CLASE POLÍTICA Y MEDIOS

Alfredo Bielma Villanueva

El adelgazamiento del aparato gubernamental mexicano iniciado en los tiempos de Miguel de la Madrid, aceleradamente enfatizado en los de Salinas y finiquitado por Zedillo para ajustarlo a los tiempos del neoliberalismo económico, trajo como consecuencia el debilitamiento y acotamiento de los mandos políticos, lo que finalmente desembocó en el destronamiento del presidencialismo autoritario.


Con la política del libre mercado se multiplicaron los grandes monopolios y las empresas trasnacionales han adquirido tal jerarquía política que les permite disputar cada vez mayores cotos de poder a la estructura del Estado Nacional. Han llevado a los altos mandos de decisión política a sus representantes, tal y como sucedió en el caso de Vicente Fox Quezada. Cualquier duda sobre el particular quedaría despejada por testimonios como los que con frecuencia ventila públicamente Lino Korrodi, quien diseñó la ingeniería financiera del famoso grupo “Los amigos de Fox”. El año 2000 no sólo fue cambio de era para México sino la culminación de un proceso iniciado años atrás para consolidar la alternancia.


Al deshacerse la hegemonía presidencialista, ya sea como mecanismo de defensa ante el nuevo titular del ejecutivo federal o bien porque, una vez despojados de las ancestrales ataduras que los mantuvo en subordinación durante todo el periodo previo a la alternancia, alcanzaron la mayoría de edad, los gobernadores estaduales confirmaron su poder en sus respectivas ínsulas. Ahora cada gobernador se siente dueño de su respectivo solar y aún compite con sus similares rebatiéndoles la calidad de ser los mejor calificados por sus respectivamente fieles conciudadanos.


Venidos de su aún muy reciente sometimiento al poder presidencial algunos ejecutivos estatales proyectan su flamante autonomía con explosivas demostraciones de poder. Ahora escuchamos hasta “valientes” declaraciones y “recias” actitudes que demuestran su “resuelta” actitud ante la federación, como las del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien acaba de declarar: “La Secretaria Zavala hizo una declaración estúpida de que ella no es la responsable de Protección Civil, que no diga tarugadas, esa señora no tiene conectada la boca con el cerebro” (D de X, Nacional 13-IX)


Este mismo gobernador hizo gala de “su” poder adelantando que la legislatura coahuilense no aprobará la minuta con proyecto de decreto de las reformas electorales que el Congreso de la Unión le enviará al cuerpo colegiado estatal para su ratificación. En su argumentación se enreda explicando que con esa reforma se lesionan a las autonomías estatales, olvidando de su parte que el le niega el respeto a la, así sea formalmente, autonomía del Poder Legislativo Estatal.


Con las amarras sueltas ahora los gobernadores se entretienen-con dinero público por supuesto- en el costoso juego de conocer hasta qué grado son aceptados por sus electores, esparcimiento muy productivo del que hacen partícipe a las empresas ocupadas en medir las simpatías de los actores de la arena política. De esta manera nos enteramos que Parametría dice que de los gobernadores de la república mexicana el de Chihuahua es el mejor calificado, pues es reconocido con el 91% de aceptación de sus ciudadanos, quienes reconocen que sus demandas están siendo atendidas por su gobernador. Al presidente Calderón le atribuye el 69 % de calificación, por el “éxito que ha tenido su programa de seguridad pública” (sic).


Según esta empresa los 10 gobernadores más aceptados por sus coterráneos son: José Reyes Baeza con 91%; Chiapas, Juan Sabines con 90%; Tamaulipas 89%; Querétaro Francisco Garrido 88%; Coahuila 86%; Baja California Sur 85%; Campeche 84%; Colima 83% e Hidalgo 82% (D.X. 13-IX) (la lista sólo incluye nueve, el espacio vacante lo puede aprovechar cada connacional, según su Estado, para incluir a su gobernador). Como se observará no aparecen en esta lista, entre otros, ni el gobernador veracruzano ni el gobernador Peña Nieto, éste último uno de los más publicitados en el país (gastó 204 millones de pesos en publicidad en 2006).


Los párrafos precedentes nos pueden servir de preámbulo para deducir que a pesar de la enorme influencia que los medios le significan a la clase política, la minuta que contiene la reforma electoral será aprobada por la mayoría de las Legislaturas estatales, en una demostración de unidad clasista en contra de un poder fáctico que pretende arrodillarlos. Así lo indicaría la lógica, sobre todo al observar que la primera Legislatura que aprobó la Minuta de referencia fue la de Oaxaca. Una actitud del gobernador Ulises Ruiz en congruencia con la firmeza del senado cuando en el 2006 detuvo todo intento de desaparecer los poderes en aquel Estado.


Quizá habrá quien de entre los gobernadores no quiera meterse entre “las patas de los caballos” en el pleito que ya se traen los senadores y el duopolio televisivo; éste último un típico producto del modelo económico neoliberal que confía en su fuerza para enfrentarse al poder de un órgano del Estado y que sabe cómo domeñar a los políticos. ¿Para qué adivinar lo que pronto conoceremos?


alfredobielma@hotmail.com
Septiembre 2007