenido éxito y ha servido para realizar obra pública? Eso es negociar la paz con un poder fáctico abriendo más frentes de batalla. “No me defiendas compadre” diría Calderón.


Enero 2009


alfredobielmav@hotmail.com