Alfredo Bielma Villanueva
CAMALEÓN
“Es
patológicamente honesto”, esta fue una expresión que el gobernador Rafael
Murillo Vidal (1968-1974) solía utilizar con mucha frecuencia para destacar la
honestidad con la que se conducía en la Dirección de Obras Públicas el
ingeniero Francisco Ríos Cano, quien permanecía en ese cargo desde el gobierno
de Fernando López Arias (1962-1968). Como Ríos Cano, en gran proporción, los servidores públicos
respetaban la integridad del presupuesto a su cargo, eran tiempos en los que la
sociedad no gastaba en mantener Contralorías que “evalúan”, “controlan” y “vigilan” el manejo del recurso
público, había corruptelas sin duda, pero las atemperaba la moderación y el
escrúpulo por exhibir un súbito cambio de condición económica. ¿Cuándo, en qué periodo pudiéramos ubicar en
Veracruz el año axial a partir del cual se potenció la corrupción en el manejo
de los recursos públicos por una clase política que de pronto se convirtió en
voraz presupuestívora?
Vale
anticipar: no que la corrupción fuera desconocida en México y en Veracruz
durante el siglo XX, pues este fenómeno social representa uno de los elementos
históricos que venimos cargando desde la colonia, cosificado en los actos de
rapiña de las tropas al servicio del Poder, hasta la venta de indulgencias por
la Iglesia, acompañados por la voracidad de inmigrantes europeos ávidos de
riqueza fácil expoliando a los aborígenes y arrebatándoles sus tierras. Ni el
movimiento de independencia ni la Revolución Mexicana lograron menguar la
corrupción; no pasamos del lacrimoso “ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”,
de López Portillo, ni del tímido y frustrado intento de la renovación moral de
De la Madrid.
Sin
embargo, en el caso particular de nuestra entidad, la corrupción se ha
entronizado en el servicio público de manera escandalosa, vino escalando hasta
llegar al ejercicio del poder con sentido inmoderadamente patrimonialista. No
es ésta una versión de la realidad que extrañe o sorprenda, pues entre otras
muchas, una referencia inobjetable son los fraccionamientos “de lujo”, en
Xalapa y otras ciudades veracruzanas de importancia, poblados y sexenalmente
acrecentados por la arribazón de los “nuevos ricos”.
Aquí,
en esta sufrida aldea, sostenemos un aparato administrativo obeso, plagado de
“aviadores” suculentamente bonificados, con burocracia cuyo crecimiento
incontrolado absorbe anualmente una gran tajada del presupuesto. El caso del
Poder Legislativo es típico, sirve para un estudio de caso sobre el crecimiento
desordenado e injustificado de la empleomanía: En la década de los setenta del
siglo pasado este Poder de gobierno contaba apenas con un medio centenar de
empleados; la Oficialía Mayor, la Jefatura de Glosa y una Jefatura Jurídica
formaban sus mandos medios, no más; 16 diputados integraban este Poder, y la
entidad veracruzana se dividía políticamente en 203 municipios. No había
calculadoras, mucho menos computadoras; los 15 o 20 empleados ocupados en el
departamento de Glosa para revisar las cuentas municipales hacían lo que podían
para “vigilar” el gasto público municipal. Un auditor, dependiente de la
Dirección de Gobierno del Poder Ejecutivo, era comisionado a municipios
señalados por sus cuentas irregulares. Obviamente, sin control alguno los ayuntamientos
se llevaban lo poco que había.
Para
otorgarle “genuina representación” a los diferentes sectores de la población
mexicana se acrecentó el número de distritos electorales y se crearon
diputaciones de representación proporcional, de tal manera que ahora son 50
“representantes populares”; y para
evitar latrocinios en el ámbito municipal se creó un Órgano Fiscalizador
cuyo presupuesto anual rebasa los 350 millones de pesos; en el Congreso se creó
una Comisión de Vigilancia y la empleomanía llega a 616 trabajadores, la
entidad cuenta con 212 municipios, sólo 9 más que en los setenta del siglo XX.
El equipamiento administrativo del Congreso consta de un número considerable de
computadoras, copiadoras, moderno sistema de conteo de votos, un conmutador
telefónico con tecnología “de punta. ¿Esto ha servido para reducir la
corrupción en el nivel de gobierno municipal? ¿Cuál es el costo-beneficio de los
“avances” referidos? La respuesta es
obvia, de esos nuevos órganos solo obtenemos información previamente
seleccionada sobre quienes cometieron abusos y cuánto se llevaron, pero ninguna
señal de que la corrupción va en menoscabo. El daño al erario es como antaño,
solo que investigarlo resulta más oneroso.
Por
otro lado, en el Poder Ejecutivo se creó una Contraloría, que con el correr del
tiempo se multiplicó para ubicarse una en cada Secretaría o entes
fiscalizables. Pero de poco ha servido porque cuando encuentra irregularidades no
se registran con la autenticidad que se desea para limpiar de corruptelas al
sector público. De acuerdo a la apreciación ciudadana y al discurso de actores
políticos que aspiran gobernar la entidad la corrupción asume proporciones
extraordinarias en el sector público, tal presunción invita a que los sectores
organizados de la población veracruzana debieran unificar sus respectivas
representatividades para luchar al unísono contra ese cáncer social. Que es
enorme, si consideramos que el propio gobernador Duarte de Ochoa pareció
reconocer en su discurso del domingo 27 de septiembre en el World Trade Center,
cuando le sugirió al senador Yunes Landa que “pesque” al otro lado del estero
en donde los “peces” “son peores”. O sea, de este lado son corruptos, pero
poquito.
Por
cierto, y a propósito de la corrupción, la OCDE recomienda a los senadores de
la república que cuando formateen la Ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción
“establezcan medidas para evitar actos de simulación, como el hecho de que
personajes políticos juzguen casos de corrupción de otros políticos, como ha
sido la constante en el sistema mexicano”. “Si son los políticos los que a su
vez van a juzgar a los políticos, entonces el sistema nacerá muerto”, les
expresó José Roldán Xopa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE). Prueba de esa inferencia la encontramos en el marco normativo
veracruzano porque acomoda la ley para que el gobernador nombre al Contralor
del estado; y esa disposición legal propicia, más que el combate a la
corrupción y a la impunidad, una obsecuente complicidad entre el designado y
quien lo nombra para que se le “vigile” y “controle”. Así, ¿cómo?
4-Octubre-2015.
posted by Observador Ciudadano at 11:03 p.m.
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