AYUNTAMIENTOS EN CONFLICTO

Por Alfredo Bielma Villanueva

El 3 de febrero de 1983 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 115 Constitucional que fueron concebidas para otorgarle al municipio la fortaleza financiera necesaria que le confirmara su libertad política. Esa hipótesis desafortunadamente no ha sido cumplimentada en la realidad nacional, no al menos en lo que corresponde al Estado de Veracruz, en donde, a pesar de la opacidad en la que se manejan los recursos del erario, brillan por su ausencia las medidas de control que hagan efectiva la desaparición de corruptelas.

Aquellas reformas, al menos en teoría, buscaban consolidar las administraciones municipales. Como bien se sabe, al municipio como entidad jurídico-política los distinguen dos características: la autonomía y la autarquía. De la primera, se dice, es la capacidad del municipio para organizarse así mismo de acuerdo al marco normativo que lo regula; en esta circunstancia se le reconoce capacidad para integrar sus órganos administrativos, tal como lo establece la fracción I del artículo 115 Constitucional. En cuanto a la autarquía, se entiende como la capacidad municipal para resolver los problemas sociales, económicos y políticos de la colectividad asentada en su circunscripción territorial. Es un supuesto de autosuficiencia económica, tal y como lo planteó la reforma constitucional referida.

Esta reforma guardaba la esperanza de que al fortalecer financiera y políticamente al municipio se revitalizaría el pacto federal; con una mayor autonomía de las entidades federativas respecto de la federación, aunada a la política de descentralización de la vida nacional desaparecería el atávico centralismo que entorpecía nuestro desarrollo económico y político. Por supuesto, para conseguir el éxito también se contemplaba la participación ciudadana; la incorporación de la población en el diseño e implementación de los planes y programas, así como la estricta vigilancia sobre la aplicación del gasto público.

Ya no más decisiones de la cúpula ajenas al interés colectivo; era la búsqueda de la democratización integral otorgándoles a estados y municipios más facultades y atribuciones, asignándoles intervención en el diseño y vigilancia de los planes de desarrollo. Euforia democrática que caminó muy lentamente.

Sin duda, esta reforma constitucional sentó las bases para la modernización del municipio mexicano, todo ha sido según las circunstancias de tiempo y lugar como lo comprueba el diferente desarrollo de esta institución jurídico-política en los diferentes estados de la república mexicana.

En lo que corresponde al Estado de Veracruz, uno de los más pobres en el concierto nacional, mucho ha tenido que ver la elevada marginación, principalmente en las zonas serranas y municipios con población mayoritariamente indígena, por lo que no ha de extrañarnos que en 1996, por ejemplo, en el Ramo 26 se destinaron más recursos para los Estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, México e Hidalgo, ya que son precisamente las entidades que presentan niveles de marginación extremos y que tienen gran porcentaje de población indígena.

Hasta el año 1997, los municipios recibieron recursos federales a través del Ramo 26 que se denominó “Superación de la pobreza”, este recurso estaba destinado al financiamiento y ejecución de obra básica. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación, el ejercicio de los recursos estaba condicionado a que el “COPLADE” estatal (Consejo de Planeación y Desarrollo) autorizara las obras y acciones a realizarse en los municipios. Los recursos se suministraban exigiendo la comprobación de su aplicación y del avance de las obras, con vigilancia de la Contraloría estatal así como por la Secretaría de Finanzas y Planeación, que es la dependencia que transmite los recursos a los ayuntamientos.

Para el año 1998, considerando la autonomía de los Estados y de los Municipios, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Coordinación Fiscal incorporando el Capítulo denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales” Ramo 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 1997. La reforma consistió en descentralizar un conjunto de recursos destinados a cumplir propósitos específicos, cuya previsión y asignación se encuentra en el presupuesto de Egresos de la Federación, aunque no corresponda al gasto directo de las dependencias. El ejercicio de estos recursos en algunos casos estaba a cargo de la dependencia misma y en otros casos a los gobiernos de los Estados y Municipios.

La reforma consistió en que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuiría los recursos de acuerdo a ciertos criterios, utilizando fórmulas matemáticas para cada uno de los fondos federales que serían transferidos a los Estados y de éstos a los municipios; también establecía los lineamientos, reglas y procedimientos para el destino y ejecución de los recursos. De esta manera se fue fortaleciendo la Hacienda Pública Municipal.

Los ayuntamientos no pueden argüir escasez de recursos para justificar ineficiencias; mucho menos en Veracruz, en donde en los últimos tres años se han despachado con la cuchara grande e incurrido en desarreglos administrativos y trapacerías sin fin. Y no ha habido forma de pararlos.

Acayucan, Minatitlán, Platón Sánchez, Ixtaczoquitlán, Teocelo, Hueyapan de Ocampo, Boca del Río, Tuxpan, están entre más de la mitad de los 212 ayuntamientos veracruzanos que se han resistido a proporcionar información sobre el manejo de los recursos públicos; las multas que se les han aplicado resultan irrisorias. A estas alturas de su periodo, gran número de ayuntamientos no tienen capacidad económica ni para pagar su gasto corriente.

Nunca como ahora, las administraciones municipales han manejado casi indiscriminadamente los recursos del erario; nunca como ahora, se le ha autorizado a un mayor número de ayuntamientos solicitudes de crédito bancario. Nunca como ahora, se ha ocultado el destino de millones de pesos manejados por administraciones municipales, sin que haya constancia física de su inversión. Nunca como ahora, la corrupción corona el fin de las gestiones municipales veracruzanas.

Que triste fin. Peor aún para una población que como el Ave Fénix se está acostumbrando a levantarse de sus cenizas. ¿Hasta cuando?

alfredobielmav@hotmail.com
Octubre 2010