REFORMA DEL ESTADO-SUPREMA CORTE Y OPORTUNISMOS POLÍTICOS

Alfredo Bielma Villanueva

La etapa de transición que vive el régimen político está reflejada en el acontecer que cotidianamente observamos. El corrimiento de las acciones desde el presidencialismo autoritario como centro único de gestión hacia una participación más dinámica e independiente de los otros poderes de la federación es una prueba de la forma en cómo estamos cambiando.


Ya no es más el presidente de la república el decididor único de los destinos políticos del país; ya no más la dependencia histórica del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo. Ya no mas el centralismo obtuso que por muchos años nos identificó y que convirtió a los gobernadores en auténticos súbditos del presidente de la república y a los alcaldes en empleados dependientes de los gobernadores. Ya no es más el Sistema de partido único que nos caracterizó como una dictadura perfecta, ya no más el partido hegemónico que, como agencia electoral del gobierno, en sus diferentes avatares monopolizó el poder y gobernó al país desde 1929 hasta el años 2000.


Ya no más, y merece ser resaltado el hecho, la supeditación de los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las consignas presidenciales, como lo evidencia la marcha atrás en muchos puntos de la “Ley Televisa”, lo que refresca el ambiente, y nos recuerda la más reciente prueba de servilismo y subordinación de los diputados y senadores priístas y panistas que aprobaron aquella Ley en fast track. Las excepciones, que afortunadamente las hubo, demuestran que no todo está podrido, son muy honrosas y habría que destacarlas, Manuel Barttlet, Javier Corral, Noemí Guzmán, Dulce María Sauri, entre 44 excepciones que dignifican la tan vituperada actitud de nuestros legisladores.


La determinación de la Suprema Corte es una alentadora señal de que sus componentes son capaces de adoptar posiciones de estadistas delineando el curso de un futuro en el que se dignifique a la ley purifique la política. Qué buen precedente, porque a partir de ahora sabrán los legisladores que en otra instancia del orden federal es posible retraer las acciones que ejecuten en demérito del interés general por oportunismo, servilismo o simple interés de facción.


Por otro lado, al menos en apariencia y sujeto a que los hechos lo confirmen, quedaron atrás como constancia de nuestro subdesarrollo político el recurrente fraude electoral y la organización de las elecciones por parte del gobierno, con instituciones ad hoc para la maquinación. Aún subsisten, sin embargo, las elecciones de Estado porque no ha habido una total compenetración entre la normatividad, las instituciones por ella creadas y una mayor participación ciudadana. Pero es evidente que vamos transitando del requerimiento de una reforma electoral hacia una Reforma global que involucre cambios en la economía, en la política fiscal, en el trabajo, en el sindicalismo, acciones contra la corrupción y la impunidad, y resolver de una vez y para siempre las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y todo ello desemboca en la necesaria Reforma del Estado.


“Gobierno de Planes” calificó López Portillo al que él encabezaba, las más de las metas que en ellos se establecieron no fueron alcanzadas. Muchas no fueron consideradas en los siguientes planes sexenales, otras más, aún son objetivos por alcanzar porque en cada sexenio se establecen “nuevas” estrategias para alcanzar las mismas metas. Esto es un ejemplo que confirma la necesidad del rediseño del Estado que involucre a las entidades federativas que son parte del todo sin las cuales, diría Perogrullo, este no existiría.


El incumplimiento de los planes es un ejemplo para confirmar que se requiere un proyecto económico de Estado, que impida las ocurrencias sexenales y los oportunismos de políticos que prefieren la anuencia presidencial a resolver los problemas que se tienen enfrente.


Con frecuencia hablamos de la necesidad de que en México se implementen políticas de Estado que no obedezcan a los vaivenes caprichosos del oportunismo sino que tengan como mira el compromiso con la justicia social y económica que se le debe a la población. Formularlas con visión de Estado y no como expresión facciosa del grupo en el poder. Que contemple la visión de las diferentes expresiones ideológicas del país. Ese debería ser el contenido sustancial de cualquier Plan de Desarrollo Nacional.


Interpretarlo así convertiría en obsoleto y caduco todo intento de quedar bien con el presidente por el solo hecho de que este dispensa con el presupuesto público las canonjías que graciosamente se buscan.



alfredobielma@hotmail.com
Junio 2007